Aproximadamente el 6% del territorio peruano se encuentra ubicado en parques nacionales. Muchos de estos parques se ubican en la Amazonía, lo que los hace verdaderas reservas ecológicas de biodiversidad. Dichos parques, junto con otras zonas protegidas del Perú, constituyen un escudo de protección de uno de los ecosistemas más valiosos del planeta. De hecho, estas figuras administrativas permiten conservar ecosistemas representativos de la Amazonía peruana, así como preservar su diversidad genética. Para esto, es crítico fomentar y mejorar el uso de los recursos naturales de acuerdo a desarrollo ecológico apropiado. El turismo sostenible, la investigación de estos ecosistemas o la pesca y agricultura siguiendo prácticas ancestrales son algunas de las actividades que más se han fomentado en estas áreas protegidas para garantizar el desarrollo social y económico de las comunidades locales.
A raíz de la pandemia de la COVID-19 desde mediados de marzo de 2021 el acceso a los parques nacionales en la Amazonía peruana ha estado muy limitado debido al cierre de fronteras y el detenimiento de la actividad turística internacional. En principio, esto podría sugerir que estos espacios han estado ajenos a la acción del hombre, beneficiando la salud de los ecosistemas. Sin embargo, la Red Peruana Ciclo de Vida y Ecología Industrial (PELCAN) ha tenido acceso a fotos tomadas por uno de los primeros grupos de turistas que entraron en el Parque Nacional de Pacaya-Samiria en julio de 2021 tras el inicio de la pandemia, en el que se puede visualizar una importante actividad de tala ilegal dentro del parque.
Fotografías cedidas a la Red Peruana Ciclo de Vida y Ecología Industrial [PELCAN] de deforestación en el Parque Nacional Pacaya-Samiria (julio 2021).
La zona de tala se corresponde con las coordenadas 5°11’58.5″S 75°29’21.2″O.
Si bien se han reportado actividades de tala ilegal y deforestación en otros parques nacionales de la Amazonía desde el inicio de la pandemia, como el Parque Nacional de Catatumbo en Colombia, o en otras zonas protegidas, como la Comunidad Nativa Santa Martha (Huánuco, Perú), es la primera vez que se reportan este tipo de actividades en el Parque Nacional de Pacaya-Samiria desde el inicio de la pandemia. Estas actividades ilícitas dentro de estas áreas ponen en riesgo ecosistemas de alto valor ecológico, además de contribuir a la deforestación y, por consiguiente, a la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera, contribuyendo al cambio climático.
Desde PELCAN invocamos al Estado a que genere mecanismos más estrictos de control de las actividades que se desarrollan en zonas protegidas, así como a ofrecer el apoyo necesario para que los pobladores de las zonas limítrofes a los parques nacionales no sientan la necesidad de lucrarse a través de actividades ilícitas en tiempos de crisis económica.
