Nueva ley sobre uso de la fuerza
Por Rocío Silva Santisteban
Durante este gobierno han muerto 65 personas en conflictos sociales, incluyendo 3 policías según datos de la Defensoría del Pueblo. De esta cifra, 46 personas han muerto por uso de la fuerza de la PNP o del Ejército Peruano, o de fuerzas combinadas, incluyendo agentes civiles de empresas de seguridad que cuidan las instalaciones de minas, pozos petroleros u otras empresas, según lo reporta el Informe Anual de la CNDDHH. De esas 46 personas –el último ha sido Edward Soto de la Cruz, muerto en La Oroya la semana pasada– el 12% son menores de edad y el gran porcentaje varones (9% mujeres). ¿Cuántos procesos hay contra policías que abusaron de la fuerza? Solo hay un 15.2% de denuncias que se encuentran en proceso de investigación. El 84.8% de las denuncias sobre muertos, heridos o uso abusivo de la fuerza contra civiles (659) han sido archivadas. La impunidad es total. No hay un solo policía o efectivo del EP que esté sentenciado por la muerte de algún civil.
Revisando los nombres, procedencia de cada una de estas personas fallecidas, tipo de lesión, entre otros datos consignados en el Informe Anual, tenemos que solo 4 personas han muerto en Lima (durante el desalojo de La Parada) y el resto en provincias. ¿Por qué la PNP dispara a matar en provincias y en Lima no excepto en La Parada? Durante el año 2014 las marchas contra la Ley Pulpín fueron cinco, concurridas, largas y algunas de ellas terminaron en una represión muy fuerte, con decenas de personas detenidas. Pero ni una sola persona muerta. Como debe de ser. Es decir, la policía nacional a pesar de que golpeó a varias personas y gaseó a toda la concurrencia de manera indiscriminada no usó sus AKMs. En cambio, en Cocachacra vimos que la PNP “sembraba” un miguelito en la mano de un manifestante y disparaba a matar, incluyendo prohibidos perdigones revestidos de cobre, que finalmente cobraron la vida de tres personas.
¿Por qué esa diferencia?, ¿hay un cierto rasgo racista en el uso de la fuerza? Es una pregunta que dejo a quienes lideran las nuevas propuestas de uso de la fuerza desde el Ministerio del Interior. Es cierto que la violencia no tiene un solo lado: en la zona de Mollendo murió un policía a cadenazos lanzados por los manifestantes cuando ya lo tenían acorralado. Pudieron dejarlo libre, pero simplemente siguieron golpeando hasta que un grupo de mujeres pudo detener la masacre. Sin embargo, en otras zonas, como Chanchamayo, Tambopata, Caylloma, Pataz, Barranca, Celendín, Humalíes, Bambamarca, Espinar, Paita, Sechura ha sido la policía la que ha disparado a matar muchas veces a civiles indefensos, a escolares que corrían o disparar directamente a la cabeza.
Ayer se publicó el Dec Leg 1189 para regular el uso de la fuerza de parte de la PNP. Se trata de una norma que venía siendo debatida desde hace buen tiempo, tanto en el Congreso de la República como en diferentes instituciones como el CICR- Cruz Roja. A decir del especialista César Bazán, del IDL, “es una ley muy positiva. Con esta ley hay reglas claras: tiene que estar en riesgo la vida de una persona o en peligro real e inminente, para que la policía haga uso de la fuerza letal. Lo único que me preocupa es que en el Artículo 8 inciso E, para casos de “reuniones tumultuarias”, se introduce una variación: “en peligro real o inminente” lo que implica una regla diferente en casos de conflictos sociales. Hay que ver cómo se resuelve este tema en el reglamento”.
Otro elemento importante del D Leg 1189 es que en su art. 10 inc b les otorga el derecho a los policías a “no acatar disposiciones u órdenes superiores cuando estas sean ilícitas o arbitrarias” lo que implicaría, por ejemplo, que no se vuelva a repetir un caso como el del General Jordán que, debido a que no acató la orden de desalojar “a todo costo” el puente durante el “Moqueguazo”, ha sido perseguido y procesado. Ah… y una disposición transitoria plantea que el presupuesto es el mismo. No hay aumentos. Eso es muy negativo para el personal policial y sus necesidades.
Fuente: La República
