Justicia y no impunidad para niñas indígenas de Perú agredidas sexualmente

Dormitorio de niñas y adolescentes indígenas del pueblo awajún, en albergues donde viven y reciben educación intercultural bilingüe, en la provincia de Condorcanqui, en el estado de Amazonas, en el noreste de Perú. Esos centros sobreviven en condiciones paupérrimas y desatendidas por el Estado, lo que favorece las agresiones sexuales sistemáticas contra las escolares por parte de docentes. Imagen: Cortesía de Rosemary Pioc

Por Mariela Jara

LIMA – El principal temor que enfrentan las lideresas que han denunciado la violación sexual sistemática contra niñas del pueblo indígena awajún, en el nororiental departamento de Amazonas, en Perú, es que, pese a la repercusión mediática y anuncios de sanción de parte de las autoridades, todo quede en nada.

“Nuestras denuncias vienen desde el año 2010 y el Estado no ha actuado para que se erradiquen las violaciones a las niñas, nuestro temor es que nuevamente haya impunidad, el Estado es bien estratégico en eso”, declaró a IPS desde el municipio de Condorcanqui, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún/Wampis Umukai Yawi (Comuawuy).

En el mes de junio resonaron dentro y fuera de las fronteras de Perú las denuncias de lideresas del Comuawuy sobre los 532 casos de violación a niñas y adolescentes registrados entre el 2010 y 2024 en centros educativos de la provincia homónima de Condorcanqui, una de las siete del departamento de Amazonas. En ellos se brinda educación bilingüe a niñas, niños y adolescentres de entre cinco y 17 años.

En esos centros y albergues se ha producido inclusive la muerte de niñas de tan solo cinco años, contagiadas por VIH/sida por sus agresores.

Esta es una violencia sexual agravada que afecta a niñas y adolescentes indígenas en situación de pobreza y vulnerabilidad, en un contexto en que las agresiones sexuales a menores crecen en este país sudamericano de 33 millones de habitantes.

“Yo levanté niñas violentadas, ensangrentadas, he escuchado la desesperación de algunas de ellas de no ser tomadas en cuenta por sus padres cuando han contado las violaciones»: Rosemary Pioc.

Según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2023 se registraron en total en Perú 30 000 denuncias de violencia sexual contra menores de 17 años.

Sin embargo, son muchos casos los que no llegan a las dependencias públicas por las diferentes barreras económicas, sociales y administrativas, especialmente cuando se trata de poblaciones rurales o de comunidades originarias.

En Perú son 55 los pueblos indígenas, que ocupan el territorio nacional desde tiempos inmemoriales, según la base de datos del Ministerio de Cultura y conforman una población de cuatro millones de habitantes.

Cuatro de esos pueblos originarios se asientan en áreas andinas y 51 en territorios amazónicos, entre ellos el pueblo awajún, que habita en los departamentos de Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Cajamarca. Pero en número, 96, 4 % de la población indígena es de pueblos andinos, principalmente el quechua,  y solo 3,6% corresponde a pueblos amazónicos.

Pese a tener garantizados sus derechos e identidades en normas nacionales e internacionales, en el caso de las niñas indígenas estos no se materializan y persiste la pobreza y desigualdades en el acceso a educación, salud, alimentación.

Según cifras oficiales de este mismo año, 30 % de la población nacional está en situación de pobreza. Al diferenciar por autoidentificación étnica, sube a 35% entre quienes aprendieron una lengua nativa en su infancia.

La pobreza extrema llegó a 5,7 %, promedio nacional que asciende a 10,5 % en Amazonas, departamento con más de 433 000 habitantes, donde las familias indígenas viven sobre todo de la agricultura, caza, pesca y recolección de frutos silvestres.

“Levanté a niñas ensangrentadas”

La educación intercultural bilingüe es una política de Estado en el Perú.

Como parte de ella se formaron las residencias estudiantiles para contribuir al acceso a la educación de la infancia y adolescencia indígena que vive en comunidades lejanas a cascos rurales y urbanos, en el caso de la provincia de Condoreanqui, en las remotas riberas de los ríos Cenepa, Nieva y Santiago.

En total son 18 las residencias en esa provincia, donde las niñas y adolescentes viven a lo largo del año, reciben alimentación y clases escolares.

“Como ellas no podrían regresar cada día a sus casas porque están a horas o días de traslado por río, el docente o el promotor se aprovecha de esta situación y las violentan en vez de garantizar su cuidado”, refirió Pioc, ella misma perteneciente al pueblo awajún.

Es en ese escenario donde se produjeron las más de 500 violaciones sexuales documentadas en los últimos 14 años.

La lideresa explicó que estos albergues están reconocidos por el Estado a través del Ministerio de Educación, pero que sobreviven en condiciones paupérrimas y librados a su suerte.

Recordó que desde hace varios años está denunciando la violencia sexual contra sus alumnas, sin que estas hayan sido atendidas por la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel), el órgano descentralizado del gobierno regional de Amazonas en materia de educación, a fin de que los docentes agresores sean procesados y destituidos.

“Estamos en el país del revés, porque en el 2017 una compañera y yo fuimos denunciadas por denunciar y defender a las niñas”, dijo.

Pioc, como originaria de Condorcanqui, conoce bien su realidad. Cuando era docente de primaria le tocó vivir experiencias terribles. “Yo levanté niñas violentadas, ensangrentadas, he escuchado la desesperación de algunas de ellas de no ser tomadas en cuenta por sus padres cuando han contado las violaciones”, relató.

Ella ha dejado la docencia para dedicarse por completo al Comuawuy y seguir con las denuncias y evitar la impunidad.

“Está el caso de un director que hizo tocamientos a dos alumnas, sus padres, con mucho esfuerzo, denunciaron a la Ugel pero no pasó nada y siguió con contrato y violó después a su sobrinita de cinco años. ‘Denúnciame si quieres’,  me dijo, ‘no me pasará nada’ y así fue, yo fui la procesada”, deploró.

Las denuncias de las lideresas indígenas adquirieron repercusión hace un mes cuando consultados al respecto, el ministro de Educación, Morgan Quero, y la titular de la Mujer, Teresa Hernández, justificaron los hechos atribuyéndolos a prácticas culturales indígenas.

Las declaraciones fueron contundentemente rechazadas por variados sectores que las consideraron racistas y evasivas de su responsabilidad como Estado de sancionar la violencia sexual y de prevenirla.

Pioc condenó la posición de los ministros y se mostró incrédula de los anuncios de sanción y otras medidas dispuestas por el despacho de Educación. “Están instalando mesas técnicas, pero solo cuando los violadores estén presos y se haya atendido la salud integral de las niñas diremos que han cumplido”, remarcó.

Los dos ministros se disculparon posteriormente y dijeron que habían sido malinterpretados, pero siguen en sus cargos, pese a las muchas solicitudes de que fueran destituidos.

Víctimas lastimadas para toda la vida

Genoveva Gómez, jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Amazonas, informó que su sector dio cuenta en los años 2017, 2018 y 2019 de la precariedad en las residencias estudiantiles y de las deficiencias para investigar los casos de violencia sexual en el ámbito administrativo y en la fiscalía.

“Hemos recomendado a diferentes entidades del Estado medidas específicas para corregir esta situación, por ejemplo, el incremento de presupuesto, el fortalecimiento de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos que se encarga de investigar a docentes, y que los casos prescritos a nivel administrativo se deriven al Ministerio Público (fiscalía) porque la violación sexual es un delito que no prescribe”, explicó.

Gómez conversó con IPS mientras se trasladaba desde Chachapoyas, también del departamento de Amazonas y sede de su entidad, a Condorcanqui, para participar en la sesión de la Instancia de Concertación para la Prevención, Atención y Sanción de Casos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, convocada por el alcalde de ese municipio.

Abogada de profesión, sostuvo que las niñas awajún violentadas sexualmente quedarán lastimadas para toda la vida y que es urgente poner en marcha no solo mecanismos para garantizar la justicia, sino soporte emocional para ellas, sus familias y entornos.

“Como sociedad debemos tener claro que estos hechos vulneran derechos fundamentales y que no deben pasar inadvertidos”, subrayó.

Anunció que a más tardar en agosto se instalará en Condorcanqui una Cámara Gesell, de la que carecía, medio clave para la investigación fiscal en casos de violencia sexual a menores para evitar la revictimización a través de una entrevista única. La más cercana estaba en la ciudad de Bagua Grande, a siete horas de distancia por carretera.

Esa cámara o sala es un espacio preparado para permitir la observación, con dos ambientes separados con un vidrio de visión unilateral. En uno, las  niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violación y otras agresiones sexuales,  conversan sobre esa violencia con sicólogos y aportan información relevante para el caso. En el otro, familiares, abogados y fiscales observan sin ser vistos por la víctima.

Posteriormente el sicólogo o sicóloga a cargo les pregunta sobre aspectos solicitados por los observadores. Todo se graba y funciona como una prueba validada para el juicio, por lo que la víctima no debe volver a testificar ante un tribunal.

Gómez también manifestó que el acceso a la justicia tiene muchas barreras y corresponde al Estado irlas sacando del camino para que no se dé un mensaje de impunidad a la población, en particular a las niñas awajún.

Asimismo, saludó la presencia de representantes del sector de Educación en la zona, pero consideró que este no debe ser un trabajo reactivo y por un tiempo determinado, sino sostenido y planificado que contemple la prevención.

ED: EG

Fuente: IPS Agencia de Noticias