Foto: Archivo LR

Proyecto de ley plantea que las universidades brinden facilidades, y modifica el artículo 45 de la Ley Universitaria. Hace unas semanas, en Puno, una joven sustentó su tesis en aimara.

Un proyecto de ley del congresista Alberto Quintanilla, de Nuevo Perú, busca modificar el artículo 45 de la Ley Universitaria (Ley N° 30220) para que los estudiantes puedan presentar por escrito y sustentar su tesis, trabajo académico, de investigación o de suficiencia profesional en su lengua nativa.

El proyecto de ley Nº 3605/2018-CR busca que las universidades promuevan y brindan las facilidades a los estudiantes que deseen obtener sus grados y títulos a través de su idioma nativo. “Para incentivar el uso de las lenguas originarias en nuestro país”, sostuvo el legislador.

Quintanilla indicó que la Constitución Política reconoce el derecho que tienen todas las personas a ejercer su idioma original, sin ser discriminados, y que el propio Estado debe garantizar este derecho constitucional.

En su artículo 48° señala que los idiomas oficiales del Perú son el castellano, el quechua, el aimara y demás lenguas aborígenes.

“Las lenguas originarias son todas aquellas anteriores a la difusión del idioma español y que se preservan y emplean en el ámbito del territorio nacional, garantizando el derecho lingüístico de los hablantes, además de preservar, desarrollar, recuperar, fomentar y difundir su uso”, explicó el congresista.

Cabe destacar que la Ley Universitaria establece que para obtener el grado académico de bachiller, maestro o doctor, es necesario poseer el dominio de un idioma extranjero o una lengua nativa, dando la posibilidad al estudiante de optar por una de ellas.

Sin embargo, para obtener el grado o título profesional los estudiantes deben presentar por escrito y sustentar su tesis en idioma castellano, y deben adaptarse a los estándares del centro de estudios.

Universitaria sustentó tesis en aimara

El 19 de octubre, Blanca Quispe, estudiante de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno (UNAP), sustentó su tesis en aimara y castellano. Sin embargo, confesó haber tenido inconvenientes para hacerlo en su lengua originaria. Además, aún,  «no puede subir al sistema el texto de la tesis”.

Lenguas originarias

Según cifras oficiales, en el Perú existen 48 lenguas indígenas u originarias; en el caso de la Amazonía la más vital es el asháninka, usada por 97,477 personas de las regiones de Junín, Pasco, Ucayali, Apurímac, Ayacucho, Huánuco, Cusco, Lima y Loreto.

“En Puno, el 80 % de la población habla quechua y aimara, y nos imaginamos la situación en una ciudad como Lima, donde muchos jóvenes del interior del país vienen a cursar sus estudios de pregrado y posgrado universitario, y no poder optar por sustentar su tesis en su lengua originaria”, finalizó el congresista.

Fuente: La República

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Foto: USI

Por: Shuar Velásquez / Presidente de la Cámara de Comercio de los Pueblos Indígenas del Perú-CCPIP

A 20 años de cumplirse la firma del acuerdo de paz entre el Perú y Ecuador, la provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, lugar donde se desarrolló el conflicto armado, está lejos de integrarse al Perú y mucho menos de lograr un desarrollo. De una geografía accidentada, esta provincia está poblada en su mayoría por indígenas awajún y wampís y es considerada una de las jurisdicciones más necesitadas del país.

No es falsa esta aseveración. Los diferentes informes existentes en los medios confirman que entre el año 2000 y el año 2016 se han reportado más de 80 casos de sida y cerca de 400 casos de VIH. El 80% de las madres gestantes de esta provincia sufre de anemia y el embarazo adolescente alcanza el 20% del total de las mujeres.

Según otros informes también, más del 90% de las comunidades que habitan Condorcanqui no tienen acceso a agua potable y cerca del 97% de la población en general no cuenta con sistemas de desagüe ni energía eléctrica. Los medios de comunicación como la telefonía y la Internet son escasos y la inexistencia de carreteras dignas ha hecho que los costos de vida sean elevados.

El narcotráfico y la corrupción han hecho de Condorcanqui un paraíso de la ilegalidad. Alcaldes provinciales han visto en la función pública el medio principal para salir de la pobreza. En las últimas elecciones acaba de ganar un ex alcalde en cuya primera gestión jamás se solucionó el problema del agua en la capital: Santa María de Nieva. Una obra de doce millones de soles.

A dos décadas de cumplirse el fin de los episodios bélicos en el Cenepa, el presidente Martín Vizcarra debería implementar medidas para concederle el reconocimiento olvidado. Una de esas medidas es declarar a la provincia de Condorcanqui como una provincia heroica. Condorcanqui ha sido espacio de dos jornadas bélicas (la del Cenepa en 1995 y Falso Paquisha en 1981). En ambos conflictos han fallecido peruanos awajún y wampís. La declaratoria tendría que ir de la mano de la canalización de recursos para invertir en salud, infraestructura y proyectos productivos.

Otra medida es la lucha frontal contra la corrupción. El Estado debe crear estándares de anticorrupción para la gestión pública local. En Condorcanqui hay tres distritos: Cenepa, Santiago y Nieva, pero en ninguno de ellos notamos avances significativos en cuanto al desarrollo. Asimismo, el Ministerio Público, la Contraloría y el sistema judicial deben estar encabezados por personas idóneas. Actualmente Condorcanqui es un lugar para el abuso ilegal, el soborno y la perversión de la justicia.

La presencia militar es, sin duda, una necesidad impostergable en la lucha contra el narcotráfico. Para ello resulta fundamental reforzar los puestos de control existentes, además de más personal militar. Si bien es cierto que la Policía cumple un rol esencial en el tratamiento de la seguridad urbana, en lo que respecta a Condorcanqui ha perdido autoridad, toda vez que, para una provincia de mayoría indígena, este cuerpo de seguridad es visto como un enemigo potencial, dada su historia de enfrentamiento en el ‘Baguazo’. El fortalecimiento del cuerpo militar resulta esencial a la hora de neutralizar el avance de este mal que ha empezado a enquistarse.

Por otro lado, la educación es la mejor vía para crear ciudadanos que, respetando sus valores tradicionales, puedan participar de la vida pública. Es por eso que la solicitud del profesorado es pasar de ser una dependencia donde se imparte la Educación Básica Regular-EBR a otra de Educación Intercultural Bilingüe-EIB. Esta solicitud es lógica toda vez que la provincia de Condorcanqui es una provincia mayoritariamente indígena. Este tránsito no debe dejar de lado la importancia del diálogo entre Occidente y las comunidades nativas. La interrelación es crucial para formar estudiantes capaces de analizar ambos mundos.

Finalmente, no es novedad que los peruanos nos olvidemos de los episodios que han marcado nuestra identidad. Por eso, la autoridad máxima de la nación tiene la facultad de revertir esta situación tomando cartas en el asunto. Condorcanqui es una provincia histórica que le ha dado bastante al Perú y hoy nos necesita. Haciendo un paréntesis de las divisiones políticas que nos aquejan estos días, tenemos la posibilidad de hacer de esta provincia la plataforma para unir a todos los peruanos.

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Un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de la que forma parte la Red Muqui fue presentado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT a las organizaciones indígenas que reúne el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ante la obligación del Estado peruano de entregar, en el 2018, la memoria regular sobre la implementación del Convenio 169.

Estos son solo algunos de los temas abordados en el Informe Alternativo de seguimiento al Convenio 169:

• Salud. Existen nuevas causas de enfermedad y muerte vinculadas a la contaminación de ríos y fuentes de agua en la Amazonia. Muchas personas indígenas afectadas en su salud por metales tóxicos no cuentan con establecimientos médicos cercanos, especializados o abastecidos de medicamentos, insumos y equipamiento para una atención adecuada. Los pasivos ambientales de antiguas y actuales operaciones mineras e hidrocarburíferas son fuente central de contaminación para la salud.
• Debilitamiento de derechos territoriales. Desde el 2013 se han aprobado normas para promover las inversiones que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM, la Ley 30327, los decretos legislativos 1192, 1210 y 1333, Ley 30723 entre otras que afectan derechos territoriales de los pueblos indígenas.
• Consulta previa. Después de siete años de vigencia de la Ley 29785 (Ley de Consulta Previa) han quedado fuera del ámbito de consulta decisiones relevantes como las regulaciones sobre normas que afectan derechos de pueblos indígenas: propiedad y posesión de la tierra, programas de saneamiento físico legal. También han quedado fuera programas sociales que, desde una lógica asistencialista, se brindan a comunidades campesinas y nativas. Persiste la asimetría de información y conocimiento entre pueblos indígenas y el Estado. Además, es casi nula la implementación de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta.
• Criminalización de la protesta social. Bajo el supuesto de lucha contra la criminalidad organizada, se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión. Entre 1995 y 2018 se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (minería e hidrocarburos) para proteger intereses corporativos. En 2017 y hasta junio de 2018 se han declarado o prorrogado 20 estados de emergencia por supuestas causas de conflictividad social en el marco de una estrategia represiva para responder a la conflictividad social. Se asume el tema actual de la criminalización de la protesta y defensa de derechos humanos, sobre todo la legislación que favorece se problema y los convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas. Aparte de informar sobre la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento, el informe comparte hechos importantes sobre la salud ambiental e intercultural.

• Pueblos en aislamiento. El cambio de reservas territoriales a reservas indígenas debilita la protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) al perder su intangibilidad, favoreciendo la colonización, el ingreso de agentes extraños a los pueblos y la actividad económica (legal e ilegal).
• Registro y reconocimiento. No existe una adecuada coordinación para actualizar el registro de pueblos indígenas y comunidades y existe información deficiente. El Decreto Legislativo 1360 atribuye competencia exclusiva al Viceministerio de Interculturalidad para reconocer a los pueblos indígenas lo que resulta restrictivo considerando, que las comunidades campesinas y nativas tienen derecho a que se reconozca su personería jurídica como una de las formas de organización de los pueblos originarios.
• Participación política. El régimen electoral propicia el abandono de las formas tradicionales de organización porque exige a los pueblos incorporarse a los partidos. Esta asimilación es controversial, debido a que los partidos políticos no son una forma de organización propia de los pueblos indígenas. Además, se debe tomar en cuenta que la estructura de los partidos políticos peruanos se encuentra en una crisis de credibilidad.
• Censo indígena. El diseño e implementación del Censo poblacional realizado el 2017 tuvo serias deficiencias. Por ello, el Estado debe ser cuidadoso en el uso de la información generada y consultar otras fuentes y estudios para intervenir en territorios indígenas y orientar mejor las políticas públicas.
• Educación. Una de las principales afectaciones al derecho a la educación bilingüe e intercultural (EIB) es la drástica reducción del presupuesto destinado al Programa de Educación Intercultural Bilingüe en más del 50% para el 2018. Como señaló la Defensoría del Pueblo, esta situación inicia un debilitamiento en la implementación de la política pública educativa para los pueblos indígenas, cuyos avances fueron significativos en años anteriores.                                                                                                                                                                                                                                Otro punto importante trata de las mujeres indígenas y sus derechos a la participación política, a la educación, a la salud y al trabajo, igual que la violencia de genero. La comisión pide al gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas o contempladas para fomentar el acceso de la mujer indígena a la educación, al mercado de trabajo y a la propiedad de la tierra, así como, su participación en los procesos de consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                  El informe, también señala que es necesario abordar el derecho a la educación, establecido en el artículo 26 del Convenio 169 de la OIT que contiene la obligación de adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles. Otro tema es el de la administración de justicia e interculturalidad, como los derechos lingüísticos y culturales en el Poder Judicial y enfoque intercultural en la labor jurisdiccional.

Fuente: Red Muqui

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Dos estudios demuestran que los pocos avances de las comunidades para titular sus territorios son posibles con apoyo de terceros, como la cooperación financiera internacional

Por Jacqueline Fowks.

Cada año son asesinados más líderes indígenas que defienden su derecho a la tierra. Un informe reciente sobre la posesión y titulación de terrenos en 15 países alerta de que ha aumentado la violencia en disputas por este motivo y señala que cuando las comunidades intentan formalizar sus derechos y obtener un documento oficial que reconozca su propiedad, el proceso es más complejo y lento que para las empresas privadas.

El estudio La lucha por los derechos a la tierra, realizado por World Resources Institute (WRI) con el apoyo de cinco instituciones, indica que las comunidades indígenas poseen formalmente el 10% de la tierra en el mundo, pero un porcentaje menor “está registrado y titulado”, y los acuerdos consuetudinarios que antes protegían la tierra de posesión colectiva se han debilitado. Como consecuencia, al perder sus territorios, las comunidades también pierden sus medios de vida, sus casas y su herencia cultural.

La investigación sobre los procedimientos de formalización de tierra comunitaria eligió cinco países en África y el mismo número en América Latina y en Asia. Durante la presentación del informe este domingo pasado en Lima, la abogada Laura Notess apuntó que “el tiempo de concesión de las tierras puede ser de 30 días a cinco años para las empresas y de cuatro a más de 25 años para las comunidades”. Tanzania es el país con el menor plazo para la formalización y adquisición de la tierra, donde puede tomar menos de cuatro años, mientras que en Perú y Guyana, las comunidades pueden esperar de 24 a 29 años.

Los resultados de WRI coinciden con un informe presentado a fines de junio por Forest Peoples Programme (FPP) y la Asociación Interétnica de la Selva Peruana (Aidesep), la principal organización que representa a las comunidades de la Amazonia. Este señala que el Estado peruano “incumple los compromisos de reconocimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas” asumidos en 2011 como parte de su estrategia nacional de conservación de bosques y cambio climático.

Ambos estudios demuestran que los pocos avances de las comunidades para titular sus tierras son posibles con apoyo de terceros, como la cooperación financiera internacional.

Colisión de prioridades

En la Amazonia peruana, están pendientes la titulación y demarcación de aproximadamente 20 millones de hectáreas que corresponden a más de 1.300 comunidades indígenas, según Aidesep. Según la información recabada por WRI, en Perú unas 6.500 comunidades poseen 36,3 millones de hectáreas registradas y documentadas, pero otras 4.000 tienen trámites pendientes por otros 34,9 millones de hectáreas.

El Gobierno se comprometió a titular unos cinco millones de hectáreas de tierras indígenas con 20 millones de dólares (17,1 millones de euros) en fondos procedentes de Noruega, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Programa de Inversión Forestal (FIP) del Banco Mundial.

En diciembre de 2015, poco después de la Cumbre del Clima celebrada en Lima, Noruega hizo un primer desembolso de cinco millones de dólares (4,2 millones de euros), sin embargo, el apoyo económico no garantiza que las tierras de las comunidades puedan ser reconocidas por el Ministerio de Agricultura. «En la práctica, el cambio es lento y contradictorio y estas iniciativas corren el riesgo de ser socavadas por obstáculos y lentitudes burocráticas», sostuvo Lizardo Cauper de Aidesep en el lanzamiento del informe Carrera de resistencia, no de velocidad. El papel del financiamiento climático internacional para asegurar los derechos territoriales indígenas en Perú.

Antonio Collantes, jefe de la oficina de comunidades nativas del Gobierno Regional de Ucayali, explica que, en 2015, gracias a la cooperación noruega, en esa región amazónica empezaron los trámites para titular a 53 comunidades que ocupan unas 320.000 hectáreas, pero han encontrado trabas. 29 comunidades han sido afectadas por la Dirección Forestal y de Fauna y el Servicio Nacional Forestal que han entregado concesiones, por lo tanto, las gestiones están detenidas. “Si no fuera por la cooperación (extranjera) no habría fondos para titular: hemos encontrado más de 100 solicitudes de titulación que esperan hace más de 20 años. Al final, vamos a poder hacerlo con 38 comunidades en 103.000 hectáreas: el territorio se ha reducido a la tercera parte”, añadió Collantes.

Lo que describe Collantes es también parte del diagnóstico de WRI, cuyo estudio indica que para “formalizar su tierra, muchas comunidades deben aceptar derechos restringidos, nuevos riesgos o menos tierra”. De los 19 procedimientos de formalización que evaluaron en los 15 países, excepto en un caso, “los funcionarios de Gobierno imponen topes arbitrarios para el tamaño de la tierra otorgada a las comunidades”.

El caso de Santa Rosa de Uchunya

En los últimos cinco años, Ucayali se ha convertido en una de las regiones más peligrosas para los líderes de las comunidades que defienden sus territorios, invadidos por concesionarios de extracción de madera y de palma aceitera. La Federación de Comunidades Nativas del Ucayali y Afluentes (Feconau) informó de que el líder de la comunidad shipiba Santa Clara de Uchunya, Carlos Hoyos, y su hermano Benjamín fueron atacados el 7 de julio con armas de fuego mientras inspeccionaban un camino abierto por personas desconocidas.

“Fueron a verificar el lindero de su comunidad y encontraron un nuevo camino abierto por más de mil metros. Al regreso por la trocha abierta, fueron interceptados por tres sujetos desconocidos”, reportó Feconau en un comunicado el 12 de julio.

En enero, la comunidad logró que una orden judicial suspendiera las actividades de tala y deforestación de la empresa de aceite de palma Plantaciones de Pucallpa SAC. Días después, personas encapuchadas entraron a viviendas de la comunidad con armas de fuego.

“El 5 de enero, dos personas armadas y encapuchadas llegaron al hogar de un anciano de la comunidad. Interrogaron a su nuera, que se encontraba sola en la casa, preguntándole si ella era miembro de la comunidad. Cuando lo negó, le mostraron una escopeta y le dijeron que estaban buscando a los líderes y miembros de la comunidad porque estaban dispuestos a matar”, relató un comunicado firmado en febrero por 38 instituciones civiles nacionales e internacionales.

“Al mismo tiempo, nuestros trámites de titulación de la tierra vienen siendo frenados desde hace años, y en ese periodo hemos recibido amenazas de muerte y sufrimos ataques violentos contra nuestra comunidad. Tenemos miedo por nuestra vida, pero sin nuestra tierra perdemos todo”, señaló Carlos Hoyos en Lima en la presentación del estudio de WRI el 11 de julio.

Soluciones

El informe del WRI plantea que los Gobiernos establezcan e implementen reglas claras de formalización de tierra comunitaria, apliquen mecanismos de resolución de conflictos y promuevan la comunicación entre los ministerios involucrados en los trámites de formalización y en los que toman decisiones sobre las concesiones de alto valor.

Además, recomienda que las autoridades garanticen que ciertas clases de tierra, como los bosques y las zonas no ocupadas se incluyan en la formalización y otorguen a las comunidades derechos plenos sobre los recursos naturales en sus tierras.

Otra sugerencia es que los Gobiernos no asignen concesiones de recursos naturales a privados en tierras comunitarias, mientras haya solicitudes pendientes de certificados de tierra o títulos de propiedad comunitaria.

Fuente: Planeta Futuro de El País

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Por primera vez en su historia México tuvo como precandidata a la presidencia a una mujer indígena. María de Jesús Patricio, indígena nahua, médica tradicional y defensora de los derechos humanos fue elegida por el Congreso Nacional Indígena como vocera representante indígena para presentarse a las elecciones presidenciales de 2018 por la vía independiente. Bueno, en realidad su candidatura no pudo consolidarse, pues aunque fue la única aspirante independiente que no falsificó las firmas que necesitaba, no reunió las necesarias para aparecer en la boleta.

Desde el principio de su campaña para lograr la candidatura, “Marichuy”, como era conocida, fue objeto de comentarios y tratos discriminatorios en redes sociales y medios de comunicación.

En este contexto cobra relevancia la presentación en la Ciudad de México, el pasado 13 de junio, del libro “Mujeres que deciden: voces indígenas y afromexicanas hablan de política”. Se trata de cinco textos escritos por mujeres mixes, mixtecas, afromexicanas, tojolabales y nahuas que describen los retos y avances que han experimentado desde sus trincheras políticas. En la presentación, moderada por la representante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, Carmen Osorio, también participaron Otilia Lux de Cotí, Zenaida Pérez Gutiérrez, Martha Sánchez Néstor, Beatriz Amaro Clemente, Elizabeth Sánchez González, Cristina Solano Díaz y Mijane Jiménez Salinas.

Paridad no significa representación efectiva

“Democracia sin la participación de mujeres, jóvenes e indígenas, no es democracia. Es una democracia prácticamente ilegítima, no es una democracia real y verdadera”. Otilia Lux de Cotí, la mujer maya k’iché vicepresidenta del Foro Permanente de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, dijo durante su ponencia “Participación Política de las Mujeres Indígenas en América Latina” que las mujeres deben ser tomadas en cuenta en las listas de partidos políticos, en las juntas directivas de cualquier organización, en las juntas directivas de las academias, universidades y, en el caso de las poblaciones indígenas, en las organizaciones políticas comunitarias.

Lux de Cotí, quien también es oficial de Proyectos Educativos en USAID/Guatemala, señaló que la participación política de las mujeres está determinada en numerosos instrumentos internacionales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Los países signatarios están en constante evaluación para revisar sus avances en cuanto a los derechos políticos de las mujeres.

Por ejemplo, ONU Mujeres dio a conocer que en junio de 2017 en el continente americano las mujeres representaban únicamente el 28% de los parlamentos. Una cifra baja considerando que las mujeres son el 50%de la población total del continente.

Por otro lado, también existen los instrumentos nacionales que respaldan la participación de las mujeres en la política. En América Latina 18 países tienen leyes que establecen la paridad de género en sus poderes legislativos. Sin embargo, de acuerdo con Otilia Luz de Cotí, ex representante de Guatemala ante el Consejo Ejecutivo de la UNESCO, “en esa paridad tienen que estar mujeres afrodescendientes y mujeres indígenas, sino tampoco habría paridad. Porque si sólo es para las mujeres mestizas hay también desigualdad”.

En 2017 el Instituto Nacional Electoral de México decreto que el los 13 distritos electorales donde se concentra la mayor parte de la población indígena, los partidos estarían obligados a postular a personas indígenas para competir por cargos de elección popular, además de respetar el tema de la paridad. Es decir, de los 300 curules de la Cámara de Diputados mexicana, 13 deben ser ocupados por indígenas. Pero aunque se cumpla con el número, Zenaida Pérez Gutiérrez, mujer ayuujk de Oaxaca y coordinadora del Programa Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, considera que “todavía no está el mecanismo dado para que sea una representación efectiva de los pueblos indígenas. El 21.5% de la población se asume como indígena, por lo tanto la representación aún no es representativa. Debería haber 113 curules”.

En la opinión de Pérez Gutiérrez, integrante de la Asamblea Nacional Política de Mujeres Indígenas, la representación indígena debería estar también en el poder ejecutivo y judicial, no sólo en el legislativo. Además debería haber más mujeres para que la representación sea real. “En los tres poderes la paridad no ha hecho que avance la representación para mujeres indígenas ni afro. Estas representaciones deben salir del nivel municipal.”

De acuerdo con un estudio del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el periodo legislativo 2012-2015, la Cámara de Diputados de México solo tuvo cuatro mujeres indígenas en un total de 500 curules. De un total de 130 congresistas Perú solo tuvo dos mujeres indígenas en el periodo 2011-2016. En el periodo 2012-2016 Guatemala solo dio 19 curules de 158 a indígenas, de los cuales son tres fueron ocupados por mujeres. La Cámara de Bolivia está conformada por 130 diputados, 41 de ellos son indígenas y solo nueve son mujeres indígenas.

En América Latina y el Caribe, los pueblos indígenas alcanzan alrededor del 10% de la población. En Perú y Guatemala los indígenas son casi la mitad de la población y en Bolivia superan el 60%. En México, vive la mayor población indígena de la región, cerca de 11 millones de personas.

Poca representación, discriminación y además, violencia

La representación efectiva de las mujeres indígenas en la política también se ve afectada por discriminación y violencia. Por ejemplo, en 2014 el estado de Oaxaca en México obligó a los municipios a incluir por lo menos a una mujer indígena en sus cabildos. “¿Qué sucede? Que estas mujeres enfrentan algún tipo de violencia, no son llamadas a las sesiones del cabildo, no se les asignan cargos de decisión como el presidente y síndico, se les confinan a cargos de temas de cuidado”, narró Elizabeth Sánchez González, abogada del Instituto Nacional Indigenista de México.

Hasta el 8 de mayo de 2018 se habían contabilizado 94 asesinatos de candidatos y autoridades políticas en el contexto electoral mexicano y un total de 305 agresiones. De acuerdo con el Cuarto Informe de Violencia Política en México 2018, de esas 305 agresiones, 267 fueron dirigidas a mujeres. Solo del 8 de abril al 8 de mayo 2018 diez mujeres fueron asesinadas. La misma María de Jesús Patricio “Marichuy” fue asaltada en el marco de su campaña para juntar las firmas que le permitirían consolidar su candidatura. De acuerdo con Zenaida Pérez Gutiérrez, quien estuvo al frente de la Jefatura de Departamento de Derechos de la Mujer Indígena, “debe parar la violencia porque desincentiva la participación de las mujeres en la política”.

¿Y las mujeres afro?

2011 fue declarado por Naciones Unidas como el Año Internacional de los Afrodescedientes. A partir de entonces se crearon y organizaron colectivas de mujeres para empoderarlas, capacitarlas y buscar su participación política, como Unidad para el Progreso de Oaxaca AC. y Mano Amiga de la Costa Chica. En América Latina son pocos los registros y cifras sobre la participación de mujeres afro en la política. En Colombia, por ejemplo, de acuerdo con la Conferencia Nacional de Organizaciones Afrocolombianas, solo seis mujeres afro han ocupado curules en el Congreso de la República, ninguna mujer de esta población ha sido gobernadora y sólo un curul en las asambleas departamentales es ocupado por una mujer afro.

Beatriz Amaro Clemente, integrante de Unidad para el Progreso de Oaxaca AC y activista por el empoderamiento de la mujer negra, opina que “a pesar de nuestra vulnerabilidad, nuestra responsabilidad es participar por todos lados […] Cuando los pueblos negros no se visibilizan el racismo es mucho mayor. Se debe incluir la historia del pueblo negro en los libros de texto. En los censos, por ejemplo, no hay preguntas que mencionen a la población afrodescendiente”.

Reflexiones para llegar a los puestos de decisión

A Martha Sánchez Néstor, fundadora de la Coordinadora Guerrerense de Mujeres indígenas, le han ofrecido candidaturas tres partidos políticos mexicanos. “Las mujeres indígenas tenemos que decidir qué tipo de candidatura política queremos. ¿Queremos llegar al poder a través de cualquier partido y condición? ¿O queremos llegar negociando y articulando acuerdos bajo los principios que hemos definido, como la dignidad y la vida?”.

Sánchez Néstor, quien también es la responsable del Programa de Mujeres Indígenas del Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir, invitó a las mujeres indígenas y afro a pensar el tipo de liderazgo que quieren y necesitan.” Si queremos un liderazgo político tenemos que pensar a través de qué, si de los sistemas normativos o de los sistemas políticos. Hoy por hoy los partidos son los que tienen el control del poder en nuestro país. No estamos haciendo un poder paralelo, estamos tratando de incidir, estamos tratando de entrar a esa esfera donde nunca hemos estado, de la toma de decisiones.”

Por su parte, Cristina Solano Díaz, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Ensenada, traductora y perteneciente al pueblo Ñuu Savi, casi al cierre del evento lanzó otras preguntas para reflexionar: “¿Cuántas mujeres indígenas estarán realmente en puestos de decisión tras las elecciones? ¿En qué condiciones llegarán? ¿Cuáles son los retos que van a enfrentar? ¿Cómo hacer efectiva la participación y representación de la población indígena?”.

Fuente: Distintas Latitudes

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Siete años han pasado desde la aprobación de la histórica Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios. Como se recuerda, dicha Ley fue producto de la lucha indígena por el cumplimiento efectivo de este derecho, que seguía siendo ignorado por los sucesivos gobiernos pese a que se encuentra reconocido en el país desde que el Perú ratificó el Convenio 169 de la OIT en 1994.

¿Qué se ha avanzado en estos años? ¿Esta Ley, pionera en el mundo, ha logrado garantizar realmente el cumplimiento efectivo del derecho de consulta a los pueblos indígenas? Un reciente informe de CooperAcción y Oxfam muestra que no, pues en la mayoría de casos la consulta ha sido reducida a un mero trámite adicional, y en el caso de las actividades extractivas se someten a consulta decisiones administrativas menores en las etapas finales del proceso, cuando casi no queda nada sustantivo por decidir.

La investigación, realizada por Ana Leyva –directora de CooperAcción- analiza 38 procesos de consulta realizados en sectores como Energía y Minas, Transporte y Comunicaciones, Ambiente, Educación, Salud y Agricultura.

El grueso de las consultas realizadas (25 de ellas) tiene que ver con proyectos extractivos, de los cuales 13 han estado referidos a hidrocarburos y 12 a minería. Un primer problema identificado tiene que ver con la decisión sobre qué se consulta. “La realización de un proyecto extractivo implica una cadena numerosa de decisiones que se realiza en etapas. Entre tales decisiones, el Minem ha definido qué se consulta y qué no, sin haber solicitado para ello la opinión de los pueblos indígenas”, señala el informe.

Además, señala que “el mayor problema ha sido la asimetría de los actores, lo que dificulta la participación y está relacionado con temas logísticos, falta de información o de asesoría”, entre otros elementos.

La investigación también muestra las deficiencias en la información previa provista por el Estado, así como en los plazos y tiempos para el cumplimiento de las diversas etapas de información, evaluación interna y diálogo intercultural.

Por otro lado, dadas todas estas deficiencias, los acuerdos alcanzados al finalizar el proceso son, en la mayoría de casos, de tipo general y se refieren a obligaciones que ya tiene el Estado al margen del proceso de consulta. Por ejemplo, algunos de los acuerdos son que “se respete el medio ambiente”, “que la empresa cumpla con sus compromisos”, “que el Estado cumpla con fiscalizar”, entre otros. “Creemos que la consulta previa en minería, tal como ha sido diseñada, conduce inexorablemente a este resultado”, concluye la investigación.

Entre sus recomendaciones, se plantea que las medidas a ser consultada deben ser definidas en diálogo con los pueblos indígenas, se proponen cambios en la metodología y la necesidad de garantizar asesoría técnica para las etapas informativas, de evaluación interna y de diálogo, entre otros planteamientos. Ello debería llevar a modificar las normas reglamentarias emitidas por el Gobierno que regulan la consulta previa, especialmente en actividades extractivas.

Descarga, aquí

Fuente: CooperAcción

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“Lo cierto es que en esta casa

hace mucho tiempo que todos dormimos

y nadie intenta muchas cosas

nadie intenta de verdad alguna sola cosa diferente”[1]

[1] Wiener, G., (2016), Ejercicios para el endurecimiento del espíritu, Lima, Perú, PesoPluma.

Por Ilyan Gómez y Josué Losada

¿En cuántos establecimientos públicos del mundo existe un cartel prohibiendo la discriminación? Hace aproximadamente cuatro años se establecieron en varias municipalidades ordenanzas para ubicar en el ingreso principal de éste tipo de establecimientos, un aviso visible con el objetivo de prohibir y erradicar las prácticas de éste tipo; sin embargo, según los resultados de la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes sobre diversidad cultural y discriminación étnico-racial publicados por el Ministerio de Cultura a inicios del 2018, el 31% de peruanos manifiesta haber sufrido algún tipo de discriminación en los últimos doce meses (I Encuesta Nacional Digital, 2018)[1].

¿Cómo se están manejando estas interacciones, en principio íntimas, en estos lugares públicos? La discriminación es un acto político que necesita o siempre espera conversar con una audiencia porque ésta la sostiene para así reafirmar un único orden. Simpatizar con un lenguaje que genera exclusión y marginalidad como mecanismo de poder, es parte de una postura que no es consciente del otro o busca invisibilizarlo.

Es necesario entonces, como primera medida, reconocer si es el discurso propio es el que está fomentando estas situaciones. No solo basta con no ser quien inicie una conversación en donde se manifiesten discursos de segregación, es suficiente con ser parte del público espectador al escuchar y no tomar una postura crítica al respecto. Una muestra de este tipo de actitudes es el reflejo de los datos encontrados en la encuesta mencionada anteriormente con respecto al racismo, uno de los principales motivos de discriminación en Perú[2]: el 53% de la población cree que los peruanos en general son personas racistas; no obstante, solo el 8% de los encuestados se declaró abiertamente racista[3]. Reconocer y denunciar, es evidentemente el primer paso para avanzar como sociedad diversa.

Para ejemplificar de manera práctica estos comportamientos, se propone la siguiente situación: Don Pedro, un habitante de la calle ingresa a un restaurante para pedir un menú ejecutivo. El restaurante representado por su dueña, rectifica el discurso ya mencionado por un mesero y le solicita a Pedro que se retire a pesar de que él tiene el dinero para adquirir el almuerzo. Este acto, tiene en común con cualquier situación de discriminación en un establecimiento público tres actores: quien discrimina, quien es discriminado y una posible audiencia.

La situación de rechazo a don Pedro por parte del restaurante no sólo se debe entender como un síntoma contra su humanidad individual y particularizada, sino como un acto de segregación hacia lo que el restaurante considera que la humanidad individual y particularizada de don Pedro representa. La existencia de don Pedro es en simultáneo privatizada y privada; en otras palabras; en ese espacio (en principio público) se le impone a don Pedro aparecer sólo para sí mismo y, a su vez, proteger de alguna perturbación a los comensales o posibles comensales.

Esto último da pie para introducir ya no a la reacción del restaurante (establecimiento público), como entidad disciplinadora, sino a los mismos comensales y ciudadanos que evidenciaron la situación y que no reaccionaron ante ella.

Esta conversación que inicia de forma unidireccional (restaurante – don Pedro), pudo contemplar, por ejemplo, la intervención de otros sujetos a los que, en principio, no afecta de manera directa el rechazo, pero que una búsqueda de mecanismos de expresión por parte de estos podría actuar frente a lo sucedido y lograr hacer una intervención efectiva a partir del tejido de una esfera pública. Nos referimos a una de las herramientas más inmediatas: la acción en redes sociales, espacio dentro del que se lucha y espacio que representa por lo que se lucha (Butler, 2012)[4]. ¿Qué posibilidad más inmediata tendría don Pedro de hacerse escuchar, sino fuese por el registro inmediato de dicha acción por quienes reflexionan, actúan y habilitan (a su vez) la posibilidad de otros adicionales de ingresar, exponer sus subjetividades y permitirse reflexionar y actuar frente a la condición de marginalidad que se estaba imponiendo en un medio público?

Lo que el gesto de un ciudadano podría hacer al documentar y denunciar en una red social la situación de don Pedro, permite es, justamente, transformar y sacar a don Pedro y su situación del anonimato; elevar la discusión sobre la misma más allá de comentarios sobre la mesa y exponer sus argumentos e indignación como puertas para que otros se reconociesen en la subjetividad que estaba experimentando él y así lograr evitar que la indiferencia reprodujera más desigualdades sistémicas.

Una tarea que debe asumir la teoría crítica es la de hacer visibles las maneras en la que la desigualdad social infecta las esferas públicas…”[5]; nosotros agregamos, no solo la teoría crítica académica sino el accionar cotidiano de los sujetos de a pie, que por medio de su existencia propia, personal, íntima pueden ayudar a replicar esa y cualquier tipo de desigualdad, o bien, ponerla en tela de juicio.

La escala en que sucede todo lo anterior, importa.

Ilyan Gómez pertenece a Plataforma Comadres, un espacio que busca posicionar el trabajo de las mujeres en el análisis de la política nacional e internacional.

[1] Ministerio de Cultura, (2018), I Encuesta Nacional Percepciones y Actitudes sobre Diversidad Cultural y Discriminación étnico-racial, principales resultados, Lima, Perú. Recuperado de: https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/fixes/rb/pdf/primeros-resultados-encuestra-discriminacion.pdf

[2] Ibíd. Pág. 9

[3] Ibíd. Pág. 8

[4]  Butler, J. (2012). Cuerpos en alianza y la política de la calle. Revista Transversales. No. 26, pág. 2-3

[5]Butler, J. (2012). Op.cit. Pág. 113

Fuente: Noticias Ser.pe

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Comunicadores que, lejos de Lima, en su labor diaria se conectan con la población más necesitada de información, advierten las consecuencias negativas de la ley que prohíbe al Estado avisar en medios privados. «Es antidemocrática», insisten.

Al menos una treintena de radioemisoras pequeñas que promueven la educación y la cultura –y que son en muchos casos el único medio de comunicación en las zonas rurales de nuestro país– están condenadas a dejar de funcionar a consecuencia del cumplimiento de la ‘Ley Mordaza‘, que prohíbe la publicidad estatal en medios privados.

La mayoría tiene su origen en iniciativas católicas y comunitarias impulsadas por colectivos sociales ante la necesidad de contar con un medio que le permita informar eventos de importancia y desarrollo local.

Radio Sepahua, creada en el 2002 por los dominicos en el lejano distrito de Sepahua, en Ucayali, es una de estas radioemisoras en peligro. Lo grave es que es el único medio de comunicación local para los 8 mil pobladores de Sepahua, de los cuales más de cinco mil habitan en las comunidades y poblados dispersos a lo largo de las cuencas de los ríos Sepahua y Mishahua, donde no hay energía eléctrica y menos servicio de internet.

Según su director, Óscar Tellez, el 70 por ciento de los ingresos de este pequeño medio de comunicación procede de la publicidad que contrata el municipio de Sepahua y el gobierno regional de Ucayali, con los cuales «comparte el compromiso de formar parte de las campañas educativas, principalmente de salud».

Por eso, dice, con sus colaboradores crean y difunden spots y programas en lenguas nativas, pues en Sepahua existen 15 comunidades nativas. También los moradores pueden enviar sus mensajes.

«Para nosotros, lo importante es la gente. La publicidad es básicamente para mantener equipos y pagar el sueldo del personal. Si no difundiéramos sobre las campañas de salud, ¿cómo se enteraría la gente para participar de ella? ¿Quienes han aprobado la ley se han puesto a pensar en eso?», reflexionó Tellez.

Radio Madre de Dios, que nació hace 61 años como un proyecto educativo en la región del mismo nombre, también corre el riesgo de no poder mantenerse al aire debido a la ‘Ley Mordaza‘, según admite su joven director César Gonzales.

«Creemos que es necesario regular el sector (de las comunicaciones) con una reforma, pero no de esta forma limitando derechos», señaló.

Según Gonzales, si bien es cierto que los medios del interior del país reciben el 10% de la publicidad del Estado, este pequeño porcentaje es vital para su supervivencia.

Para Luis Lozada, director de radio Cutivalú, que transmite en Piura, la nueva norma, si bien no causará el cierre del medio, le generará graves problemas económicos.

«Aquí lo importante es que, si se cierran las radios como la nuestra, la población tendrá una sola versión de la información, la del Estado, en el mejor de los casos. No habrá pluralidad de los contenidos», advirtió.

El mismo criterio comparte el sacerdote Francisco Muguiro, director de Radio Marañón (Jaén), quien destaca que los fondos del Estado son de todos y para todos los peruanos, quienes deben recibir un buen servicio.

«Restringir al ciudadano el acceso a los diversos medios es antidemocrático», concluyó.  

Indígenas acudirán a la Comisión IDH

– Julio Quispe, integrante de la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, anunció que recurrirán a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos «porque la ‘Ley Mordaza‘ viola el derecho a la información, principalmente de las poblaciones más vulnerables como son las comunidades nativas».

«Esta norma viola el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y la Declaración de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas que protegen los derechos de los pueblos indígenas y que el Estado está obligado a respetar», se quejó el comunicador quechua. Recordó que la mayoría de comunidades campesinas y nativas carecen de servicios básicos y de internet.

Fuente: La República

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Ausencia de base actualizada dificulta evaluación de la situación real de titulación comunal. Asimismo, debe garantizarse la gratuidad y la simplificación del proceso de titulación.

La Defensoría del Pueblo recomendó al Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI) hacer pública la base de datos oficial sobre comunidades campesinas y nativas reconocidas y tituladas a nivel nacional.

La ausencia de una base actualizada dificulta evaluar la situación real de la titulación comunal. Este problema fue advertido por la Defensoría en el 2014 en el informe “Análisis de la política pública sobre reconocimiento y titulación de las comunidades  campesinas y nativas”.

En dicha oportunidad también se recomendó al MINAGRI simplificar los procedimientos de reconocimiento y titulación para garantizar los derechos colectivos de las comunidades.

Nelly Aedo, jefa del Programa de Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, sostuvo que es necesario una continua articulación entre los gobiernos regionales y el MINAGRI para generar permanente información relacionada a la titulación, registro y catastro de tierras comunales.

En una reunión sostenida con representantes de organizaciones indígenas y de la sociedad civil la funcionaria dijo que la información sobre tierras comunales debe ser transparentada en una plataforma tecnológica para mejorar la toma de decisiones.

El pedido al MINAGRI se efectúa en el marco de la implementación del Sistema de Información Catastral Rural en el país y permitirá evaluar la política pública de saneamiento físico de la propiedad comunal y mejorar su implementación.

Revertir «grave desaceleración»

La Defensoría del Pueblo observa que en los últimos cuatro años se han logrado avances en titulación comunal  después de 10 años de grave desaceleración.

Entre los avances menciona la creación de una dirección nacional, la emisión de lineamientos técnicos y el incremento de recursos para titulación con el apoyo de la cooperación internacional, entre otros.

Actualmente, la Defensoría del Pueblo supervisa la implementación de la política pública de reconocimiento y titulación comunal, así como la titulación de 403 títulos a comunidades nativas y 190 campesinas en Cajamarca, Amazonas, Huánuco, Loreto, San Martín, Ucayali, Junín, Cusco, Apurímac y Puno.

Ello a través del proyecto Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa – PTRT3, con una inversión de 224 millones de soles.

Asimismo, la titulación de 60 comunidades nativas de la región Loreto –específicamente de las cuencas de los ríos: Pastaza, Tigre Corrientes y Marañón– con más de 4 millones de soles, entre otros.

Prevenir corrupción y malversación

La ejecución también requiere la fiscalización de la Contraloría General de la República para prevenir actos corrupción y la malversación de dichos recursos destinados al beneficio de las comunidades.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo propone que además de garantizarse la gratuidad de los trámites administrativos de reconocimiento y titulación de comunidades, se adopten medidas eficientes para simplificar el procedimiento de saneamiento físico legal de las tierras comunales.

Fuente: Servindi

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Representantes de las comunidades afectadas directa e indirectamente por el Lote 192 piden al presidente Martín Vizcarra reafirmar el compromiso de la consulta previa y evitar un fraude como ocurrió en el 2015.

En tal sentido desmintieron el anuncio aparecido el 6 de junio en el diario Gestión en el que se informa que el gobierno definirá «si hace consulta previa» durante la visita presidencial a la región Loreto.

Representantes de cuatro cuencas afectadas por la contaminación indican que en octubre de 2017 se levantó la paralización del lote bajo el compromiso del gobierno de que se llevará a cabo la consulta previa para el nuevo contrato.

«La definición de si se hará o no consulta previa está fuera de cuestión: sí debe haber consulta», sostienen en una nota informativa del Observatorio Puinamudt.

Evitar actas fraudulentas

Los representantes de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón alertan sobre la posibilidad de que se geste un acta de consulta fraudulenta, como ocurrió en el 2015.

Ello puede ocurrir en caso que se busca firmar un acta fraudulenta con organizaciones no representativas y que el proceso excluya nuevamente a la mayoría de las comunidades.

“Nos preocupa que se vaya a reunir con representantes que no son y que vuelvan a cometer ese error”, expresó el apu Emerson Sandi, representante de las comunidades de la cuenca del Tigre, organizadas en OPIKAFPE.

Los dirigentes de las cuatro cuencas aseguran que durante la reunión celebrada con el Premier César Villanueva el 6 de junio, se les aseguró que el presidente Vizcarra no tiene planificado tocar el tema de la consulta previa durante su viaje a Loreto.

“Esperamos que sea verdad lo que nos han dicho en la reunión; pero eso no significa que no estemos alerta”, aseguró el apu David Chino, vicepresidente de la Federación Indígena Quechua del Pastaza (FEDIQUEP).

La desconfianza hacia el gobierno respecto a la consulta previa se ve afianzada por la designación de Patricia Balbuena como Ministra de Cultura, institución a cargo de garantizar un proceso adecuado de Consulta.

Recuerdan que Patricia Balbuena fue, durante 2015, viceministra de Interculturalidad y tuvo a su cargo la consulta del Lote 192, que fuera denunciada como irregular por los representantes indígenas.

Fuente: Servindi con información de PUINAMUDT

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