Dormitorio de niñas y adolescentes indígenas del pueblo awajún, en albergues donde viven y reciben educación intercultural bilingüe, en la provincia de Condorcanqui, en el estado de Amazonas, en el noreste de Perú. Esos centros sobreviven en condiciones paupérrimas y desatendidas por el Estado, lo que favorece las agresiones sexuales sistemáticas contra las escolares por parte de docentes. Imagen: Cortesía de Rosemary Pioc

Por Mariela Jara

LIMA – El principal temor que enfrentan las lideresas que han denunciado la violación sexual sistemática contra niñas del pueblo indígena awajún, en el nororiental departamento de Amazonas, en Perú, es que, pese a la repercusión mediática y anuncios de sanción de parte de las autoridades, todo quede en nada.

“Nuestras denuncias vienen desde el año 2010 y el Estado no ha actuado para que se erradiquen las violaciones a las niñas, nuestro temor es que nuevamente haya impunidad, el Estado es bien estratégico en eso”, declaró a IPS desde el municipio de Condorcanqui, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún/Wampis Umukai Yawi (Comuawuy).

En el mes de junio resonaron dentro y fuera de las fronteras de Perú las denuncias de lideresas del Comuawuy sobre los 532 casos de violación a niñas y adolescentes registrados entre el 2010 y 2024 en centros educativos de la provincia homónima de Condorcanqui, una de las siete del departamento de Amazonas. En ellos se brinda educación bilingüe a niñas, niños y adolescentres de entre cinco y 17 años.

En esos centros y albergues se ha producido inclusive la muerte de niñas de tan solo cinco años, contagiadas por VIH/sida por sus agresores.

Esta es una violencia sexual agravada que afecta a niñas y adolescentes indígenas en situación de pobreza y vulnerabilidad, en un contexto en que las agresiones sexuales a menores crecen en este país sudamericano de 33 millones de habitantes.

“Yo levanté niñas violentadas, ensangrentadas, he escuchado la desesperación de algunas de ellas de no ser tomadas en cuenta por sus padres cuando han contado las violaciones»: Rosemary Pioc.

Según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2023 se registraron en total en Perú 30 000 denuncias de violencia sexual contra menores de 17 años.

Sin embargo, son muchos casos los que no llegan a las dependencias públicas por las diferentes barreras económicas, sociales y administrativas, especialmente cuando se trata de poblaciones rurales o de comunidades originarias.

En Perú son 55 los pueblos indígenas, que ocupan el territorio nacional desde tiempos inmemoriales, según la base de datos del Ministerio de Cultura y conforman una población de cuatro millones de habitantes.

Cuatro de esos pueblos originarios se asientan en áreas andinas y 51 en territorios amazónicos, entre ellos el pueblo awajún, que habita en los departamentos de Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Cajamarca. Pero en número, 96, 4 % de la población indígena es de pueblos andinos, principalmente el quechua,  y solo 3,6% corresponde a pueblos amazónicos.

Pese a tener garantizados sus derechos e identidades en normas nacionales e internacionales, en el caso de las niñas indígenas estos no se materializan y persiste la pobreza y desigualdades en el acceso a educación, salud, alimentación.

Según cifras oficiales de este mismo año, 30 % de la población nacional está en situación de pobreza. Al diferenciar por autoidentificación étnica, sube a 35% entre quienes aprendieron una lengua nativa en su infancia.

La pobreza extrema llegó a 5,7 %, promedio nacional que asciende a 10,5 % en Amazonas, departamento con más de 433 000 habitantes, donde las familias indígenas viven sobre todo de la agricultura, caza, pesca y recolección de frutos silvestres.

“Levanté a niñas ensangrentadas”

La educación intercultural bilingüe es una política de Estado en el Perú.

Como parte de ella se formaron las residencias estudiantiles para contribuir al acceso a la educación de la infancia y adolescencia indígena que vive en comunidades lejanas a cascos rurales y urbanos, en el caso de la provincia de Condoreanqui, en las remotas riberas de los ríos Cenepa, Nieva y Santiago.

En total son 18 las residencias en esa provincia, donde las niñas y adolescentes viven a lo largo del año, reciben alimentación y clases escolares.

“Como ellas no podrían regresar cada día a sus casas porque están a horas o días de traslado por río, el docente o el promotor se aprovecha de esta situación y las violentan en vez de garantizar su cuidado”, refirió Pioc, ella misma perteneciente al pueblo awajún.

Es en ese escenario donde se produjeron las más de 500 violaciones sexuales documentadas en los últimos 14 años.

La lideresa explicó que estos albergues están reconocidos por el Estado a través del Ministerio de Educación, pero que sobreviven en condiciones paupérrimas y librados a su suerte.

Recordó que desde hace varios años está denunciando la violencia sexual contra sus alumnas, sin que estas hayan sido atendidas por la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel), el órgano descentralizado del gobierno regional de Amazonas en materia de educación, a fin de que los docentes agresores sean procesados y destituidos.

“Estamos en el país del revés, porque en el 2017 una compañera y yo fuimos denunciadas por denunciar y defender a las niñas”, dijo.

Pioc, como originaria de Condorcanqui, conoce bien su realidad. Cuando era docente de primaria le tocó vivir experiencias terribles. “Yo levanté niñas violentadas, ensangrentadas, he escuchado la desesperación de algunas de ellas de no ser tomadas en cuenta por sus padres cuando han contado las violaciones”, relató.

Ella ha dejado la docencia para dedicarse por completo al Comuawuy y seguir con las denuncias y evitar la impunidad.

“Está el caso de un director que hizo tocamientos a dos alumnas, sus padres, con mucho esfuerzo, denunciaron a la Ugel pero no pasó nada y siguió con contrato y violó después a su sobrinita de cinco años. ‘Denúnciame si quieres’,  me dijo, ‘no me pasará nada’ y así fue, yo fui la procesada”, deploró.

Las denuncias de las lideresas indígenas adquirieron repercusión hace un mes cuando consultados al respecto, el ministro de Educación, Morgan Quero, y la titular de la Mujer, Teresa Hernández, justificaron los hechos atribuyéndolos a prácticas culturales indígenas.

Las declaraciones fueron contundentemente rechazadas por variados sectores que las consideraron racistas y evasivas de su responsabilidad como Estado de sancionar la violencia sexual y de prevenirla.

Pioc condenó la posición de los ministros y se mostró incrédula de los anuncios de sanción y otras medidas dispuestas por el despacho de Educación. “Están instalando mesas técnicas, pero solo cuando los violadores estén presos y se haya atendido la salud integral de las niñas diremos que han cumplido”, remarcó.

Los dos ministros se disculparon posteriormente y dijeron que habían sido malinterpretados, pero siguen en sus cargos, pese a las muchas solicitudes de que fueran destituidos.

Víctimas lastimadas para toda la vida

Genoveva Gómez, jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Amazonas, informó que su sector dio cuenta en los años 2017, 2018 y 2019 de la precariedad en las residencias estudiantiles y de las deficiencias para investigar los casos de violencia sexual en el ámbito administrativo y en la fiscalía.

“Hemos recomendado a diferentes entidades del Estado medidas específicas para corregir esta situación, por ejemplo, el incremento de presupuesto, el fortalecimiento de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos que se encarga de investigar a docentes, y que los casos prescritos a nivel administrativo se deriven al Ministerio Público (fiscalía) porque la violación sexual es un delito que no prescribe”, explicó.

Gómez conversó con IPS mientras se trasladaba desde Chachapoyas, también del departamento de Amazonas y sede de su entidad, a Condorcanqui, para participar en la sesión de la Instancia de Concertación para la Prevención, Atención y Sanción de Casos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, convocada por el alcalde de ese municipio.

Abogada de profesión, sostuvo que las niñas awajún violentadas sexualmente quedarán lastimadas para toda la vida y que es urgente poner en marcha no solo mecanismos para garantizar la justicia, sino soporte emocional para ellas, sus familias y entornos.

“Como sociedad debemos tener claro que estos hechos vulneran derechos fundamentales y que no deben pasar inadvertidos”, subrayó.

Anunció que a más tardar en agosto se instalará en Condorcanqui una Cámara Gesell, de la que carecía, medio clave para la investigación fiscal en casos de violencia sexual a menores para evitar la revictimización a través de una entrevista única. La más cercana estaba en la ciudad de Bagua Grande, a siete horas de distancia por carretera.

Esa cámara o sala es un espacio preparado para permitir la observación, con dos ambientes separados con un vidrio de visión unilateral. En uno, las  niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violación y otras agresiones sexuales,  conversan sobre esa violencia con sicólogos y aportan información relevante para el caso. En el otro, familiares, abogados y fiscales observan sin ser vistos por la víctima.

Posteriormente el sicólogo o sicóloga a cargo les pregunta sobre aspectos solicitados por los observadores. Todo se graba y funciona como una prueba validada para el juicio, por lo que la víctima no debe volver a testificar ante un tribunal.

Gómez también manifestó que el acceso a la justicia tiene muchas barreras y corresponde al Estado irlas sacando del camino para que no se dé un mensaje de impunidad a la población, en particular a las niñas awajún.

Asimismo, saludó la presencia de representantes del sector de Educación en la zona, pero consideró que este no debe ser un trabajo reactivo y por un tiempo determinado, sino sostenido y planificado que contemple la prevención.

ED: EG

Fuente: IPS Agencia de Noticias

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• Un voluntariado internacional en que participan la PUCP, la Unajma, U. de Harvard y U. Vanderbilt busca llevar el trabajo de José María Arguedas a plataformas digitales y acercarlo a jóvenes estudiantes.

Arguedas y un puente internacional

El proyecto, que lleva el nombre de “Todes les sangres”, aprovecha la virtualización propia del contexto de la pandemia. “Vimos que existía la oportunidad de organizar un voluntariado a distancia que uniese a los estudiantes en su interés por revisar el trabajo de Arguedas y sus ganas de contribuir al desarrollo cultural de nuestras sociedades”, dice el Dr. Valdiviezo.

Para lograr una participación internacional e in

terdisciplinaria, fue clave el trabajo de la Red de Estudios Interculturales (Ridei – PUCP). El grupo tendió puentes para trabajar con el Cultural Agents Initiative de Harvard y la Escuela Profesional de Educación Primaria Intercultural de la UNAJMA, en coordinación con los profesores Justin Hu y Luis Mujica respectivamente. Así, logró convocar a estudiantes de Literatura, Ciencias Políticas, Historia, Arqueología, Derecho, Educación y Filosofía.

La meta es adaptar la obra de Arguedas, siempre vigente, a piezas multimedia en distintos idiomas. “Esperamos distribuir el producto final a escuelas secundarias en el Perú y Estados Unidos. Así, más jóvenes podrán interesarse, acercarse y explorar la obra de Arguedas” agrega.

El autor y su impacto vigente

Para crear los productos multimedia, los voluntarios compartirán sus propias lecturas de Arguedas, sus miradas y motivaciones. Además, abordarán en conjunto su traducción al quechua e inglés. “Considero que es importante difundir el trabajo de Arguedas de esta manera. Así, mantenemos esa relación de la c

osmovisión andina y el mundo urbano”, dice el Bac. Jesús Rivera, egresado de Filosofía de la PUCP y parte de la comisión de traducción al quechua del voluntariado.

Katy Medina Alarcón, estudiante de Educación primaria intercultural en la Unajma, destaca la vigencia de este corpus literario. “Mis padres y abuelos son quechuahablantes. El trabajo de Arguedas me ha permitido reflexionar sobre la pluralidad cultural del Perú. Llevarlo a más plataformas hará posible que otras personas reflexionen sobre su propio entorno”, indica.

A su vez, Mery Salas, también estudiante de la Unajma, resalta la riqueza con que son descritas distintas identidades del Perú andino y quechuahablante. “Aún sigo encontrando figuras y elementos que abren un escenario más amplio para entender la realidad de nuestro país”, agrega.

Y no menos importante, para algunos miembros del voluntariado esta será la primera aproximación al autor peruano. “Este voluntariado me ha dado la oportunidad de conocer el trabajo de José María Arguedas. Estoy entusiasmada de llevarlo a más personas”, dice Diana Gándara, estudiante de Sociología y miembro del Comité de Etnicidad, Migración y Derechos en la Universidad de Harvard.

Fuente: Punto.Edu

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Pacientes con coronavirus que presentan síntomas podrán acudir a cualquier hospital ubicado a nivel nacional. Créditos: Andina.

Mediante un servicio telefónico, los profesionales de la salud se comunicarán con un intérprete.

Los médicos podrán atender y comunicarse con sus pacientes con COVID-19 en siete lenguas originarias, a través de un intérprete de planta del Ministerio de Cultura. Así lo anunció el director de la Dirección de Lenguas Indígenas del Mincul, Gerardo García Chinchay.

Agregó que en menos de 15 días empezará a funcionar la Central de Interpretación y Traducción (CIT), a fin de contribuir con el proyecto.

“Estamos afinando los protocolos y los aspectos técnicos, y en una o dos semanas estaremos empezando con este servicio. No solo trabajaremos en estas siete lenguas, sino también tenemos la capacidad de atender con traductores a ciudadanos de 37 lenguas indígenas originarias, en las que el Ministerio de Cultura ha capacitado a traductores e intérpretes”, aseveró en diálogo con El Peruano.

Asimismo señaló que las lenguas originarias con el mayor número de hablantes en el país y que se ofrecerán en este servicio son: aimara, asháninka, awajún, shipibo-konibo y las tres variedades del quechua (chanca, central y collao).

Consultado sobre qué sucede con la interpretación telefónica de lenguas con menos hablantes, el vocero del Mincul explicó que se anotará el pedido, se hará la llamada al personal que se requiera para hacer la interpretación respectiva.

“Eso es importantísimo porque se podrán salvar vidas y dar una mejor atención desde el Estado”, dijo García.

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El lingüista y especialista en lenguas amazónicas habla sobre cómo los pueblos amazónicos del Perú, alejados y olvidados, están sufriendo los embates de la pandemia sin el adecuado apoyo del Estado.

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La decisión se tomó en el inicio de la quinta reunión del Mecanismo de Consulta y Coordinación Política (2 + 3) Perú-Colombia que se realizó este viernes.

Perú y Colombia crearon un comité binacional para enfrentar a la pandemia del nuevo coronavirus en sus poblaciones fronterizas habitadas por indígenas, informó la cancillería peruana.

Los ministerios de salud de ambos países, que abordaron en una videoconferencia la evolución de la pandemia por COVID-19 en la zona de limítrofe, acordaron cooperar en lo que se requiera para atender la situación de los habitantes de la frontera y de pueblos indígenas u originarios.

“En la reunión los ministros acordaron crear el Comité Binacional COVID-19, cuya primera reunión se realizará el 18 de mayo”, indica un Twitter de la cancillería peruana.

La decisión se tomó en el inicio de la quinta reunión del Mecanismo de Consulta y Coordinación Política (2 + 3) Perú-Colombia que se realizó este viernes 15.

Colombia decidió aumentar la presencia de militares en la frontera amazónica que comparte con Brasil y Perú por el brote de COVID-19.

Dicho mecanismo congrega a los cancilleres, así como a los ministros y funcionarios de salud, defensa y del interior de los dos países.

El Perú y Colombia también revisaron las operaciones efectuadas en materia de seguridad para enfrentar al crimen organizado en la zona fronteriza.

El Mecanismo de Consulta y Coordinación Perú-Colombia fue creado en el 2007.

Fuente: Diario Gestión

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Foto: Aidesep

En medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el apu Arbildo Meléndez fue hallado muerto con un disparo en el cuerpo. Desde hace años solicitaba la titulación de sus territorios. Organizaciones indígenas denuncian que fue asesinado por invasores de tierras. Otros cinco líderes están amenazados en la selva.

Por Geraldine Santos

El último domingo a las 10 de la mañana, el líder indígena Arbildo Meléndez Grandez (43) salió de su comunidad Unipacuyacu, distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, en busca de provisiones. Unas horas después fue hallado muerto en medio del bosque con un disparo en el cuerpo. El apu cacataibo solicitaba desde hace varios años la titulación de tierras de su comunidad y ello había generado disputas con invasores que lo habían amenazado de muerte en reiteradas ocasiones.

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denunció a través de un comunicado que el líder indígena fue asesinado por el colono Abel Ibarra Córdova, quien al inicio auxilió al apu y avisó a la comunidad, pero luego, según la organización indígena, confesó haber sido el autor material del asesinato. “En nombre de los familiares y de la comunidad exigimos una investigación exhaustiva de este asesinato y la identificación de los autores intelectuales”, se lee en el comunicado de ORAU.

La comunidad indígena Unipacuyacu, reconocida como tal desde 1995 por el Ministerio de Cultura, se encuentra a cinco horas en bote por el río Sungaruyacu desde la ciudad de Puerto Inca y está conformada por 45 familias que ahora exigen justicia para su líder. Arbildo Meléndez reclamaba al Estado la titulación de 22 mil hectáreas en el distrito de Codo del Pozuzo. La Dirección Regional de Agricultura de Huánuco debió iniciar este proceso la quincena de marzo, pero quedó suspendido por la declaración de la emergencia sanitaria ante el Covid-19. En la zona son constantes las denuncias vinculadas al tráfico de tierras.

En junio del año pasado, los líderes indígenas de Puerto Inca, agrupados en la Unión de Nacionalidades Asháninka y Yanesha (UNAI), cansados de años de espera por la titulación y de enfrentarse a las mafias de tráfico de tierras, protestaron durante dos días en la puerta del Gobierno Regional de Huánuco. Luego acudieron al Ministerio de Agricultura y también solicitaron el apoyo de instancias internacionales para insistir en la titulación de sus tierras.

Tras meses de reclamos, la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespar) del Ministerio de Agricultura incluyó, mediante un convenio con el Gobierno Regional de Huánuco, a la comunidad nativa Unipacuyacu y a otras dos comunidades de la Amazonía de esta región en el Proyecto de Titulación de Tierras.

“El proceso de titulación debía iniciarse la quincena de marzo, pero entramos en cuarentena nacional y con eso se paralizaron todos los estudios”, dijo a OjoPúblico el director regional de Agricultura, Henry Murrieta. Por su parte, el gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio,  lamentó la muerte del líder indígena y dijo que una vez superada la crisis sanitaria por el Covid-19 iniciarán el proceso de titulación. Además, exhortó al Ejecutivo a brindar mayor seguridad a los pueblos indígenas que defienden su territorio y luchan contra las actividades ilícitas.

Si bien la Policía ha identificado a Abel Ibarra Córdova, colono que vive dentro del territorio de la comunidad de Santa Martha, como autor material de la muerte del líder indígena, aún está pendiente investigar el móvil del asesinato y a los presuntos autores intelectuales. “Sabemos que fueron los traficantes, porque no están de acuerdo con nuestra lucha para sacarlos del bosque. Ellos dicen que son agricultores de café y cacao, pero eso solo es una fachada porque en realidad siembran hoja de coca para el narcotráfico”, dijo Jesús Cahuaza, quien ahora asumirá la presidencia de la comunidad Unipacuyacu.

El presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali, Berlín Diques Ríos, dijo a OjoPúblico que hasta inicios de este año conocían de al menos cinco casos de dirigentes amenazados por traficantes de tierras en Huánuco, Loreto y Ucayali. Uno de ellos era Arbildo Meléndez. “Ahora se necesita la presencia de las autoridades para brindar ayuda a la familia. Ha dejado una esposa con cuatro hijos”, agregó.

Diques Ríos también recordó que en los últimos años otros líderes indígenas han sido asesinados por defender sus tierras. En mayo del 2013, dos sicarios dispararon contra el líder asháninka Mauro Pío Peña (53). Los hechos ocurrieron en la selva central de la región Junín. Mientras que en septiembre del 2014, cuatro dirigentes de la comunidad Alto Tamaya Saweto fueron asesinados por traficantes de madera.

En la selva de Huánuco, en setiembre del 2019, también se informó el secuestro del dirigente de la comunidad Nueva Austria, Polico Díaz Sambache, reportado por OjoPúblico.

“Es la segunda muerte de un líder que luchaba por la titularidad de su territorio, después de Edwin Chota. Pero esta vez no vamos a permitir que quede impune. El Ministerio Público debe investigar y sancionar a los culpables, y el gobierno debe dar seguridad jurídica a nuestras comunidades y titularlas”, dijo Lizardo Cauper Pezo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Por su parte, César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dijo que es una pena que sigan ocurriendo este tipo de asesinatos, sobre todo por actividades ilícitas. “Esto se debe a la ausencia del estado de derecho sobre todo fuera de Lima. El Covid-19 nos enseña la falta de capacidad para aplicar la ley y generar las condiciones mínimas de protección”, dijo.

Añadió que si bien estamos en una situación de excepcionalidad por el coronavirus, “esto no debe ser pretexto para dejar de investigar. La fiscalía puede iniciar de oficio una investigación, detener a la persona (que confesó el asesinato) y procesarla. Además, debería haber una fiscalía especializada en vulneración de derechos de estos defensores ambientales, a fin de prevenir que estos hechos vuelvan a ocurrir”, dijo Gamboa.

Tráfico de tierras y el caso Saweto

En los últimos años el tráfico de tierras ha avanzado en la Amazonía peruana. En una publicación de mediados del 2019, OjoPúblico reveló el esquema que empleaba la mafia de terrenos en la región Ucayali. Los documentos que forman parte del expediente fiscal exponen la participación de presuntos testaferros, una asociación de agricultores fantasma y exfuncionarios de la dirección agraria del mismo gobierno regional.

El asesinato de Arbildo Meléndez también trae al presente la matanza, en setiembre del 2014, de los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo de la comunidad ashéninka Alto Tamaya Saweto. A más de cinco años de los asesinatos, los responsables siguen sin ser condenados y a inicios de marzo último el fiscal que iba a acusarlos fue removido de su cargo.

En febrero último, OjoPúblico también publicó una investigación en la que identificó una serie de irregularidades y retrasos en el papel de varios funcionarios públicos responsables de investigar desde el 2008 la denuncia presentada por Chota por tráfico de madera que ocasionó el despiadado asesinato de los líderes ashéninkas seis años más tarde.

Edwin Chota, al igual que Arbildo Meléndez en su región, solicitó en reiteradas oportunidades que las autoridades de Ucayali aprobaran la titulación de las tierras de su comunidad. Sin embargo, pese a los reiterados pedidos así como las amenazas y denuncias ambientales presentadas, no recibió respuesta sino hasta su asesinato en 2014.

Fuente: Ojo-Público.com

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Los pueblos indígenas acataron el aislamiento social para protegerse del COVID-19. Foto: ORAU

Autoridades indígenas de Ucayali, Madre de Dios y Loreto hablaron sobre la situación crítica de los pueblos indígenas por la coyuntura del COVID-19 y el peligro que representa el aislamiento social para su seguridad alimentaria.

Por: Lizeth Román

“La situación actual que enfrentan los pueblos indígenas, quienes somos los más vulnerables ante cualquier tipo de enfermedad, es peligroso porque estamos siendo olvidados por el Estado”, expresó a La República Berlín Diques, presidente ORAU en Ucayali.

Como se sabe el Gobierno amplió el estado de emergencia por el coronavirus hasta el 12 de abril y con ello extendió el aislamiento y la inmovilización social. A través del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), el Ejecutivo estableció un subsidio de 380 soles para apoyar a los hogares más vulnerables para que enfrenten la coyuntura a causa del COVID-19; sin embargo, en el padrón de los beneficiarios al parecer no estarían incluidos los pueblos indígenas.

“Unos cuantos han sido beneficiados”, “nadie” o “estamos a la espera” son algunas de las respuestas de los líderes indígenas cuando se les preguntó si recibieron el bono. Estas autoridades se pronunciaron sobre el estado de los pueblos indígenas, quienes son los más golpeados por el aislamiento social, ya que no pueden salir por lo que estaría en riesgo su seguridad alimentaria.

Loreto

Contó que el Censo del año 2017 no llegó a todas las comunidades a las que representa por lo que dijo: “No existimos para el Estado”.

“Nosotros por nuestros propios medios hemos informado a las comunidades, pero no a todas. Algunas no saben que existe el coronavirus y que está en el Perú. Acceder a ellos es complicado”, aseguró el presidente de CORPI desde la región Loreto, que actualmente lidera el segundo departamento con 206 casos confirmados por COVID-19 después de Lima.

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Foto: TRT.net.tr español

Los pueblos nativos son la ‘mejor solución’ al cambio climático, los ‘mejores guardianes’ de los bosques y la biodiversidad, afirma Eloy Terena, defensora y asesora legal de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).

En la región amazónica de América del Sur las vidas de los pueblos indígenas corren un gran riesgo ya que la deforestación de las selvas tropicales continúa a pesar de los llamamientos mundiales a la acción, según Eloy Terena, líder y defensora de la comunidad indígena brasileña.

En declaraciones a la Agencia Anadolu sobre la continua deforestación de la Amazonía y sus efectos en la comunidad local, Terena, también asesora legal de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), dijo que los indígenas sacan fuerzas de los bosques para luchar, para sobrevivir y cuidan de la naturaleza, de modo que la naturaleza cuida de ellos.

«La selva es nuestra madre, es nuestro hogar, donde vivimos, pescamos, cazamos y plantamos. Sin nuestro territorio, no podemos cultivar nuestros alimentos ni agua para beber. No podemos criar a nuestros hijos. No podemos mantener nuestra existencia. Nosotros nacimos con una conexión profunda con la tierra, que es nuestro mayor patrimonio», dijo.

Serena cita trabajos científicos que reconocen a las comunidades indígenas como «la mejor solución» al cambio climático. También dijo que los pueblos indígenas son los «mejores guardianes» de los bosques del planeta, así como de la biodiversidad.

«La seguridad jurídica de nuestros territorios debe ser una prioridad mundial y las políticas globales de cambio climático deben realizarse junto a organizaciones indígenas y territoriales para ser verdaderamente efectivas», dijo la líder nativa y agregó que aunque las tierras indígenas están demarcadas, registradas y controladas por su propia gente en Brasil, la destrucción ambiental continúa, especialmente en algunos estados como Rondonia, Mato Grosso y Maranhao.

La líder cita el vínculo entre la administración del presidente Jair Bolsonaro y las actividades de deforestación. Terena afirma: «Su racismo y odio alientan a los mineros y madereros a invadir nuestros territorios y matar a nuestra gente».

«Quiere permitir proyectos de minería industrial, petróleo y gas y represas hidroeléctricas en nuestros territorios, lo que viola descaradamente la constitución de Brasil», señaló, refiriéndose a la promesa de Bolsonaro de alentar el desarrollo económico en la Amazonía.

La Convención de los Pueblos Indígenas y Tribales de 1989 rechaza los actos que legalizan la minería en tierras indígenas, agregó.

«Seguiremos haciendo lo que hacemos desde que los europeos llegaron a Brasil hace más de 520 años: luchar por nuestra existencia … y no dejaremos que un genocidio vuelva a suceder», destacó. «Si el bosque cae, todos caeremos».

Los pueblos indígenas están pidiendo a la comunidad internacional, especialmente a la Unión Europea, que rechace el acuerdo UE-Mercosur y que los apoye, ya que las empresas europeas y norteamericanas se encuentran entre las que más explotan los recursos de la selva tropical, agregó.

La deforestación se duplica en la Amazonía

«Más que nunca, necesitamos apoyar a los pueblos indígenas, que están en la primera línea de las batallas de conservación», dijo Christian Poirier, director del programa de Amazon Watch a la Agencia Anadolu. Poirier afirma que son lo más importante para prevenir el «peor de los casos», dentro de los escenarios para la selva tropical.

Continúa diciendo que el mundo se está acercando rápidamente a un «escenario del fin del mundo» en el que la selva amazónica alcanzará un punto de inflexión irreversible y dejará de desempeñar un papel estabilizador para el clima global.

«En el muy corto plazo, si Bolsonaro logra permitir la minería en tierras indígenas, no solo significará una mayor destrucción del bosque y sus ríos, sino un genocidio generalizado de varios grupos indígenas».

Según el Sistema de detección de deforestación en tiempo real (DETER) del Instituto Nacional de Investigación Espacial de Brasil (INPE), la deforestación en el primer mes de la década se ha duplicado a 280 kilómetros cuadrados (108 millas cuadradas) en comparación con enero de 2019, «que es un área 83 veces más grande que el Central Park de Nueva York».

El ambientalista menciona que los bosques ayudan a estabilizar el clima mediante la absorción de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera. Poirier afirma que también se puede convertir en un sumidero de carbono como resultado de la tala y la quema de grandes extensiones de tierra.

«Este proceso está ocurriendo debido a los altos niveles de deforestación y expone que el Amazonas está alcanzando un punto de inflexión importante en el que el bosque dejará de poder regenerarse y se convertirá en pastizales de sabana», dijo.

«Un sumidero de carbono casi del tamaño de Estados Unidos se convertiría en un productor de carbono en sí mismo», subrayó Poirier, citando el artículo ‘Amazon Tipping Point’ publicado en la revista Science Advances en diciembre del año pasado. Agregó que si esto sucediera, daría lugar a consecuencias catastróficas para la estabilidad climática del mundo.

Debido a los incendios sin precedentes del año pasado en la Amazonía, la tala de bosques aumentó en un 80% en todas las tierras indígenas, según el Instituto Socioambiental de Brasil (ISA). Poirier afirma que esto es el resultado directo de la «negligencia criminal y la mala gestión» del gobierno que continúa sin cesar.

«Los continuos aumentos en los niveles de deforestación ilegal demuestran que el régimen no ha hecho nada para remediar las causas subyacentes de la pérdida de bosques, y esta destrucción ha sido acompañada por crecientes violaciones de los derechos de los pueblos indígenas, más invasiones de sus territorios y más ataques y asesinatos de indígenas y defensores de los bosques», agregó.

La deforestación total de los «pulmones de la tierra» registrada en 2019 fue de más de 900.000 hectáreas (más de 2.2 millones de acres) y hubo más de 10.200 incendios registrados en el último año.

Fuente: TRT Español

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Las comunidades indicaron que en caso foráneos entren a su territorio, los Comités de Autodefensa intervendrán expulsándolos. (Foto: GEC)

Las comunidades del río Ene buscan impedir la propagación del coronavirus (COVID-19) con esta medida.

La Central Asháninka del Río Ene informó este jueves que todas sus comunidades se han declarado en alerta máxima y han tomado la decisión de cerrar totalmente su territorio para impedir la propagación de coronavirus (COVID-19).

En un comunicado, las comunidades indicaron que en caso ingresen a su territorio, los Comités de Autodefensa intervendrán y expulsarán a los individuos foráneos.

“Las comunidades del río Ene y la organización CAPE se declaran en alerta máxima, anunciando el cierre total del territorio asháninka, avisando a toda persona foránea que el incumplimiento de este mandato tendrá como consecuencia la intervención de los Comités de Autodefensa y la expulsión y/o entrega de estas personas a la Policía Nacional o Fuerzas Armadas”, se lee en el documento.

“Hacemos también un llamado a la Policía Nacional, la Marina de Guerra y al Ejército del Perú, que se encuentra con una gran cantidad de personal en las diferentes bases a lo largo de la cuenca del río Ene, de apoyar a nuestros hermanos asháninkas a cumplir con esa difícil tarea, y de prestar asistencia en los casos necesarios”, señalan.

Como se recuerda, el presidente Martín Vizcarra anunció el aislamiento social obligatorio (cuarentena) por 15 días en todo el territorio nacional, a fin de prevenir la propagación de coronavirus (COVID-19).

La medida también implicó el cierre total de las fronteras, por lo que queda suspendido el transporte de pasajeros por medio terrestre, aéreo, marítimo y fluvial.

Fuente: El Comercio

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Foto: Servindi

• Especialistas los consideran población de alto riesgo debido a la desnutrición, anemia, diabetes y otras afecciones que presentan, además de la falta de servicios adecuados de salud.

• Algunos pueblos indígenas ya han decidido restringir el ingreso a sus territorios de visitantes foráneos.

Por: Yvette Sierra Praeli

“La situación de salud de los pueblos indígenas por enfermedades infecto-contagiosas introducidas ya es grave debido a su alta prevalencia y el muy deficiente servicio de salud. El coronavirus agravaría más esta situación”, dice la antropóloga peruana Beatriz Huertas, especializada en pueblos indígenas, sobre las condiciones de salud y los riesgos que deben enfrentar ahora los pueblos amazónicos ante la presencia del COVID-19 o coronavirus.

Una pandemia que tiene en vilo a la población mundial y que ha llevado a varios países de América Latina al cierre de fronteras y la declaración del estado de emergencia, como medidas de contención frente el aumento de los casos de personas infectadas por el virus.

En Perú, el presidente Martín Vizcarra decretó estado de emergencia nacional por 15 días; mientras que el mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó cuarentena en siete estados del país. Ecuador también dispuso restricciones para la movilización de personas y vehículos, mientras los aeropuertos están prohibiendo la llegada y salida de vuelos a diferentes partes del mundo.

Dentro de este paquete de medidas, no se ha mencionado cómo tienen planeado los gobiernos de Latinoamérica atender a las poblaciones indígenas. Mongabay Latam conversó con expertos y líderes de estos grupos para tener un panorama claro de los riesgos que enfrentan estas comunidades y, sobre todo, los pueblos en aislamiento y contacto inicial de la región.

En riesgo permanente

La situación de los pueblos indígenas es de extrema vulnerabilidad. Huertas menciona que en las comunidades indígenas la prevalencia de enfermedades como la hepatitis B, la tuberculosis, la malaria o el dengue es alta. “¿Cómo afrontarán el COVID-19? Además, las altas tasas de anemia afectan su sistema inmunológico y los dejan sumamente expuestos a las enfermedades”.

Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), más del 50 % de los indígenas mayores de 35 años padece diabetes tipo 2. Además, los pueblos indígenas experimentan altos niveles de mortalidad materna e infantil, desnutrición, afecciones cardiovasculares, VIH/SIDA y otras enfermedades infecciosas —como el paludismo y la tuberculosis—, se menciona en la página web del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas.

“Los pueblos indígenas tienen una salud mucho más precaria, más probabilidades de quedar discapacitados y de que su calidad de vida disminuya y, en última instancia, de morir más jóvenes que los demás pueblos”, explica la ONU.

La doctora en geografía de la salud, Carol Zavaleta, señala que los pueblos indígenas son una población en alto riesgo. “No tenemos datos de lo que pasó en zonas indígenas de Perú con las anteriores pandemias. En el caso del H1N1 [gripe A], los datos de Estados Unidos, Australia y Canadá y las tasas de mortalidad para los indígenas fue de tres a siete veces más alta comparados con los no indígenas”, agrega la investigadora de la Unidad de Ciudadanía Intercultural y Salud Indígena de la Universidad Peruana Cayetano Heredia.

A Zavaleta le preocupan las tasas de desnutrición y de anemia de los pueblos indígenas, así como el pobre acceso a buenos servicios de salud y la ausencia de agua potable. Recuerda también lo que ha sucedido con el VIH, cuando ingresó el contagio y no se pudo controlar en pueblos como el awajún en Perú.

Pese a que no existen datos en los países Latinoamericanos sobre estas infecciones foráneas actuales, Zavaleta precisa que sí se cuenta con información de los brotes epidémicos durante la llegada de misiones religiosas y de personas que ingresaban a la Amazonía para realizar actividades extractivas. “En ninguna de esas circunstancias la mortalidad de los indígenas es menor o igual que los no indígenas. Esta es, además, una enfermedad foránea y por tanto completamente nueva para ellos”, comenta la también becaria de la Fundación Wellcome Trust de Inglaterra.

Restringir el ingreso a territorios indígenas

En un comunicado emitido el viernes 13 de marzo, la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica) hizo un llamado de emergencia a los gobiernos de los países miembros para que tomen medidas sanitarias y elaboren planes de contingencia de acuerdo a la situación específica de los pueblos indígenas.

Entre las medidas propuestas por la organización indígena regional se plantea un estricto control de entrada y salida a los territorios indígenas, en especial de las personas que no pertenecen a estas comunidades, así como limitar el acceso de los indígenas a lugares de turismo o donde se encuentren multitudes. Además, sugieren elaborar planes específicos ante posibles brotes del coronavirus.

“Son 506 pueblos indígenas que estarían en inminente riesgo, además de 76 pueblos indígenas en aislamiento, cuyo sistema inmunológico es muy débil y cualquier gripa los puede llevar a la desaparición. Una pandemia de esta magnitud para las comunidades nativas significaría una catástrofe de grandes proporciones”, señala el líder colombiano, Robinson López, coordinador de cambio climático y biodiversidad de la COICA.

López menciona que las actividades de turismo se deben suspender de manera inmediata en los territorios indígenas, de tal forma que se pueda evitar cualquier contagio. Además, considera que los líderes indígenas que se encuentran fuera de sus territorios no deben retornar a sus comunidades puesto que podrían ser los portadores del virus.

López agregó que las autoridades indígenas pueden tomar decisiones independientes de control en sus territorios y restringir el ingreso a los mismos.

En Colombia, el Ministerio de Salud y Protección Social y el Ministerio del Interior emitieron ayer una circular en la que detallan acciones específicas para la prevención, contención y mitigación del coronavirus en los grupos étnicos.

Entre las recomendaciones está, por ejemplo, que los grupos indígenas permanezcan dentro de su territorio y eviten la salida del mismo con el fin de reducir la exposición al riesgo de contagio. También proponen limitar el ingreso de personas ajenas a las comunidades como turistas, delegados de ONG o cooperación internacional; limitar el desarrollo de actividades con asistencia masiva, entre otras medidas de prevención.

En Perú, el Ministerio de Cultura ha coordinado con las Direcciones Regionales de Salud de 14 regiones que albergan poblaciones indígenas, para apoyar las estrategias de prevención frente al contagio del coronavirus y asegurar los canales de traducción en lenguas indígenas u originarias de las medidas que se vayan adoptando.

Héctor Requejo, alcalde de Condorcanqui, una provincia fronteriza entre Perú y Ecuador, ha anunciado que desde hoy se controlarán las carreteras de ingreso al territorio de las comunidades awajún y wampis en Perú, así como el ingreso de foráneos a sus comunidades, además de prohibir las reuniones en público.

Deficiencias en los servicios de salud

La lideresa indígena Ruth Buendía, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), señala que la infraestructura de salud en las provincias es deficiente y que en las comunidades no existen servicios básicos.

“Muchas personas se mueren por una gripe, será mucho peor con este virus. Muchas veces no hay forma de acudir a un centro de salud”, reclama Buendía. Agrega que la crisis actual debería ser una oportunidad para implementar los hospitales en las regiones, sin embargo, recuerda lo que sucedió en el norte del Perú, con la reconstrucción de los daños causados en el 2017 por el llamado Niño Costero, un proceso que hasta ahora no ha avanzado lo suficiente.

Andrés Tapia, líder de Comunicación de la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (Confeniae), comenta que en su país las federaciones indígenas han facultado a cada nacionalidad para que tomen las acciones necesarias dentro de su territorio.

“La Nacionalidad Achuar de Ecuador (NAE) ha cerrado el ingreso de turistas a su territorio y han solicitado que los lodges que acogen a visitantes extranjeros permanezcan sin atención al público”, cuenta Tapia.

El líder indígena menciona también que una de las personas que ha dado positivo al coronavirus era un turista que estuvo en el Reserva de Producción de Fauna Cuyabeno. “Las demás organizaciones están analizando cuáles serán las acciones que adopten y si hay posibilidad de contagio, tomarán medidas similares”, dijo Tapia y agregó que en Ecuador no existen protocolos específicos en situaciones como estas para las comunidades indígenas.

El líder indígena, Alex Villca, de la Coordinadora de Defensa de Territorios Indígena, Originario, Campesino y Áreas Protegidas (Contiocap), señala que Bolivia podría convertirse en el país más vulnerable y más desprotegido para este tipo de virus. “El personal de salud no está calificado para atender en caso de que el virus aumente en el país”, indica.

Villca añade que hasta el momento no se ha presentado ningún caso positivo en las 36 nacionalidades indígenas del territorio boliviano. Sin embargo, asegura que es un riesgo para aquellas comunidades que prestan servicios turísticos a extranjeros, aunque considera que con las restricciones en los aeropuertos y fronteras “el flujo turístico será nulo”.

Lo que también le preocupa al líder de la Contiocap son las consecuencias de esta pandemia. “Habrá un hueco grande en la economía global y, por tanto, puede ser una excusa para que se arremeta más contra la naturaleza, los territorios indígenas y las áreas naturales protegidas”, manifiesta Villca, para quien los gobiernos harán poco o nada para proteger a los pueblos indígenas.

Peligro latente

Para el epidemiólogo Eduardo Gotuzzo, director del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el pronóstico para los pueblos indígenas en caso llegara el virus a sus comunidades no es bueno. “Si entra a las comunidades nativas habrá mucha morbilidad y mortalidad. Tenemos que poner énfasis en las poblaciones de alto riesgo como los pueblos indígenas”, señala.

Sin embargo, Gotuzzo considera que la salud en las Américas es “la cenicienta de los estados”, pues los recursos que se destinan son pocos, los centros de salud no están implementados y no hay suficientes especialistas. “La crisis en salud es permanente”.

Los pueblos indígenas en aislamiento son también una preocupación para los líderes indígenas y especialistas. La lideresa indígena peruana Ruth Buendía señala que, en regiones como Madre de Dios y Ucayali, los pueblos en aislamiento voluntario están en peligro.

En su comunicado Coica hace un llamado a los gobiernos para tomar medidas sanitarias para los pueblos que se encuentran en lugares de difícil acceso y los pueblos indígenas en aislamiento voluntario.

Beatriz Huertas, por su parte, dice que los efectos en las poblaciones en contacto inicial serían mucho más graves. Casos de muertes masivas para pueblos indígenas en aislamiento voluntario ya se han presentado en ocasiones anteriores y han sido causadas por enfermedades como la gripe o el sarampión, para las que ellos no tienen ninguna inmunidad. En estos casos la mortalidad ha sido grande e incluso ha arrasado con poblaciones enteras.

Fuente: Mongabay.es

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