Bagua: Juicio traerá a la memoria el violento 5 de junio del 2009
Foto: La República
Aquel día, una serie de indecisiones y torpezas de autoridades policiales y políticas, sin aclarar aún, provocó que un operativo destinado a calmar los ánimos exacerbados de cientos de nativos awajún terminase en una lamentable masacre. Cinco años después, los 53 presuntos responsables están en el banquillo de los acusados. Alan García, Mercedes Cabanillas y Yehude Simon no serán citados.
Por Elizabeth Prado
Venciendo el inmenso temor a ser detenidos y confiscados en una prisión lejos de sus comunidades, los nativos awajún-wampis, unos con orden de captura y otros con comparecencia restringida, remontaron las grandes distancias que los separan de Bagua para ponerse a derecho y encontrar justicia en la Sala Penal de Bagua Chica.
Los resultados del primer día del juicio oral han sido favorables a los nativos: el tribunal presidido por el magistrado Gonzalo Zabarburu accedió al pedido de la defensa para modificar la orden de detención que pesaba sobre ellos por la de comparecencia restringida. Ellos son Roldán Entsakua Yuuk, Mario Weepio Perales, José Neira Meléndez, Moisés García Jiménez, y Merino Trigoso Pinedo.
Pero la alegría de los nativos procesados aún no era completa; faltaba la aceptación de un cambio de mandato para Feliciano Cahuasa Rolin, quien cumple carcelería en el penal de Huancas de Chachapoyas desde hace cinco años y que ayer vio a sus hermanos indígenas por primera vez después de más de setenta meses. Tras evaluar el pedido de arresto domiciliario, el Colegiado aprobó el pedido al final de la audiencia.
Cahuasa Rolin volverá al penal custodiado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) hasta que, dentro de tres días, notifique a la Sala el lugar donde va a residir y la policía remita el personal que vele el cumplimiento del arresto.
Al final de la audiencia el abogado del instituto de Defensa Legal (IDL) Juan José Quispe dijo estar sorprendido y satisfecho a la vez. “En el caso de Merino Trigoso ha sido una variación en mayoría, impulsada por el doctor Norberto Cabrera, porque no se ha identificado cuáles son los actos que han cometido cada uno de los acusados. Esperemos que ese voto en mayoría sea uniforme y el presidente de la sala también se adhiera porque sus argumentos en minoría sí sorprenden bastante”, declaró.
Durante la mañana, el Tribunal recibió nuevas pruebas y testimonios de los abogados. Marco Barreto ofreció a los magistrados un disco compacto no visualizado antes y en el que aparece el general Javier Uribe explicando los sucesos previos a lo sucedido en el tramo de la carretera conocida como «la Curva del Diablo» y de los defectos del operativo policial. Otros abogados de los procesados ofrecieron tratados antropológicos y jurídicos sobre pueblos nativos.
Juan José Quispe pidió a la Sala admitir los testimonios del ex presidente de la República Alan García y de los ex ministros Yehude Simon, Mercedes Aráoz y Mercedes Cabanillas. También de los militares y policías que tuvieron responsabilidades en el desalojo de los 2,500 nativos que se habían apostado en la carretera Fernando Belaunde Terry.
El procurador público Juan Portocarrero manifestó su desacuerdo porque no habían sido presentadas las nuevas pruebas expuestas en los días previos al inicio de la audiencia, tal como exige el código procesal. La defensa legal alegó que el motivo fue la reciente huelga judicial.
Respecto a la solicitud para que el ex presidente Alan García y sus ex ministros acudan a Bagua a fin de brindar sus testimonios, el Tribunal lo declaró improcedente. «Ellos no estaban presentes en el lugar de los hechos, pudieron dar mandatos administrativos que están dentro de las normas jurídicas, pero sus testimonios no sirven para esclarecer las muertes», alegó uno de los jueces. Sí se aceptó que se notifique a los generales Muguruza y Uribe para que sean interrogados.
En cuanto a los estudios jurídicos para el tratamiento de pueblos indígenas anotó que el Derecho lo imparten los jueces.
LARGO Y ARDUO JUICIO
Al concluir la primera audiencia y luego de reconocer que el juicio «va a ser arduo», el presidente del Tribunal, Gonzalo Zabarburu, levantó la sesión y programó la siguiente para el lunes 26 de mayo a las 9 de la mañana. Fue desestimado el pedido de abogados y del procurador para que se postergue la siguiente audiencia por las obligaciones profesionales.
«El colegiado tiene el deber de resolver en tiempo razonable, y eso se hará en tanto ustedes presten su apoyo. Seamos coherentes con lo que pensamos y hacemos», les recordó el magistrado. Agregó que hay la posibilidad de realizar hasta tres sesiones semanales para acelerar el proceso.
El procurador Juan Portocarrero espera ver cuál será «la proyección para el desarrollo de las audiencias en las próximas sesiones», expresó. Sobre los cambios de situación jurídica de cuatro indígenas y la aceptación de nuevos testigos y pruebas dijo que lo harán saber en su oportunidad en el proceso.
DIFÍCIL CAMINO A BAGUA
Varios de los procesados debieron recorrer largas distancias para estar presentes en la primera audiencia del juicio oral del Caso Baguazo.
Los primeros en llegar a Bagua fueron los indígenas de la provincia de Condorcanqui. La Casa de Retiro de la iglesia Católica ofreció a los acusados cobijo y alimento desde el martes.
Rufino Singuani Maric y otros cinco nativos arribaron desde la inaccesible comunidad de Villa Gonzalo, distrito de Río Santiago. Ellos manifestaron que desearon venir con sus esposas pero la falta de dinero lo impidió.
Mario Weepio Perales llegó de la comunidad Samarén; Mariano Mayak, de la comunidad de Pakuy, y Bernabé Nampag, de la comunidad de Shuchug. Todos del distrito de Chiriaco.
Con ellos viajó el líder awajún Santiago Manuim, actual consejero de la provincia de Condorcanqui ante el gobierno regional de Amazonas.
Manuim, quien recibió el Premio Reina Sofía por Derechos Humanos, fue la persona que trató de impedir que la policía siga disparando en su intento de desalojar a los nativos de la Curva del Diablo.
En respuesta él recibió una ráfaga de disparos que perforaron órganos vitales y pusieron en peligro su vida. Manuim sigue aún delicado de salud. Hasta antes de los sucesos del 5 de junio del 2009 pesaba 90 kilos. Hoy llega apenas a 58 kilos.
En la víspera del inicio del juicio oral el consejero regional comentó que podía alojarse en un hotel, pero prefería estar junto a sus hermanos indígenas para hablar con ellos y juntos fortalecerse.
«Nos interesa presentarnos en el juzgado, nos interesa hablar con el gobierno de Ollanta Humala, pero no hay apertura; el pueblo está ofendido porque se está tratando de dividir al pueblo con la creación de la Coordinadora awajún que lidera Octavio Shacaime», reclamó.
Este megajuicio congregó a la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, al presidente de Aprodeh, Miguel Jugo, y representantes de la Vicaría de Jaén y Defensoría del Pueblo.
Familiares de policías victimados piden denunciar a ex ministra aprista
Mediante un comunicado, los familiares afirman que el juicio oral permitirá «finalmente revelar muchas cosas que durante años las autoridades del pasado gobierno han «querido tapar».
«Es inaceptable que el juicio a los generales de la Policía y autoridades que ordenaron el operativo no se inicie por la lenidad del MInisterio Público».
«No olvidamos que la ex ministra del Interior y dirigente aprista Mercedes Cabanillas es la primera responsable del fallecimiento de nuestros familiares», indica el comunicado.
Sostienen que no se ha hecho nada por iniciar el proceso por la matanza de los 12 policías en la Estación 6 de Petroperú, ocurrida hace 5 años.
CRONOLOGÍA
Inicio. El 2007, el presidente García publica el ‘Síndrome del Perro del Hortelano’, sobre los recursos naturales sin explotar porque, como el perro del hortelano, hay quienes ‘no comen ni dejan comer’.
Junio 2008
Se promulga el DL 1090, o “Ley de la Selva”, que norma las concesiones otorgadas, por plazos renovables de 40 años. No considera la consulta a los pueblos indígenas que viven dentro.
Febrero-marzo 2008
Los dirigentes amazónicos piden la derogación del DL 1090, Ley Forestal. Posteriormente, en febrero, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) insta al gobierno peruano a cumplir el Convenio 169. Un mes después, en marzo del 2009, la OIT insta de nuevo al gobierno de Alan García para que se cumpla el Convenio que ha firmado.
Abril 2009
El líder de AIDESEP, Alberto Pizango, inicia un paro exigiendo la derogatoria de decretos que vulneran sus territorios: 1064 y 1090. La huelga se radicaliza por toda la Amazonía peruana.
Mayo 2009
Los ocho obispos de la Amazonía piden la derogatoria de los cuestionados decretos y declaran el derecho a la consulta de las poblaciones indígenas.
Mayo 2009
La comisión de Constitución del Congreso declara la inconstitucionalidad del DL 1090. Ese mismo mes, el presidente del Congreso, Velásquez Quesquén, suspende el debate sobre ese decreto.
5 junio 2009
Se producen los enfrentamientos en la localidad de Bagua. Tras la incursión policial ordenada desde el ejecutivo en la zona de la Curva del Diablo, se produjo un saldo de 23 policías muertos y un número indeterminado de civiles. Los nativos afirman que los policías efectuaron disparos primero. La policía reporta que fueron los nativos quienes dispararon primero luego de quitarles sus armas.
CLAVES
Pedido. Fiscalía pide penas que van desde ocho años hasta 35 años de cárcel, y la cadena perpetua para nueve inculpados. Entre estos últimos figuran el ex dirigente Alberto Pizango Chota, Santiago Manuin Valera, Feliciano Cahuasa Rolin, Danny López Shawit.
Se les impone a cada uno el pago de quinientos nuevos soles por concepto de reparación civil.
Delitos
Se les halla responsables a los 53 acusados de ocho delitos, entre ellos homicidio calificado, lesiones graves, entorpecimiento al funcionamiento de los servicios públicos, motín, disturbios, fabricación y tenencia ilegal de armas, arrebato de armas o municiones de uso oficial, y daños agravados contra el patrimonio.
Defensa
El Vicariato Francisco Javier de Jaén y la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS) se hicieron cargo de la defensa de la mayoría de nativos y mestizos acusados por el Caso conocido como Curva del Diablo.
ONG
Mientras la Ong CEAS asesora a 29 de los procesados. IDL patrocina a tres, y Aidesep a uno, al ex dirigente Alberto Pizango Chota. Los demás acusados tienen abogados particulares. Dos defensores públicos acudieron en la defensa de cuatro personas que no tenían posibilidades de contratar los servicios de un abogado.
Fuente: La República
