Inclusión incompleta
Por Daniel Sánchez Velásquez
Jefe del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo
La población de Condorcanqui, Amazonas, es mayoritariamenteawajún. Lamentablemente, esta bella provincia sufre los embates de una enfermedad que afecta gravemente a su población indígena: elVIH.
La red de salud de la zona ha diagnosticado a 289 personas con este mal. Sin embargo, por las profundas brechas sanitarias, solo 36 personas reciben el tratamiento de antirretrovirales. Es decir, el 88% de los pacientes indígenas infectados no recibe ningún tratamiento.
Los altos costos que deben asumir para movilizarse y las largas distancias –de incluso días en bote– entre la comunidad y el único hospital que ofrece el tratamiento impiden que muchos continúen con la atención médica. Además, hay elementos culturales que dificultan la comprensión de que una persona se encuentre “enferma” sin mostrar ningún síntoma (el VIH en una primera etapa es asintomática) o que, a diferencia de otras enfermedades, la cura no es una operación o la ingesta de una pastilla por un período determinado, sino de por vida, lo que genera que muchos indígenas consideren que no se trata de una enfermedad sino de “brujería” y abandonen el tratamiento.
El año pasado, la señora N.K.C., de la comunidad awajún de Achu, llegó a Lima en busca de una solución a sus problemas de salud. La pérdida de peso, de cabello y otras complicaciones no fueron asociadas a que había desarrollado un cuadro de sida, sino a que estaba “embrujada”. Cuando se le diagnosticó, ya era tarde. Dejó el hospital y emprendió el retorno a su comunidad, donde falleció unas pocas semanas después.
La comprensión de estos factores culturales es crucial para emprender acciones de prevención y atención culturalmente adecuadas que eviten la muerte de más personas. Pese a ello, el Estado no brinda aún una respuesta firme que incorpore las particularidades propias de las concepciones indígenas en el sistema de salud. El esfuerzo más destacable para abordar esta situación ha sido la aprobación, en un proceso de consulta previa en que participaron pueblos indígenas amazónicos y andinos, de la política de salud intercultural.
Sin embargo, han transcurrido más de 11 meses y el Poder Ejecutivo aún no emite el decreto supremo que permita la implementación de esta política. En efecto, para un sector del Ejecutivo la aprobación de esta norma significaría que el Estado reconozca la existencia de pueblos indígenas en la zona andina, lo que abriría un escenario para que puedan exigir consulta previa en asuntos como el minero. En este sentido, no serían razones técnicas o presupuestales las que impiden su emisión sino consideraciones de orden político las que estarían limitando el ejercicio de derechos.
En este contexto, se requiere la aprobación de esta política. Ello no solo por los derechos colectivos involucrados sino también porque cualquier esfuerzo en programas orientados a reducir la desigualdad y lograr la inclusión social estará incompleto sin la aprobación de una política en el sector salud orientada a reducir las brechas que han impedido a los pueblos indígenas recibir una atención de salud con enfoque intercultural.
Fuente: El Comercio
