Jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo: No existe una política pública para titulación de comunidades indígenas.
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– «Un rector sin información no puede ejecutar ninguna política pública». Con estas palabras el funcionario cuestionó el papel que viene desempeñando en la actualidad el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri).
Claro y directo. Así fue Daniel Sánchez, jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, en la ronda de intervenciones que sirvieron de antesala a la presentación de los planes de gobierno de cinco agrupaciones políticas sobre pueblos indígenas y conflictividad social.
El evento tuvo lugar el 28 de enero en Lima, con motivo de la presentación del Informe Alternativo 2015 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que anualmente elaboran organizaciones indígenas nacionales con el apoyo y aporte técnico de instituciones de la sociedad civil.
Cuando fue su turno, Sánchez manifestó su preocupación por el papel que viene desempeñando el Ministerio de Agricultura y Riego (Minagri), entidad rectora en materia de titulación de comunidades indígenas.
«En una consulta que le hicimos al propio ministro de Agricultura (Juan Manuel Benites) el año pasado, para que nos diga cuántas comunidades se habían titulado en los últimos cuatro años y cuántas faltan por titular, (Benites) nos dijo que lamentablemente no tienen la información y que más bien eran los gobierno regionales quienes la tenían», relató Sánchez.
Agregó que incluso el ministro pidió la asistencia de la Defensoría para recabar esa información, por contar esta última con oficinas en las regiones.
«Un rector sin información no puede ejecutar ninguna política pública y ese es el estado de la cuestión en este momento (…), no existe un política pública en materia de titulación de comunidades», afirmó el representante del organismo constitucional autónomo.
El mismo destacó que actualmente una comunidad nativa para titularse necesita realizar alrededor de 25 trámites, mientras que para propiedad individual se necesitan solo tres. «Esta tramitología afecta la posibilidad de los derechos colectivos de las comunidades», enfatizó.
En otros aspectos, Sánchez pidió se ponga en agenda pública, en el marco de la campaña electoral, el tema de la consulta previa a pueblos indígenas sobre medidas legislativas. Precisó al respecto que es indispensable que se trabaje en la modificación del reglamento del Congreso de la República.
Señaló incluso que aun cuando no se haya modificación dicho reglamento, es posible aplicar la Consulta a los proyectos legislativos que afecten derechos colectivos, «eso a partir de una interpretación directa del Convenio 169 de la OIT y de la Ley de Consulta Previa vigente».
Fuente: Servindi
