El significado de Bagua y la agenda pendiente
Por José De Echave*
El 5 de junio se cumplen cinco años de los trágicos sucesos de Bagua, uno de los capítulos más dramáticos de la historia reciente del país. Eran los años del segundo gobierno aprista y como se recuerda el presidente Alan García había desplegado su tristemente célebre “doctrina del Perro del Hortelano”, que intentó concretarse en un paquete de decretos legislativos que modificaban el régimen de la propiedad y uso de la tierra y la extracción de recursos en la Amazonía.
Como lo recuerda Anthony Bebbington, luego de dos meses de protesta en varios lugares de la Amazonía peruana, “varios miles de personas, indígenas y no indígenas, se congregaron en la ciudad de Bagua, en el Departamento de Amazonas. En un lugar llamado “La Curva del Diablo”, estas personas bloquearon la carretera para exigir la derogación de una serie de Decretos Legislativos sobre los cuales no habían sido consultadas y que, ellas sentían, favorecían la expansión de la industria extractiva en sus territorios. Cerca de los manifestantes también se encontraban acantonadas fuerzas policiales, enviadas por el gobierno central para reabrir la carretera. Los disparos empezaron en la mañana del 5 de junio y, al finalizar el día y según el informe Lombardi, se confirmó la muerte de diez personas awajún-wampis, cinco mestizos y 33 policías”1.
Bagua tiene varios significados. En un país que había vivido dándole la espalda a la Amazonía, la movilización indígena nos enrostraba que esa importante zona del país no era un territorio vacío; era un bien común que no debía ser depredado, donde vivían peruanos y peruanas que el Estado peruano debía respetar.
Además, a diferencia de otros conflictos, la movilización indígena de Bagua, no era contra un proyecto de inversión en específico; era el rechazo a un conjunto de políticas que afectaban los derechos de los pueblos indígenas y los de la naturaleza. Cabe señalar que antes de la movilización indígena, el propio Tribunal Constitucional había emitido una sentencia que declaraba la inconstitucionalidad de varios de los decretos propuestos por el gobierno aprista.
Bagua también reforzó y levantó el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada, recordándonos además que desde mediados de la década del 90 el Perú había firmado y ratificado un convenio internacional (el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que nunca había implementado.
En agosto de 2011, el nuevo Congreso recuperó la ley que había sido observada por Alan García y la aprobó finalmente. A inicios de septiembre del mismo año, el presidente Humala promulgó la Ley de Consulta Previa, nada menos que en la ciudad de Bagua. Las organizaciones representativas de los pueblos indígenas del país saludaron la ley y se esperaba que el proceso de implementación (elaboración de reglamento y la base de datos de los pueblos indígenas) permitiese su inmediata aplicación. Lamentablemente, a más de dos años de la promulgación de la mencionada ley, el balance dista mucho de ser positivo.
Los cinco años de Bagua coinciden además con el inicio del juicio a los dirigentes indígenas por los sucesos en la Curva del Diablo. La fiscalía está pidiendo cadena perpetua para 8 de los 52 acusados, principalmente comuneros awajún wampis.
Como lo afirma el sacerdote jesuita Francisco Muguiro, “este juicio va a hacer historia, porque nunca en el Perú hubo un juicio así: primero por el número de muertos, segundo por las circunstancias en que se dieron, y tercero por tratarse del juicio que hace el Perú oficial, el Perú de Lima al Perú profundo, al Perú de las diversas nacionalidades y culturas”.
Las heridas están lejos de estar cerradas. Así lo muestra un reciente informe del Relator Especial de las Naciones Unidas, James Anaya, luego de su visita en diciembre de 2013. Tal como se señala en la introducción, el propósito de la visita fue conocer la situación de los pueblos indígenas en el país, especialmente en relación a los efectos de las actividades extractivas y los procesos de consulta.
Hay varios aspectos del informe que son serios llamados de atención al país. Sobre el tema de las actividades extractivas se subraya que “diversos pueblos indígenas en el país han sufrido impactos sociales y ambientales devastadores, y sin percibir muchos beneficios de estas actividades”.
Anaya llama la atención sobre lo que ha pasado en el caso de la ampliación de Camisea. Constata que el gobierno peruano no realizó consultas dentro de los lineamientos de la legislación nacional pertinente a la consulta con pueblos indígenas. Pero además, pese a que la legislación no lo hubiese requerido, indica que se debió haber realizado un proceso de consulta en cumplimiento de lo dispuesto por el Convenio 169 y la Declaración de Naciones Unidas sobre pueblos indígenas: “el Relator Especial no puede dejar de recordar que el cumplimiento con la legislación nacional no necesariamente equivale al cumplimiento con las obligaciones de los Estados dentro de la normativa internacional, la cual tiene un carácter independiente”.
Sin duda un informe a considerar, precisamente cuando nos acercamos a los cinco años de Bagua. ¿Qué lecciones hemos sacado como país y cuánto se ha avanzado en todo este tiempo? Es lamentable constatar que casi nada y que hay sectores que pretenden retroceder en materia de consulta, institucionalidad ambiental e indígena, regionalización, etc.
Precisamente una de las conclusiones del informe del Relator de Naciones Unidas Anaya señala que el gobierno peruano “debería impulsar una revisión del marco regulatorio y de programación del Estado relativo a la protección de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las industrias extractivas. El objetivo de esta revisión sería lograr las reformas legislativas, regulatorias y de programación necesarias para garantizar: el reconocimiento y goce efectivo de los derechos de los pueblos indígenas sobre las tierras y recursos naturales que ocupan o usan; la participación de los pueblos indígenas en la planificación estratégica estatal de la extracción y desarrollo de los recursos naturales; la existencia de procedimientos de consulta adecuados en relación a proyectos extractivos específicos, implementados en todas las fases de toma de decisión que puedan afectar a los derechos de los pueblos indígenas; la eficacia de las medidas de protección y salvaguarda a implementarse por el Gobierno y las empresas frente a los impactos ambientales; compensaciones y la participación en beneficios en términos justos; conductas empresariales que mantengan el pleno respeto a los derechos de los pueblos indígenas; y mecanismos efectivos para remediar la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas en el contexto de las industrias extractivas”.
Una agenda pendiente que habrá que seguir impulsando para que finalmente se pueda concretar en el país, políticas públicas que impliquen un real respeto a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de todos los peruanos y peruanas.
Nota:
(1) Anthony Bebbington (Editor): Industrias Extractivas: conflicto social y dinámicas institucionales en la Región Andina. IEP, CEPES, Propuesta Ciudadana. 2013.
*José De Echave, economista y experto en temas mineros, ex viceministro de Gestión Ambiental del Perú y miembro de la ONG CooperAcción.
Fuente: CooperAcción
