Un callejón sin salida
Humala repite lo que la Southern dice (terroristas antimineros) y hace lo que la derecha mediática quiere. Se ha mimetizado con los intereses privados de los ricos. Con la declaratoria del estado de emergencia, Humala pasa de la suspensión a la imposición del proyecto Tía María a como dé lugar, lo que revela la clamorosa debilidad del gobierno y del Estado y la fuerza política de los medios concentrados. La suspensión se apoyaba en una correlación social y política de fuerzas (CONFIEP, PPK, Fujimori, Toledo) que abría la posibilidad de llegar a una solución conversada si se extendía un poco más en el tiempo (seis meses por ejemplo).
La imposición a través del estado de emergencia lleva a un callejón sin salida. Agudiza la polarización existente entre las fuerzas sociales y políticas que quieren su cancelación y las que buscan imponerla a sangre y fuego y elimina el espacio de negociación. Cancela el diálogo o lo hace difícil sino imposible. O impone una parodia de diálogo con interlocutores escogidos por el gobierno y por la Southern, excluyendo a los reales actores del conflicto. En Cajamarca (noviembre del 2011) el SIN entregó una lista de interlocutores que Salomón Lerner Ghitis rechazó porque no estaban los dirigentes con los que tenía que dialogar.
¿Modifica el estado de emergencia la correlación de fuerzas para hacer viable el proyecto Tía María? La correlación militar es aplastante, pero no basta para imponerlo. No se puede invertir a balazos dentro de un régimen democrático; la acumulación primitiva es un asunto del pasado. Se requiere un poderoso aval político y social. Es dudoso que las principales fuerzas políticas de derecha respalden la imposición militar en tiempos electorales cuando lo que buscan es más bien el favor de los ciudadanos. Pero, aún si se sumaran al cargamontón coercitivo, su respaldo no cambia probablemente la correlación de fuerzas en las regiones del sur en donde su arraigo político es débil.
Las derechas y el gobierno se equivocan si creen que con el Estado de emergencia van a acabar con el movimiento social de resistencia y oposición al proyecto minero. La persecución y el encarcelamiento de sus dirigentes pueden debilitarlo, pero no doblegarlo ni menos eliminarlo. Están en juego los intereses de la mayoría de la población de la provincia de Islay que, además, cuenta con el respaldo mayoritario de las regiones del sur. La medida autoritaria del gobierno y de las derechas se basa en un diagnóstico simplista, superficial e interesadamente estúpido: Las luchas sociales en la minería o en cualquier otro sector económico son generados por las izquierdas, los subversivos, los terroristas. Basta perseguirlos, encarcelarlos e incluso asesinarlos para acabar con ellas.
¿Es posible un acuerdo en el caso del proyecto de Tía María? Es posible bajo ciertas condiciones: levantar el estado de emergencia, abrir el diálogo entre la empresa, los pobladores amenazados por el proyecto y el Estado, someter a un arbitraje internacional el EIA cuestionado por la gente de Islay, recuperar la confianza perdida y garantizar por parte del Estado los intereses y los derechos de todos.
Fuente: La República
