Cocamas, achuares y quechuas exigen al Gobierno no aplicar ley que impide titular sus tierras
Acción judicial. Las comunidades amazónicas reclaman la inaplicabilidad de la Ley N° 30327 y de dos decretos supremos que permiten a las empresas privadas hacer uso de sus territorios. También exigen que la compañía petrolera Pluspetrol les pague por el uso de sus tierras.
Por Lupe Muñoz
A propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas, el último 20 de mayo el Congreso aprobó una norma de pomposo título: Ley N° 30327 de Promoción de las Inversiones para el Crecimiento Económico y el Desarrollo Sostenible. Votaron a favor 58 congresistas y 13 se manifestaron en contra. Los representantes de las comunidades indígenas amazónicas, a las que afecta el dispositivo legal, nunca fueron convocados para expresar su punto de vista. Una vez más, se legislaba a espaldas de la población.
Por eso, los apus de las etnias cocama, achuar y quechua, que habitan en las cuencas de los ríos Pastaza, Corriente y Marañón, en la región Loreto, decidieron plantear una demanda de amparo ante el Juzgado Mixto de Loreto-Nauta. Los indígenas demandan al Poder Judicial que no se aplique la Ley N° 30327 porque consideran que atenta contra su derecho a la titulación de sus territorios, en especial en áreas donde operan empresas inversionistas.
TIERRA DE SOMBRAS
Una de las compañías que se beneficia con la nueva norma es Pluspetrol, que, paradójicamente, ha interpuesto acciones legales contra 12 sanciones por daños medioambientales por cerca de 40 millones de soles, que le impuso el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA).
Han planteado la demanda los líderes indígenas Alfonso López Tejada, de la Asociación Cocama de Desarrollo y Conservación San Pablo de Tipishca (cuenca del Marañón); David Chino Dahua, de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (cuenca del Pastaza); y Miller López Santillán, de la Federación de Comunidades Nativas del Corriente (cuenca del Corriente).
Para los dirigentes indígenas, la nueva ley se inscribe en la misma línea de las resoluciones supremas (N° 060-2006-EM y N° 061-2006-EM), con las que el gobierno de Alan García otorgó “servidumbres gratuitas” a la empresa Pluspetrol. Dichas normas califican a los territorios de los cocama, achuar y quechua como «eriazos» y de libre disponibilidad del Estado». Se entiende por «servidumbre» al derecho que se le otorga a una empresa para que utilice determinados territorios para sus actividades.
«Con la Ley N° 30327 se blindan las servidumbres otorgadas a las petroleras, impidiendo a la autoridad regional titular o reconocer la propiedad indígena conforme al derecho», dijo el apu Alfonso López.
“En mi cuenca (del Marañón) son más de 100 las comunidades afectadas por la nueva ley. Hemos presentado una acción de amparo apelando a una norma internacional que es el Convenio 169°, que tiene rango superior a decretos o leyes del Perú”, añadió López.
El apu Miller López Santillán señaló que la nueva ley es la continuación de los atropellos a los derechos indígenas que se inició con el gobierno de García.
«Amparadas en la ley que les otorga servidumbre sobre territorios indígenas, las petroleras y otras compañías han abierto caminos, han construido carreteras, han levantado campamentos y han destruido lo que han querido. Si el Estado no quiere generar conflictos sociales, debe promover la consulta previa como está establecido por ley», arguyó Miller López, representante de 33 comunidades indígenas.
David Chino Dahua, de la cuenca del Pastaza, donde existen 16 comunidades, reclamó la titulación de todas los territorios indígenas.
“No queremos que se repita el modelo de Andoas, donde el Estado quiere titular por bloques, obviando las instalaciones petroleras. Queremos una titulación integral», señaló Chino.
La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena Palacios, explicó a La República que la Ley N° 30327 excluye a las comunidades indígenas y campesinas, por lo tanto no serán afectadas.
«Hay disposiciones en el interior de la norma que excluyen a las comunidades. Por ejemplo, la disposición 14 precisa que la ley no afectará ningún derecho de pueblos indígenas, ni tampoco afectará tierras ni territorios en posesión ni en propiedad de las comunidades, tanto campesinas como indígenas», argumentó la viceministra Balbuena.
Sin embargo, reconoció que existe una controversia por las tierras denominadas «servidumbres», pero anotó que era un problema cuya solución es viable.
«Efectivamente, hay una servidumbre impuesta por el Ministerio de Energía y Minas sobre determinadas zonas que están en proceso de titulación. La discusión jurídica es si se titula con esa servidumbre o no. Pero esa discusión se debe definir entre el ente rector, que es el Ministerio de Agricultura, y el Gobierno Regional de Loreto. Estas instancias son las que titulan a las comunidades. Pero esta es una discusión al margen de la Ley N° 30327. Esta ley no tiene nada que ver en este debate. Por eso indicó que, definitivamente, la mencionada ley no va a afectar a las comunidades indígenas», detalló Balbuena.
LA TIERRA DE TODOS
La viceministra Balbuena informó que se ha comprometido a financiar un expediente técnico para el que el Gobierno Regional de Loreto cuenta con 3 millones de soles y los destine a la titulación de las comunidades pendientes dentro del Lote 1AB, donde opera Pluspetrol.
En la demanda, las comunidades indígenas exigen que el Poder Judicial ordene a la compañía petrolera pague por el uso de sus tierras.
Al respecto, La República consultó a Pluspetrol. Sus voceros respondieron: » Pluspetrol Norte trabaja en el Lote 1AB desde hace 15 años relacionándose con las comunidades, para emprender acciones conjuntas que buscan el bienestar común a través de acuerdos de inversión social y fortalecimiento institucional. Siempre ha cumplido con sus compromisos y respetado los acuerdos y convenios a los que ha llegado por mutuo acuerdo con las comunidades que se encuentran en su área de influencia».
Para las comunidades indígenas, el Estado se inclina a favor de las empresas privadas, por eso reclama en la demanda de amparo que se dejen sin efecto las resoluciones supremas N° 060 y 061-2006-EM, que permiten el uso gratuito de los territorios indígenas de propiedad ancestral, a favor de la empresa Pluspetrol Norte; y que el Ministerio de Energía y Minas aplique un programa de compensación por el uso de tierras indígenas.
“No se trata de ser o no ser amazónico. Lo que hacemos es un llamado a la conciencia de los peruanos para que se respeten nuestros territorios. No se trata solo de los indígenas sino de todos los peruanos», expresó el apu Alfonso López.
Fuente: La República
