Bosques en peligro
Por Iván Lanegra
De acuerdo con un informe elaborado por los periodistas de investigación de Ojo Público, entre el 2003 y 2013 se perdieron 13,059 km2 de bosques naturales en el Perú.
Una superficie apenas menor a la que ocupa el departamento de Moquegua (15,734 km2). El 22% de dicha pérdida forestal se concentra en el departamento de San Martín. La información proviene del Ministerio del Ambiente y de su Programa Nacional de Bosques. Este, creado en el año 2010, tiene como meta al 2020 lograr la conservación de 540,000 km2 de bosques-. Un área algo mayor a la que superficie combinada de los departamentos de Loreto y Ucayali. ¿Será posible alcanzar dicho objetivo?
La presión sobre los bosques naturales proviene de múltiples fuentes, siendo las principales la degradación de la cobertura forestal por las actividades agrícolas y pecuarias. Las carreteras amazónicas son otro factor que facilita la ocupación y el desarrollo de múltiples actividades en las zonas cercanas a la vía. Actividades extractivas formales y actividades ilegales como la tala y la minería ilegales participan en una proporción menor en el total de la deforestación, aunque en muchos casos los efectos negativos que causan sobre el ambiente y las comunidades que lo habitan –en particular a los pueblos indígenas– son mucho más severos.
El Estado no ha podido detener este proceso. En primer lugar, porque el ámbito amazónico es uno en donde el aparato estatal luce mayor debilidad. Falta –o pésima calidad– de servicios básicos y la ausencia de puestos de control, son muestra de ello. En algunos casos la carencia es extrema por lo que no es equivocado hablar de ausencia estatal. De otro lado, la administración pública tiene el mandato formal de otorgar y reconocer derechos sobre los recursos naturales de la Amazonía. De esta manera, los particulares pueden realizar labores de aprovechamiento de dichos bienes. Sin embargo, la debilidad estatal así como una población local poco movilizada, pueden generar un ambiente propicio para la aparición de la corrupción como práctica sistemática. Por el último, en el marco del proceso de descentralización se tomó la decisión de encargar la gestión de los bosques a los gobiernos regionales. Desde luego, ninguna de las cuestiones de fondo que hemos descrito se resuelve con la simple descentralización. Incluso puede agravarse.
La aprobación de una nueva Ley Forestal y Fauna Silvestre en el 2011 así como la reciente puesta en funcionamiento del SERFOR, constituyen parte de una nueva estructura institucional forestal. Con ella se busca revertir el proceso que hemos descrito. En este orden de ideas, vale la pena recordar que hace algunas semanas culminó el proceso de consulta previa del proyecto de Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre. La aprobación de esta norma reglamentaria habilitará la plena aplicación de dicha ley en breve. ¿Será suficiente? Los responsables del SERFOR son conscientes de los efectos limitados que tiene la reforma formal del sector por sí misma. Pero si la implementación del nuevo marco normativo es acompañado de un proceso de fortalecimiento de las capacidades estatales podría tener mayores probabilidades éxito.
Finalmente, la gestión de nuestros recursos forestales no resiste un manejo puramente sectorial. Por el contrario, aquella está fuertemente influenciada por la planificación y el ordenamiento territorial. Lamentablemente, son precisamente estos instrumentos los que hasta el momento no han podido desplegarse plenamente en nuestro país. Solo la suma de estas líneas de acción puede generar las condiciones mínimas para alcanzar la ambiciosa meta planteada por el Programa Nacional de Bosques. El aprovechamiento sostenible de los recursos forestales puede generar beneficios importantes, incluyendo a los pueblos indígenas, siempre que logremos corregir los problemas estructurales descritos. Tarea difícil, necesaria y urgente.
Fuente: Diario 16
