El “Baguazo” sigue siendo una herida que no termina de cerrarse

En el año 2009, los nativos de la amazonía se levantaron contra decretos que afectaban sus derechos colectivos. Después de este luctuoso suceso se ha persistido en emitir leyes similares sin tomarlos en cuenta. La ciudadanía aún espera conocer a los responsables de la muerte de 33 personas y un desaparecido.

Han pasado ocho años de aquel 5 de junio del 2009 en que la policía desalojó a más de dos mil indígenasawajún que se habían posesionado durante 53 días de una loma en la Curva del Diablo –distrito El Milagro, provincia amazonense de Utcubamba–, para exigir la derogación de ocho decretos legislativos que afectaban sus derechos colectivos.

En el operativo murieron cinco civiles, cinco indígenas y doce policías. Un agente, el mayor PNP Felipe Bazán Soles, fue declarado desaparecido.

Desde entonces, la situación de los pueblos indígenas amazónicos no ha cambiado. El contenido de los decretos legislativos que se dieron durante el gobierno de Alan García y que generaron el ‘Baguazo’ fue después  aprobado paulatinamente a través de sucesivos decretos y leyes en la gestión del ex presidente Ollanta Humala. Y ha continuado en la actual administración.

Tampoco ha cambiado el ámbito que ocuparon algunos de los actores políticos que intervinieron en este conflicto desde el Ejecutivo y desde el Legislativo. Ellos vuelven a referirse al papel que les tocó cumplir hace ocho años, con no pocas sorpresas.

“Lo hizo todo mal”

Guido Lombardi Elías, entonces  presidente de la Comisión Investigadora del Congreso sobre los hechos de Bagua, relata que las empresas petroleras tenían sus almacenes al tope y sin poderlos bombear a la costa debido a la toma de la Estación 6. Las pérdidas económicas crecían día a día y la presión al gobierno de Alan García también.

Este hecho, según dijo, hizo que entraran ‘a sangre y fuego’ a la Curva del Diablo justo cuando los indígenas coordinaban el retorno a sus comunidades y cuando el general PNP Luis Uribe Altamirano tenía ya 45 días negociando con los alzados.

Lombardi se reafirma en  que Mercedes Cabanillas, ministra del Interior del gobierno aprista, lo hizo todo mal.

“Intervino cuando era posible lograr el retiro voluntario (de los indígenas). Intervino en la Curva del Diablo sin tomar la más mínima precaución respecto de 36 guardias civiles que estaban en la Estación 6 con la excusa de que ya había salido publicado en El Peruano que las Fuerzas Armadas tenían la obligación de apoyar”, manifiesta hoy, también desde el Legislativo.

“Que no me utilicen”

Mercedes Cabanillas ya no está en el Congreso. Desde el llano insiste en que no dio ninguna orden para desalojar a los indígenas, y que este hecho ha sido corroborado por dos investigaciones fiscales.

Respaldada por la determinación del Ministerio Público exige que ya dejen de utilizarla  como biombo para encubrir a quienes agredieron a los policías que estaban actuando de acuerdo a ley para restablecer el orden público y los derechos ciudadanos.

“La policía ha sido la principal perjudicada por estos asesinos delincuentes, entre los cuales estaban ex servidores del Servicio Militar llamados licenciados, estaban sutepistas, estaban miembros de los Frentes Regionales, estaban elementos residuales del MRTA. Yo creo que ya es hora de que haya una investigación profunda de los verdaderos agitadores que tuvieron responsabilidad en un momento tan difícil para el país”, reclama quien perteneciera al magisterio peruano.

Y Mercedes Aráoz Fernández, en ese tiempo ministra de Comercio Exterior y Turismo, hoy segunda vicepresidenta del país, fue la única funcionaria que se disculpó con los indígenas por su actuación durante el conflicto.

En mayo del 2016, en plena campaña electoral dijo: “Si en algún momento una palabra mía generó confusión y pareció errada; si alguna palabra mía, que estaba en ese momento en función a lo que yo creí que era mi deber decir, generó que sucedieran esos eventos; realmente, aun cuando me sé inocente, pido perdón”, expresó aquella  vez.

“No lo vamos a olvidar”

Bernabé Impi Ismiño, actual directivo de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), recuerda que en los años 2008 y 2009 trataron de explicar al Ejecutivo y al Legislativo las razones por las que defendían sus territorios, pero no les entendieron.

“Nuestro territorio es fuente de vida, de ahí vivimos. Además, nuestros padres, nuestros abuelos que en paz descansen viven dentro del bosque, dentro de las cataratas. Pero para los hispanohablantes no es así, para ellos la idea es sacar todos los recursos que existen y dejarlo vacío. Por eso salimos de manera unida para proteger nuestros derechos y que nos respeten también”, explica.

Lamenta que tras el ‘Baguazo’ se les abriera procesos judiciales. Fueron absueltos en el caso Curva del Diablo pero está pendiente el caso Estación 6 que empezará el próximo 9 de junio.

Cuenta que en las comunidades awajún de la provincia de Condorcanqui hay mucha preocupación por lo que pueda suceder con sus hermanos denunciados por la muerte de diez policías en la Estación 6 del Oleoducto Nor Peruano.

Impi reclama que políticos de ese periodo como Yehude Simon, Mercedes Aráoz y Alan García no estén procesados.

Del ex presidente dice que es el verdadero culpable del Baguazo. Rememora que García sostenía que no se debía hacer caso a la cosmogonía amazónica porque era necesario aprovechar los recursos que guarda esa zona.

“Pero digo, que los hijos huérfanos de los pueblos indígenas amazónicos nunca van a olvidar la sangre que corrió en el cerro de la Curva del Diablo. Algún día ellos escribirán por qué murieron en ese cerro sus padres y sus tíos, y podrán contar a sus hijos, a sus nietos. Los pueblos indígenas nunca van a olvidar eso. Y siempre estaremos pensando por qué no procesan a los políticos y por qué los tienen sin investigar”, sostiene Bernabé Impi.

En dirigente awajún refiere que el Estado y las empresas no cesan en dirigir sus miradas al petróleo, la madera y el oro que hay en la amazonía. Ante esto, asegura que los indígenas no van a permitir que  ingresen a sus tierras si antes no se aplica un debido proceso de Consulta Previa.

“Pido a los políticos que informen a sus hijos que en la amazonía hay pueblos indígenas, que son seres humanos que hay que proteger”, exhorta desde su puesto en la organización indígena que agrupa a más de 1800 comunidades.

Justicia esquiva

Por otro lado, los familiares de los 23 policías y un agente desaparecido que cayeron en la Curva del Diablo y en la Estación 6 persisten en su lucha para que se identifique a los responsables de la mayor tragedia que enlutó a la policía.

Ellos presentaron dos denuncias en contra del ex presidente Alan García y de la ex ministra del Interior Mercedes Cabanillas. Las dos fueron archivadas, la primera en el año 2010 y la segunda acaba de ocurrir en mayo último.

Flor Vásquez, viuda del comandante PNP Miguel  Antonio Montenegro Castillo,  refiere que cuando fue a la 48 Fiscalía Penal de Lima para consultar sobre el avance del caso se encontró con que la demanda había sido archivada.

“Tres días antes yo había hablado con el fiscal Francisco Avellaneda y le dije que quería agregar a mi denuncia nuevos indicios contra los demandados. Dos años ha estado la demanda con él y en solo tres días decidió archivar el caso. Esto me cayó como un baldazo de agua”, manifiesta.

Y la viuda del comandante agrega que en estos ocho años los deudos de los policías no han parado de exigir justicia y este revés no los detendrá.

La situación de los indígenas ha empeorado

Marco Huaco Palomino, asesor principal de la Comisión de Pueblos Indígenas del Congreso, cree que después del ‘Baguazo’ la desprotección de los territorios indígenas ha empeorado.

Hace referencia a reformas normativas que flexibilizaron y facilitaron el acceso a las tierras de los pueblos nativos –especialmente a las no tituladas– a favor de proyectos de inversión pública y privada.

En cuanto a la Ley de Consulta Previa anota que en aspectos fundamentales no se ha aplicado, como ha sucedido con la mayoría de proyectos mineros y petroleros.

“No se ha aprendido la lección, porque los territorios indígenas siguen estando a merced de políticas y leyes sin diálogo, sin interculturalidad, sin respeto a sus visiones originarias, sin Consulta Previa. Seguimos con un ambiente de criminalización de la protesta social. Yo estoy lejos de creer que hayamos aprendido algo del ‘Baguazo’, sostiene el especialista en Derechos Humanos.

Fuente: La República