Exhortan al gobierno a cumplir acuerdos con nativos de 4 cuencas
Indígenas demandan avances en titulación de tierras comunales y remediación ambiental y social.
El Defensor del Pueblo (e), Eduardo Vega Luna, exhortó a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) a adoptar medidas que permitan el cumplimiento de los acuerdos entablados hace más de un año con la población indígena de las cuencas de los ríos Pastaza, Tigre, Corrientes y Marañón, de la región Loreto.
Asimismo, solicitó al presidente del Congreso de la República priorizar la discusión y aprobación del Proyecto de Ley N° 4933/2015-PE, que permitiría el desarrollo de estrategias de remediación ambiental en áreas afectadas por actividades de hidrocarburos en el ex Lote 1AB (hoy Lote 192) y en el Lote 8.
Esto debido a que el citado proyecto de ley autoriza al Ministerio de Energía y Minas (Minem) a suscribir convenios de Cooperación Técnica Internacional en materia ambiental para el desarrollo de dichas estrategias.
Vega Luna recordó que en ese marco el Estado se comprometió –mediante el Acta de Lima, firmada con los presidentes de las federaciones y el Gobierno Regional de Loreto– a solicitar al Sistema de las Naciones Unidas gestionar y administrar la ejecución de un proyecto de Estudio Técnico Independiente.
Además, habían acordado que el financiamiento del proyecto estaría a cargo del Poder Ejecutivo a través del Minem y que los términos de referencia serían elaborados por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
“Por ello, para la atención urgente de la problemática que afecta a los pueblos indígenas, se hace indispensable dicha autorización por parte del Congreso”, enfatizó Vega.
En ese mismo sentido, alertó que existe un retraso en el inicio de las labores de remediación, debido a que se encuentra pendiente la aprobación de normativa complementaria –a cargo del Minem– que permita implementar la Ley N°30321, de mayo de 2015, la cual crea el Fondo de Contingencia para la Remediación Ambiental.
Obstáculo a la titulación
De otro lado, tras recoger la preocupación de los presidentes de las federaciones de las cuatro cuencas, Vega Luna señaló que, a la fecha, existe una demora en la ejecución del proyecto de inversión pública para la titulación de tierras comunales por parte del Gobierno Regional de Loreto.
Esto debido a que está pendiente que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) autorice la transferencia presupuestal correspondiente.
Sumado a ello, dijo que aún no se cumple con la implementación de un grupo de trabajo encargado de analizar las propuestas de modificación normativa sobre la mejora de la participación ciudadana en la evaluación ambiental; los instrumentos de gestión ambiental aplicables al Lote 192; el proceso de reinyección; el protocolo de navegación; y el programa de monitoreo y vigilancia ciudadana.
Preocupación por consulta
Como es sabido, en agosto del 2015 la empresa Pluspetrol dejó de operar el Lote 192, al vencer su contrato. El mismo mes, el Estado de manera abrupta dio fin a un proceso de diálogo con varias comunidades de las cuatro cuencas, en el marco de lo que debió ser un proceso de consulta previa.
Sin llegar a acuerdos con todas las cuencas, el Gobierno entregó el lote a la empresa canadiense Pacific Stratus Energy por dos años.
Dicho esto, Vega Luna sostuvo sobre el citado lote que «preocupa que, a la fecha, las federaciones no hayan recibido respuesta del Estado respecto a si corresponde realizar un nuevo proceso de consulta previa, antes de que concluya el contrato del actual operador de dicho lote”.
“Este es un tema muy sensible para los pueblos indígenas y sus demandas responden a una situación de desatención que se ha producido durante décadas”, añadió.
Finalmente, el funcionario resaltó que entre los acuerdos que muestran avance en su cumplimiento están los referidos a la dotación de agua.
Son 65 las comunidades que han sido atendidas con plantas de tratamiento de agua para consumo humano: 17 en la Cuenca del río Marañón, 27 en el río Pastaza, 10 en el río Tigre y 11 en el río Corrientes. Adicionalmente, están en proceso los proyectos de agua y saneamiento de cincuenta y dos (52) comunidades nativas, labor que deberá continuar el próximo gobierno.
Cabe precisar que las federaciones descontentas con el desempeño del gobierno son la FECONACO, del río Corrientes; la asociación cocama ACODECOSPAT, del río Marañón; la FEDIQUEP, del Pastaza; y la OPIKAFPE, de los kichwas de la frontera Perú – Ecuador en el río Tigre.
Fuente: Servindi
