La serpiente de petróleo
Rocío Silva Santisteban
Las imágenes del río ennegrecido por el petróleo han salido en la televisión y en los diarios. Tanto el río Chiriaco —derrame del 25 de enero— como el río Morona —derrame del 3 de febrero— se han contaminado en este desastre ambiental del oleoducto norperuano. No podemos decir “sin precedentes” porque sí los tiene: en Cuninico y San Francisco (Loreto) en el 2014 se registró una fuga de 2,660 barriles y en San Pedro 7,500 barriles. Esta última es zona de amortiguamiento de la Reserva Pacaya Samiria. Y lo peor de todo es que en Chiriaco este 9 de febrero, debido a la lluvia, el petróleo rebalsó las piscinas artificiales donde se le mantenía, afectando nuevamente a un gran sector y contaminando ¡30 km del río! ¿Acaso el precio del desarrollo “costeño” debe ser la muerte de los indígenas en la Amazonía y la destrucción de sus fuentes de vida?
El lunes 15 de febrero en la mañana en RPP el presidente de PetroPerú, Germán Velásquez, una persona que parece honesta y preocupada, pero también arrogante, dijo que el 12 de febrero en el río Chiriaco ya no se veían rastros de petróleo y que, no entiende cómo, pero las evidencias están ahí, hay fotos de niños cubiertos de negro realizando la limpieza, aunque sería “imposible” que sean fotos del “lugar del evento”. Un día antes, en Cuarto Poder, reconoció que se están pagando 150 soles por barril de petróleo a los pobladores de la zona. No olvidemos que en Cuninico las empresas tercerizadoras de PetroPerú pagaron a niños kukama para que saquen el petróleo: ojalá esa acción ilegal y delictiva no se haya repetido, pero resulta que son los niños que viven a orillas de esta inmensa serpiente negra y sus padres quienes entran al río para sacar el petróleo “como sea” antes de que se expanda. Ante esta situación, el Estado no puede levantar los hombros y decir. “yo no tengo la culpa”.
La prensa antiestatista grita que la multa de PetroPerú la vamos a pagar todos los peruanos: espero que recuerden también que las ganancias de PetroPerú benefician a todos los peruanos. Pero el tema del derrame de petróleo no está vinculado con la inoperatividad de una empresa pública sino con la obsolescencia del ducto. Estamos hablando de una gran obra de ingeniería de los años 70 que, debido al paso de los años y a las dificultades de acceso en varias zonas de su recorrido, sufre los embates del tiempo. ¿Acaso PlusPetrol u otra empresa privada quieren administrarlo?
El ministro Javier Pulgar Vidal ha reconocido la “obsolescencia del ducto”, aunque también sostiene que se han producido “actos de sabotaje” en algunas zonas. Sin embargo, conviene expresamente que en el caso de Cuninico sí se debió al mal estado de la obra como lo ha reconocido Osinergmin multando a la empresa. Recordemos que PetroPerú publicó en esas fechas una nota de prensa sugiriendo que se había tratado de “un acto humano”. Mal que la empresa siga con estas insinuaciones tratando de criminalizar a los apus y a los indígenas; hoy Velásquez expresamente habla de una situación producida por la propia naturaleza bajo intensas lluvias. Sin embargo, los funcionarios de PetroPerú minimizan la contaminación de la zona.
Edwin Montenegro, presidente de ORPIAN, ha denunciado a PetroPerú ante la OEFA y probablemente, como los apus de Cuninico, lo haga ante el Poder Judicial, aunque la justicia sea tan lenta y ajena.
¿Piensa, veraneante lector, qué pasaría si ese oleoducto estuviera en la Vía Expresa?