Siete años después de la entrada en vigencia del tratado de libre comercio (TLC) entre el Perú y Estados Unidos, nuestro país está aún lejos del cumplimiento de su compromiso de garantizar el origen legal de la madera exportada desde el Perú. Las cifras, por el contrario, hablan de un sector altamente informal que mantiene cifras alarmantes de tráfico ilegal.

El Comercio accedió al reporte más actualizado del Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor), el único ente responsable de verificar si la madera es extraída de zonas autorizadas. Este revela que de 4.420 inspecciones hechas entre el 2009 y el 2016, el 80% presenta irregularidades.

Máximo Salazar, presidente ejecutivo de Osinfor, explicó a este Diario que el mayor porcentaje de irregularidades se presenta con el plan operativo anual (POA) que todos los titulares de concesiones, permisos o autorizaciones forestales deben presentar antes de talar el bosque. El POA debería garantizar que la madera ha sido extraída de zonas autorizadas; sin embargo, en los hechos ello no ocurre. En campo, relata Salazar, es usual verificar que los árboles reportados nunca existieron.

“Además, hay otras modalidades que están fuera de la supervisión de Osinfor. Se ha probado que en las guías de transporte forestal (GTF) [que son entregadas por los gobiernos regionales] se coloca información falsa sobre el volumen de la madera y su procedencia. No contamos con toda la información a nuestra disposición para calcular el tamaño real del problema”, dijo.

–Idas y venidas–

En octubre del 2015, el millonario decomiso de más de 1.300 pies cúbicos de madera ilegal en el barco Yacu Kallpa durante la operación Amazonas en Iquitos –el mayor decomiso de madera ilegal en el Perú– puso en cuestionamiento los mecanismos implementados por el gobierno contra el comercio ilegal de madera.

Aunque a nivel interno la gestión de Ollanta Humala reglamentó en el 2015 la ley forestal, e incluyó en la legislación mecanismos para procesar a las personas dedicadas al tráfico como organizaciones criminales, también hubo críticas de diversos sectores respecto a ciertas decisiones, como el retiro del cargo del entonces jefe del Osinfor, Rolando Navarro, una de las caras visibles de la lucha contra la tala ilegal.

Según fuentes de El Comercio, la fiscalía especializada en materia ambiental en Pucallpa mantiene bajo investigación posibles vínculos entre las mafias dedicadas al tráfico de madera con ciertas empresas exportadoras.

–Incertidumbre–

Una de las primeras disposiciones dadas por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) fue que la comisión multisectorial permanente de lucha contra la tala ilegal, que lidera y coordina los esfuerzos del Ejecutivo contra esa actividad, deje de estar adscrita a la PCM y pase al Ministerio de Agricultura (Minagri). El grupo encargado de la transferencia terminará su trabajo en las próximas semanas.

Como consecuencia de esta decisión, se desactivará la Oficina del Alto Comisionado, que hasta el momento coordinó las acciones contra la tala ilegal. El Minagri deberá designar a un funcionario que asuma tareas similares.

Los detalles sobre las implicancias de este cambio de dependencia y quién será el funcionario responsable de la coordinación, se conocerán solo cuando termine la transferencia.

Distintas versiones de personas vinculadas al sector relatan que existe incertidumbre sobre la dirección de la política forestal. Afirman que el hecho de que la comisión ya no esté adscrita a la PCM quitaría jerarquía al sector.

El Minagri asegura que las acciones de interdicción continuarán.