Hay 9,000 peruanos expuestos a contaminación de industrias extractivas
Los derrames de petróleo, por ejemplo, impactan en la salud de las personas. En la imagen, un incidente en Morona, Loreto, en 2016. (Foto: USI)
En julio, Amnistía Internacional entregó al Minsa una petición firmada por cerca de 32,000 personas para que atienda a las comunidades indígenas y rurales contaminadas con metales pesados.
La Defensoría del Pueblo solicitó hoy al Gobierno aprobar una política nacional para la atención integral de las casi 9,000 personas expuestas a contaminarse por metales pesados en el país, principalmente por los residuos de industrias extractivas.
El organismo público recordó en un comunicado que el Ministerio de Salud (Minsa) ordenó crear en marzo una comisión para que en 60 días laborales elaborara esa directiva pero «han pasado seis meses y todavía no se cuenta con una política integral».
Adicionalmente, el Ministerio publicó el mes pasado el documento «Lineamientos de Política sectorial para la atención integral de las personas expuestas a metales pesados y otras sustancias químicas», que según la Defensoría no se enmarca en lo dispuesto en las normas vinculadas a las políticas nacionales.
La Defensoría advirtió «serias deficiencias» en el diagnóstico publicado, por lo que recomendó que se incorpore nuevas áreas de trabajo sobre la materia en las regiones amazónicas de Loreto y Amazonas, además de en la andina Huancavelica, entre otras.
Asimismo, también aconsejó que se incluya como parte de las fuentes contaminantes a las actividades de hidrocarburos, por estar vinculadas a afectaciones al derecho a la salud de las comunidades indígenas de Loreto y Amazonas.
La adjunta para el Medio Ambiente de la Defensoría del Pueblo, Alicia Abanto, anotó que una debida atención a esta problemática demanda un carácter multisectorial con responsabilidades compartidas, que involucre a todas las autoridades competentes en la materia.
En ese sentido, exhortó a que esta política contemple la participación de otros ministerios relacionados como el Ministerio de Energía y Minas (MEM), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Vivienda Construcción y Saneamiento (MVCS), entre otros.
En julio, Amnistía Internacional (AI) entregó al Minsa una petición firmada por cerca de 32,000 personas para que atienda a las comunidades indígenas y rurales contaminadas con metales pesados.
El único caso tratado oficialmente por el Minsa es el de la comunidad de indígenas nahua Santa Rosa de Serjalí, situada en la región de Ucayali, en el este del país, donde el 82% de sus miembros están contaminados con mercurio, según informes de 2016.
Fuente: Gestión
