Defensoría advierte retraso en implementación ambiental y social
Ocho ministerios deben afinar la implementación de normas para mejorar la evaluación de los proyectos. Gobiernos regionales emiten certificación ambiental sin contar con competencias para ello.
Ningún ministerio cumplió con actualizar íntegramente sus reglamentos de acuerdo a las normas vigentes observó la Defensoría del Pueblo luego de supervisar diversas instancias públicas para verificar el cumplimiento de las normas del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental.
El Ejecutivo ha descuidado su labor en la aprobación de los reglamentos que permiten, por ejemplo, la participación ciudadana en diversos sectores a pesar de su importancia para evitar conflictos socioambientales, apuntó el órgano defensorial en una nota de prensa.
Es necesario que el Ministerio de Ambiente (Minam) fortalezca su rol rector para que el Poder Ejecutivo cumpla con implementar las normas del referido sistema puntualizó.
En el caso de los Informes Técnicos Sustentatorios (ITS) la Defensoría del Pueblo detectó deficiencias normativas que pueden favorecer la aprobación de proyectos sin una adecuada evaluación socioambiental, dejando de lado la participación ciudadana y la consulta previa.
Cabe detallar que los ITS permiten aprobar modificaciones a proyectos bajo el supuesto de que no implican mayor impacto,
Por esa razón, se requiere que el Minam establezca criterios específicos a fin de prevenir una aplicación discrecional e indiscriminada por parte de los sectores responsables de promover las inversiones, tal como sucede en la actualidad, por ejemplo, en el caso específico del proyecto Las Bambas..
Otra deficiencia es que la Defensoría ha podido constatar que algunos gobiernos regionales emiten certificaciones ambientales sin contar con competencias transferidas en el marco del proceso de descentralización o mediante norma especial.
De igual modo, el Ministerio de Energía y Minas ha venido emitiendo resoluciones ministeriales de transferencia en los sectores de electricidad e hidrocarburos, sin observar el procedimiento previsto en la Ley de Bases de Descentralización.
Respecto de estos y otros hallazgos la Defensoría del Pueblo ha emitido un conjunto de recomendaciones mediante el Informe de Adjuntía N° 006-2016-DP-AMASPPI.MA.
El informe busca contribuir a la defensa del derecho a gozar de un ambiente adecuado y equilibrado de las personas, así como del derecho a la información, participación y consulta previa durante la evaluación de impacto ambiental y social de los proyectos de inversión.
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Fuente: Servindi
