Una ley para los desaparecidos
Por Salomon Lerner
Dentro de las propuestas que la Comisión de la Verdad y Reconciliación entregó al país en el marco de su Informe Final, se contempló un Plan de Investigaciones Antropológico-Forenses. Uno de los hallazgos más sobrecogedores que ella encontró fue la existencia de más de 4,000 sitios de entierro debidamente identificados y que contienen los restos de personas asesinadas por los actores armados del conflicto, personas que en su gran mayoría se encuentran hasta el día de hoy en calidad de desaparecidas.
Ya en 2003, el estimado que presentó la CVR fue de 8,000 personas en calidad de desaparecidas, lo que imponía al Estado el deber fundamental de hallar el paradero final de estas personas. El referido programa se enmarcaba, en esos momentos, dentro de investigaciones que debería realizar el Ministerio Público para esclarecer los hechos y sancionar a los culpables de esta grave violación de los derechos humanos.
Con el transcurrir de los años, se ha visto que la tarea resultó ser mayor a la esperada. De un lado, las estimaciones más recientes duplican el número de personas desaparecidas a causa de la violencia, lo que no hace sino confirmar que el cálculo de víctimas fatales presentado por la CVR iba, en líneas generales, en la línea correcta. Al mismo tiempo, ello imponía un reto mayor a las autoridades fiscales y forenses, quienes tenían un universo mayor de personas por ubicar, así como de sitios de entierro donde realizar su tarea de exhumación. Dichos sitios a la fecha se estiman en más de 6,000.
Conforme avanzaba el tiempo, resultó indispensable incorporar nuevos enfoques para abordar el problema de los desaparecidos. Cientos de familias en todo el país requieren cerrar el periodo de duelo a partir de la recuperación de los restos de familiares desaparecidos, abriéndose así la posibilidad de darles una sepultura digna. Sin embargo, de acuerdo con la legislación peruana, dado que ello requiere pasar por una investigación fiscal, muchas familias no podrán conseguir su objetivo, pues sus casos no se hallan judicializados o simplemente no se desea enviarlos al sistema de justicia.
Por esta razón, diversas organizaciones de víctimas vienen impulsando la adopción de un nuevo marco legal que permita atender las demandas de los familiares de los desaparecidos durante el conflicto. En particular, se persigue que se lleve a cabo una política de búsqueda de personas no habidas con una perspectiva humanitaria que, sin dejar de lado las cuestiones estrictamente judiciales, comprenda las necesidades señaladas, las que además han de complementarse con el necesario acompañamiento psicológico que este tipo de procesos requiere.
Instituciones como la Conferencia Episcopal Peruana, el Concilio Nacional Evangélico, la Defensoría del Pueblo y el Comité Internacional de la Cruz Roja apoyan la adopción de esta iniciativa legal. En redes sociales, la campaña Reúne (http://reune.pe/) busca sensibilizar a los ciudadanos en torno a esta materia y ya ha conseguido más de 15,000 firmas en respaldo de esta petición.
Ahora bien, quien debe dar el primer paso en torno a este problema no lo está haciendo. Urge que el Poder Ejecutivo apruebe, en el plazo más pronto posible, el Proyecto de Ley sobre búsqueda de personas desaparecidas, a fin de que pueda ser debatido en el Congreso y así, antes de que culmine este gobierno, se concrete esta iniciativa. Son 15,000 familias que ya han sufrido demasiado.
Fuente: La República
