Congreso promulgó ley que afectaría áreas protegidas y pueblos indígenas
Pese a la oposición de organizaciones ambientales, indígenas y de organismos como el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), el Ministerio del Ambiente (Minam) y el Ministerio de Cultura (Mincul), el Congreso de la República promulgó la ley 30723 (Ver documento), que declara de interés nacional la construcción de carreteras en zonas de frontera y el mantenimiento de trochas carrozables en Ucayali.
Esta norma partió el proyecto de ley 1123, presentada por el legislador fujimorista Glider Ushñahua en la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso. Dicha iniciativa fue aprobada el 7 de diciembre pasado por el Pleno, pese a que fue declarado como “no viable” por el Mincul, además fue rechazada por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología.
Luego de su aprobación, organizaciones indígenas como la Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (Fenamad), hicieron un llamado al presidente Pedro Pablo Kuczynski para observar dicha norma con el fin de “tomar acciones y velar por el respeto de estos pueblos”, pero no hubo respuesta.
Pedro Solano, director ejecutivo de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) resaltó el riesgo de esta norma sin considerar las opiniones técnicas de los organismos competentes. “Una norma tan general podría propiciar el desarrollo de actividades ilegales cuando lo importante es propiciar el desarrollo de la zona de frontera, y que los proyectos que se promuevan, se hagan bien, con las debidas opiniones técnicas”, enfatizó.
Como se recuerda, el proyecto de ley 1123 (ahora Ley 30723) expone a un alto riesgo a seis áreas naturales protegidas (los Parques Nacionales Alto Purús, Cordillera Azul, Sierra del Divisor, las Reservas Comunales Purús y El Sira y el Área de Conservación Regional Imiria), tres reservas indígenas (Murunahua, Isconahua, Mashco Piro) y una reserva territorial para pueblos en situación de aislamiento o en contacto inicial (Kugapakori Nahua, Nanti). Asimismo, pone en muy alto riesgo a los PIACI no catergorizados.
Además de los organismos ya mencionados, esta norma también fue observada por la Defensoría del Pueblo, y recibió un llamado de atención por parte de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de las Naciones Unidas, Victoria Tauli-Corpuz, quien afirmó que esta iniciativa “afectará territorios indígenas, amenazando la supervivencia misma de los pueblos que viven en la zona”.
Fuente: SPDA Actualidad Ambiental.
