Dormitorio de niñas y adolescentes indígenas del pueblo awajún, en albergues donde viven y reciben educación intercultural bilingüe, en la provincia de Condorcanqui, en el estado de Amazonas, en el noreste de Perú. Esos centros sobreviven en condiciones paupérrimas y desatendidas por el Estado, lo que favorece las agresiones sexuales sistemáticas contra las escolares por parte de docentes. Imagen: Cortesía de Rosemary Pioc

Por Mariela Jara

LIMA – El principal temor que enfrentan las lideresas que han denunciado la violación sexual sistemática contra niñas del pueblo indígena awajún, en el nororiental departamento de Amazonas, en Perú, es que, pese a la repercusión mediática y anuncios de sanción de parte de las autoridades, todo quede en nada.

“Nuestras denuncias vienen desde el año 2010 y el Estado no ha actuado para que se erradiquen las violaciones a las niñas, nuestro temor es que nuevamente haya impunidad, el Estado es bien estratégico en eso”, declaró a IPS desde el municipio de Condorcanqui, Rosemary Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún/Wampis Umukai Yawi (Comuawuy).

En el mes de junio resonaron dentro y fuera de las fronteras de Perú las denuncias de lideresas del Comuawuy sobre los 532 casos de violación a niñas y adolescentes registrados entre el 2010 y 2024 en centros educativos de la provincia homónima de Condorcanqui, una de las siete del departamento de Amazonas. En ellos se brinda educación bilingüe a niñas, niños y adolescentres de entre cinco y 17 años.

En esos centros y albergues se ha producido inclusive la muerte de niñas de tan solo cinco años, contagiadas por VIH/sida por sus agresores.

Esta es una violencia sexual agravada que afecta a niñas y adolescentes indígenas en situación de pobreza y vulnerabilidad, en un contexto en que las agresiones sexuales a menores crecen en este país sudamericano de 33 millones de habitantes.

“Yo levanté niñas violentadas, ensangrentadas, he escuchado la desesperación de algunas de ellas de no ser tomadas en cuenta por sus padres cuando han contado las violaciones»: Rosemary Pioc.

Según reportes del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, en 2023 se registraron en total en Perú 30 000 denuncias de violencia sexual contra menores de 17 años.

Sin embargo, son muchos casos los que no llegan a las dependencias públicas por las diferentes barreras económicas, sociales y administrativas, especialmente cuando se trata de poblaciones rurales o de comunidades originarias.

En Perú son 55 los pueblos indígenas, que ocupan el territorio nacional desde tiempos inmemoriales, según la base de datos del Ministerio de Cultura y conforman una población de cuatro millones de habitantes.

Cuatro de esos pueblos originarios se asientan en áreas andinas y 51 en territorios amazónicos, entre ellos el pueblo awajún, que habita en los departamentos de Amazonas, San Martín, Loreto, Ucayali y Cajamarca. Pero en número, 96, 4 % de la población indígena es de pueblos andinos, principalmente el quechua,  y solo 3,6% corresponde a pueblos amazónicos.

Pese a tener garantizados sus derechos e identidades en normas nacionales e internacionales, en el caso de las niñas indígenas estos no se materializan y persiste la pobreza y desigualdades en el acceso a educación, salud, alimentación.

Según cifras oficiales de este mismo año, 30 % de la población nacional está en situación de pobreza. Al diferenciar por autoidentificación étnica, sube a 35% entre quienes aprendieron una lengua nativa en su infancia.

La pobreza extrema llegó a 5,7 %, promedio nacional que asciende a 10,5 % en Amazonas, departamento con más de 433 000 habitantes, donde las familias indígenas viven sobre todo de la agricultura, caza, pesca y recolección de frutos silvestres.

“Levanté a niñas ensangrentadas”

La educación intercultural bilingüe es una política de Estado en el Perú.

Como parte de ella se formaron las residencias estudiantiles para contribuir al acceso a la educación de la infancia y adolescencia indígena que vive en comunidades lejanas a cascos rurales y urbanos, en el caso de la provincia de Condoreanqui, en las remotas riberas de los ríos Cenepa, Nieva y Santiago.

En total son 18 las residencias en esa provincia, donde las niñas y adolescentes viven a lo largo del año, reciben alimentación y clases escolares.

“Como ellas no podrían regresar cada día a sus casas porque están a horas o días de traslado por río, el docente o el promotor se aprovecha de esta situación y las violentan en vez de garantizar su cuidado”, refirió Pioc, ella misma perteneciente al pueblo awajún.

Es en ese escenario donde se produjeron las más de 500 violaciones sexuales documentadas en los últimos 14 años.

La lideresa explicó que estos albergues están reconocidos por el Estado a través del Ministerio de Educación, pero que sobreviven en condiciones paupérrimas y librados a su suerte.

Recordó que desde hace varios años está denunciando la violencia sexual contra sus alumnas, sin que estas hayan sido atendidas por la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel), el órgano descentralizado del gobierno regional de Amazonas en materia de educación, a fin de que los docentes agresores sean procesados y destituidos.

“Estamos en el país del revés, porque en el 2017 una compañera y yo fuimos denunciadas por denunciar y defender a las niñas”, dijo.

Pioc, como originaria de Condorcanqui, conoce bien su realidad. Cuando era docente de primaria le tocó vivir experiencias terribles. “Yo levanté niñas violentadas, ensangrentadas, he escuchado la desesperación de algunas de ellas de no ser tomadas en cuenta por sus padres cuando han contado las violaciones”, relató.

Ella ha dejado la docencia para dedicarse por completo al Comuawuy y seguir con las denuncias y evitar la impunidad.

“Está el caso de un director que hizo tocamientos a dos alumnas, sus padres, con mucho esfuerzo, denunciaron a la Ugel pero no pasó nada y siguió con contrato y violó después a su sobrinita de cinco años. ‘Denúnciame si quieres’,  me dijo, ‘no me pasará nada’ y así fue, yo fui la procesada”, deploró.

Las denuncias de las lideresas indígenas adquirieron repercusión hace un mes cuando consultados al respecto, el ministro de Educación, Morgan Quero, y la titular de la Mujer, Teresa Hernández, justificaron los hechos atribuyéndolos a prácticas culturales indígenas.

Las declaraciones fueron contundentemente rechazadas por variados sectores que las consideraron racistas y evasivas de su responsabilidad como Estado de sancionar la violencia sexual y de prevenirla.

Pioc condenó la posición de los ministros y se mostró incrédula de los anuncios de sanción y otras medidas dispuestas por el despacho de Educación. “Están instalando mesas técnicas, pero solo cuando los violadores estén presos y se haya atendido la salud integral de las niñas diremos que han cumplido”, remarcó.

Los dos ministros se disculparon posteriormente y dijeron que habían sido malinterpretados, pero siguen en sus cargos, pese a las muchas solicitudes de que fueran destituidos.

Víctimas lastimadas para toda la vida

Genoveva Gómez, jefa de la Oficina de la Defensoría del Pueblo de Amazonas, informó que su sector dio cuenta en los años 2017, 2018 y 2019 de la precariedad en las residencias estudiantiles y de las deficiencias para investigar los casos de violencia sexual en el ámbito administrativo y en la fiscalía.

“Hemos recomendado a diferentes entidades del Estado medidas específicas para corregir esta situación, por ejemplo, el incremento de presupuesto, el fortalecimiento de la Comisión Permanente de Procesos Administrativos que se encarga de investigar a docentes, y que los casos prescritos a nivel administrativo se deriven al Ministerio Público (fiscalía) porque la violación sexual es un delito que no prescribe”, explicó.

Gómez conversó con IPS mientras se trasladaba desde Chachapoyas, también del departamento de Amazonas y sede de su entidad, a Condorcanqui, para participar en la sesión de la Instancia de Concertación para la Prevención, Atención y Sanción de Casos de Violencia Contra la Mujer e Integrantes del Grupo Familiar, convocada por el alcalde de ese municipio.

Abogada de profesión, sostuvo que las niñas awajún violentadas sexualmente quedarán lastimadas para toda la vida y que es urgente poner en marcha no solo mecanismos para garantizar la justicia, sino soporte emocional para ellas, sus familias y entornos.

“Como sociedad debemos tener claro que estos hechos vulneran derechos fundamentales y que no deben pasar inadvertidos”, subrayó.

Anunció que a más tardar en agosto se instalará en Condorcanqui una Cámara Gesell, de la que carecía, medio clave para la investigación fiscal en casos de violencia sexual a menores para evitar la revictimización a través de una entrevista única. La más cercana estaba en la ciudad de Bagua Grande, a siete horas de distancia por carretera.

Esa cámara o sala es un espacio preparado para permitir la observación, con dos ambientes separados con un vidrio de visión unilateral. En uno, las  niñas, niños y adolescentes que son víctimas de violación y otras agresiones sexuales,  conversan sobre esa violencia con sicólogos y aportan información relevante para el caso. En el otro, familiares, abogados y fiscales observan sin ser vistos por la víctima.

Posteriormente el sicólogo o sicóloga a cargo les pregunta sobre aspectos solicitados por los observadores. Todo se graba y funciona como una prueba validada para el juicio, por lo que la víctima no debe volver a testificar ante un tribunal.

Gómez también manifestó que el acceso a la justicia tiene muchas barreras y corresponde al Estado irlas sacando del camino para que no se dé un mensaje de impunidad a la población, en particular a las niñas awajún.

Asimismo, saludó la presencia de representantes del sector de Educación en la zona, pero consideró que este no debe ser un trabajo reactivo y por un tiempo determinado, sino sostenido y planificado que contemple la prevención.

ED: EG

Fuente: IPS Agencia de Noticias

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Ministra de Cultura, Patricia Balbuena, informó que la pregunta de autoidentificación étnica, incluida por primera vez en la historia de los Censos Nacionales 2017, permiten visibilizar nuestra diversidad cultural.

La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, informó que según los Censos Nacionales 2017, la población que tiene el asháninka como lengua materna supera las 73 mil personas, resultado obtenido gracias a que por primera vez en la historia se incluyó una pregunta sobre autoidentificación étnica que buscó visibilizar nuestra diversidad cultural.

«El Estado busca garantizar la pertinencia lingüística en la prestación de servicios públicos, fomentar la visibilización y reconocimiento de las lenguas indígenas, fortalecer las estrategias de prevención y los mecanismos de reacción contra los casos de discriminación lingüística. Asimismo, busca fortalecer los procesos de transmisión de las lenguas indígenas, revitalizarlas y recuperarlas, junto a la promoción del desarrollo oral y escrito», comentó.

Así también, la ministra Balbuena destacó a los 23 intérpretes de la lengua asháninka que se encuentran en las regiones de Cusco, Pasco, Lima, Ucayali y Junín; y que están debidamente reconocidos por el Registro Nacional de Intérpretes y Traductores de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura.

Subrayó así el trabajo que se despliega desde el Ministerio de Cultura para el uso y fomento de lenguas indígenas u originarias en la prestación de servicios al público. “Las lenguas indígenas u originarias son la expresión de una identidad colectiva y de una manera distinta de ver y describir la realidad. Su mantenimiento y desarrollo requiere de condiciones especiales”, complementó.

En esa línea, Balbuena indicó que este fin de semana se estrenó en las pantallas «Ashi Añane», el primer magazín intercultural bilingüe en lengua asháninka que se difunde por la señal de TV Perú a nivel nacional e internacional. «Es un espacio para comunicar, informar y sobre todo mostrar la cosmovisión asháninka y la cultura amazónica en toda su diversidad», remarcó.

El pueblo asháninka vive principalmente en el área que se extiende entre las laderas orientales de la Cordillera de los Andes y el alto Yurúa, que abarca zonas de los pisos ecológicos de selva alta y de selva baja de los departamentos de Junín, Ucayali, Huánuco, Cusco, Pasco y Ayacucho.

Fuente: Gobierno del Perú

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Por Payo Pauch

25 de octubre, 2013.- En puertas de una nueva “Agenda de Desarrollo” de las Naciones Unidas (2015) que evalúe y sustituya los “Objetivos de Desarrollo del Milenio”(2000), lamentablemente no se ha podido alcanzar la meta deseada de uno de los objetivos de vital importancia, el garantizar la sostenibilidad ambiental del planeta tierra. Tema sobre el cual haremos algunas reflexiones a nivel global y nacional.

Panorama global

Es evidente el progresivo deterioro ambiental producido por el mayor depredador de la tierra, el hombre, que ha causado el 50% del calentamiento climático del último siglo, por la excesiva emisión de los gases de efecto invernadero y la explotación desmesurada de la naturaleza. Teniendo que afrontar las consecuencias del cambio climático, que afecta a todo el mundo con sequías, inundaciones, grandes olas de calor, deshielo de los glaciares, aumento del nivel del mar, falta de agua entre otros.

A pesar de que uno de los principios de la sostenibilidad es no vivir a costa de las generaciones futuras, existe una nefasta situación global que los estudiosos denominan “REGLA 20/80”, consiste que los países del norte que representa el 20% de la población más rica del mundo, consumen aproximadamente el 80% de los recursos naturales del planeta. Es decir, los países ricos absorben el 85% de la renta mundial, el 75% de la energía total, el 75% de los metales, el 85% de las maderas etc. Por lo que el desarrollo de unos se ha hecho a costa del subdesarrollo de otros y de la apropiación de la riqueza de todos.

Siendo patente la contaminación de la biosfera a escalas y velocidades que ponen en peligro la convivencia mundial, el equilibrio biodinámico y la capacidad sustentable del ecosistema planetario.

Mientras exista este injusto orden mundial establecido, no habrá ninguna “fórmula mágica” para implantar estilos o modelos de desarrollo sostenible.

No obstante, existe un mayor convencimiento que uno de los requisitos básicos para garantizar la transición de la sostenibilidad ambiental, es mediante la reducción del consumo irracional en los países del norte. Se requiere un cambio en los estilos de vida de opulencia y derroche antes que el consumismo les consuma, y una redistribución equitativa de la riqueza hacia los países del sur.

Es imprescindible que los ricos vivan más simplemente, consumiendo menos y mejor, para que los pobres puedan simplemente vivir consumiendo más y mejor.

Es por tanto necesario, un replanteamiento estructural y no solamente declarativo de los esquemas de uso del medio ambiente, especialmente del consumo de los recursos naturales como el agua, la biodiversidad, la energía, la atmósfera entre otros.

Panorama nacional

El Perú es considerado como uno de los diez países megadiversos del mundo, por su riqueza y diversidad de recursos naturales; pero también se encuentra entre los diez países más vulnerables a los efectos del cambio climático (tercero en el mundo). Teniendo que afrontar serios desafíos como la pérdida del 40% de sus glaciares tropicales, los pasivos de la corriente El Niño, el 70% de su población en la costa (zona árida), deforestación etc.

Visto solamente como un almacén de materias primas, con un modelo primario exportador extractivista, alberga en su seno aproximadamente 11 millones de pobres (36% de pobreza multidimensional) y una creciente desigualdad social.

Resulta paradójico hablar de sostenibilidad ambiental, con una minería ilegal que arrasa sin misericordia la vida de los bosques y los ríos; con la gran minería asentada en cabeceras de cuenca, con extracción del mineral a tajo abierto, usando cianuro, mercurio. Lo cual no hace más que provocar enormes daños ecológicos difíciles de subsanar y serios conflictos sociales difíciles de superar, afectando la vida y la integridad territorial, social y cultural de los pueblos indígenas del país.

La historia nos recuerda que la minería en el Perú, no ha podido generar desarrollo sostenible para la población más pobre del país, pero sí riqueza para unos pocos. Es así que las regiones de Huancavelica y Cajamarca, jurisdicciones mineras explotadas durante décadas y en el presente por grandes corporaciones y empresas mineras, son las más pobres del país (Huancavelica 68.5% de pobreza, Cajamarca 67.8% de pobreza).

Por otro lado, con una agro exportación que beneficia a unos cuantos y agota el agua de muchos pueblos; el uso desordenado de los suelos y la falta de ordenamiento territorial; la sobre explotación de especies y recursos naturales; la pesca ilegal y depredación de la riqueza ictiológica; la deforestación y devastación de la amazonía por la expansión descontrolada extractivista: explotación petrolera, gasífera, minera, tala ilegal de madera, monocultivos etc. Siendo evidente la contaminación de suelos, aire, agua y la pérdida irremediable de nuestra biodiversidad, uno de los temas claves del desarrollo sostenible.

Por lo tanto, estamos bastante alejados de poder calificar de “sostenible” nuestro medio ambiente, menos aún nuestro desarrollo socioeconómico.

Solamente produciendo y consumiendo a menor costo ambiental, sin sobrepasar los límites que la naturaleza nos impone y con una redistribución equitativa de la riqueza, se podrá garantizar la transición de la sostenibilidad ambiental, social y económica del país.

Si deseamos un desarrollo sostenible, es necesario e impostergable una ESTRATEGIA NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL, un instrumento político que preserve, regule, garantice, y prevenga el uso adecuado y sostenible de los recursos naturales de manera participativa, sistemática y equitativa, sin afectar el medio ambiente y la necesidades de las futuras generaciones.

No es una maldición tener recursos naturales y energéticos como dicen algunos, es saber pensar que hacer, como, donde y para quién con ética y equidad social; tratando de alcanzar el equilibrio adecuado entre el techo ambiental y el piso socioeconómico del país.

“La tierra es insultada y ofrece sus flores como respuesta” (Rabindranath Tagore).

Fuente: Servindi

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Mediante el presente pronunciamiento, organizaciones representativas de los pueblos indígenas, organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando en pro de la defensa de los derechos de los Pueblos Indígenas, académicos, investigadores y especialistas queremos llamar la atención del Estado y la sociedad en su conjunto sobre la situación actual de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o en Aislamiento Voluntario, y Pueblos Indígenas en Contacto Inicial en el Perú.

En ese sentido, reiteramos que los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario existen y viven en la Amazonía peruana, así como los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, que son aquellos que han optado por empezar un relacionamiento con la sociedad occidental. La existencia de ambos y sus diferencias son reconocidas por el Estado peruano en su legislación, y en documentos y estudios oficiales, que lo han llevado a suscribir compromisos nacionales e internacionales para su protección. Asimismo, múltiples estudios académicos y material gráfico (videos y fotografías) documentan su existencia, así como informes de autoridades nacionales como la Defensoría del Pueblo y del sector salud. Ambos pueblos, aunque de manera diferente, son vulnerables en cuanto a su baja inmunidad epidemiológica frente a enfermedades comunes en la sociedad occidental como un simple resfriado, lo cual en los años 80 debido a un relacionamiento inadecuado en sus territorios generó la muerte de muchos peruanos en contacto inicial. A pesar de ello, sus territorios son sometidos a una enorme presión extractiva y de infraestructura; como ocurre en la zona del Bajo Urubamba donde además debido a su cercanía al VRAEM existe una progresiva militarización.

Por ello:

1. Rechazamos la información vertida en los diarios El Comercio, Gestión y en Canal N medios que sostienen de manera ligera y poco informada la inexistencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario, confundiendo a estos con Pueblos en Contacto Inicial y con Comunidades Indígenas que mantienen una relación sostenida con la sociedad occidental. Estas versiones periodísticas concentran la responsabilidad por la situación actual de los Pueblos Indígenas en las organizaciones de la sociedad civil que venimos trabajando con ellos, desconociendo que es el Estado quien ha estado ausente y de espaldas a la vida de estos pueblos desde los inicios de la República. Además, es falsa la afirmación de que las organizaciones indígenas y las que defienden los derechos humanos obstaculicen el desarrollo del país, pues lo que buscamos es construir un desarrollo responsable, sostenible e inclusivo, que respete los derechos de los Pueblos Indígenas.

2. Exigimos que el Estado priorice las políticas transectoriales especiales para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y en Contacto Inicial, garantizando la vida y la salud como bienes supremos. Estas políticas deben materializarse urgentemente con la implementación de mecanismos e instrumentos concretos y diferenciados para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario y para los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, considerando que estos últimos han decidido relacionarse con la sociedad occidental.

3. Emplazamos al Estado a la implementación de protocolos de protección estricta para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario. Asimismo, instamos al Estado la implementación de protocolos de protección y relacionamiento con los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, analizando a profundidad las consecuencias culturales de este proceso, garantizando un adecuado relacionamiento e interacción con la sociedad occidental.

4. La problemática de los Pueblos Indígenas que habitan en el bajo Urubamba requiere de una estrategia de trabajo integral coordinada con los representantes indígenas que aborde medidas de inclusión (pertinente), desarrollo, monitoreo y mitigación de impactos para los Pueblos Indígenas asentados ya sea en comunidades nativas reconocidas y tituladas en el ámbito de influencia del proyecto Camisea, así como medidas adecuadas de protección y de relacionamiento con los Pueblos Indígenas en Contacto Inicial, y medidas de protección estricta para los Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario.

5. Reafirmamos nuestro compromiso por la defensa de la vida y el respeto de los derechos de los Pueblos Indígenas de nuestra Amazonía y nuestra apuesta por el respeto y reconocimiento de los saberes y cosmovisiones indígenas.

6. Reiteramos la urgente necesidad de fortalecer la institucionalidad indígena en el Perú, garantizando la participación de los Pueblos Indígenas en toda decisión que implique impactos en sus vidas y derechos; así como el respeto por las decisiones que tomen, como parte de su libre determinación.

Organizaciones indígenas: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP); Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y Amazónicas del Perú (ONAMIAP); Confederación Nacional Agraria (CNA); Confederación Campesina del Perú (CCP); Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas del Perú (FEMUCARINAP); Unión Nacional de Comunidades Aymaras (UNCA); Central Única de Rondas Campesinas (CUNARC); Organizaciones Indigenas que conforman el Pacto de Unidad; Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónicas (COICA); Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

Organizaciones no gubernamentales y redes: Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO); Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH); Asociación Nacional de Centros (ANC); Asociación Servicios Educativos Rurales (SER); Asociación Marianistas de Acción Social (AMAS); Asociación Putumayo; Centro Amazónico de Antropología y Aplicación Práctica (CAAAP); Centro de Derechos y Desarrollo (CEDAL); Centro de Sostenibilidad Ambiental (CSA) de la Universidad Peruana Cayetano Heredia; Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (DESCO); Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH); Centro de Estudios Regionales Andinos Bartolomé de las Casas de Cusco (CBC); Centro Peruano de Estudios Sociales (CEPES); Acción Solidaria para el Desarrollo (COOPERACCION); Comisión de Justicia y Paz, Derechos Humanos del Vicariato Apostólico de Iquitos; Centro de Promoción y Defensa de Derechos Humanos (CEPRODEH) Arequipa; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR); Derechos Humanos sin Fronteras Cusco; Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (DEMUS); Forum Solidaridad Perú (FSP); Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz (FEDEPAZ); Grupo de Trabajo Propuesta Ciudadana (GTPC); Instituto de Defensa Legal (IDL); Instituto Peruano de Educación en Derechos Humanos y la Paz (IPEDEHP); Instituto del Bien Común (IBC); Instituto de Defensa Legal del Ambiente y el Desarrollo Sostenible (IDLADS); Instituto de Ética y Desarrollo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya; Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático (MOCICC); PAZ y ESPERANZA; Perú Equidad; Programa Democracia y Transformación Global (PDTG); Red Agua, Democracia y Desarrollo (REDAD); Red Peruana por una Globalización con Equidad (RedGE); Red de Propuesta y Acción RED MUQUI; Servicios en Comunicación Intercultural SERVINDI; Vicaría de la Solidaridad – Oficina de Derechos Humanos, Asociación Civil Alianza Arkana; Asociación ARARIWA; Asociación por la Vida y la Dignidad Humana (APORVIDHA).

Suscripciones personales: Alberto Chirif, Armando Guevara Gil, Martin Scurrah, Marc J. Dourojeanni, Bartolomé Clavero, Pedro García Hierro, Verónika Mendoza, Bertha Reyna Izaguirre, Hugo Cabieses Cubas, Graciela María Mercedes Lu de Lama, Gustavo Zambrano, David Velasco Rondón, German Vargas Frías, Roberto Niembro Ortega, Javier Torres Seoane, Aldo Soto, Rosa Montalvo Reinoso, Marco Huaco, Juan Aste, Santiago Alfaro Rotondo, Alfredo García Altamirano, Mariella Leo, Vladimir Pinto, Ersa Gamarra, Carmen Rosa Arévalo Salas, Roberto Lee Apac Barruet, Carla García Zendejas, Consejeros Regionales del Cusco: Elena Emperqtriz Ascarza Quispe (La Convención), Milton Barrionuevo Orozco (Chumbivilcas), Pablo Olivera Baca (Anta), Marcial Concha Tupayachi (Urubamba), Yuri Cuno Vera (Calca).

Organizaciones internacionales: Asociación Ambiente y Sociedad (Colombia); Foro Ciudadano de Participación por la Justicia y los Derechos Humanos –FOCO (Argentina); Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (FUNDEPS); Red Jurídica para la Defensa de la Amazonía (RAMA); Plataforma Boliviana frente al Cambio Climático, Amazon Watch; Asociación Pluriculturalidad Jurídica de Guatemala (PLURIJUR); Survival Internacional; Centro de Estudios Aplicados a los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CEADESC), Bolivia; Red Latinoamericana de Industrias Extractivas (RLIE); Bios Iguana A.C. México; International Rivers; Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) Observatorio de Derechos Colectivos de Ecuador; Global Witness; Rainforest UK; Forest Peoples Programme (FPP); Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía Venezola (WATANIBA).

Fuente: La República

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Este año estará referido al desarrollo, justicia e incertidumbre en la población indígena

Con el objetivo de esclarecer la relación entre el desarrollo que demanda la población indígena y el que las instituciones buscan para el bienestar de este sector, la Central Asháninka del Río Ene (CARE) organizará el foro ‘El tiempo que llega: desarrollo, justicia e incertidumbre’ que reunirá a especialistas y representantes indígenas de la Amazonía peruana.

La mesa de ponencias será moderada por el Alejandro Smith Bisso, consultor en la Asociación Peruana para la Conservación de la Naturaleza (APECO) y estará conformada por Beatriz Merino, presidenta de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos; Shuar Velásquez, Filósofo e investigador de la Asociación Tendiendo Puentes del pueblo Wampi; Fermín Tiwi, abogado y representante del Centro Amazónico de Antropología y de Aplicación Práctica (CAAAP) del pueblo Awajún y Pedro García Hierro, Abogado en el Centro de Políticas Públicas y Derechos Humanos ‘Perú Equidad’.

Asimismo, la mesa de comentaristas contará con la participación de Ruth Buendía Mestoquiari, presidente de la CARE del pueblo Asháninka; Alfonso García Miró, presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (CONFIEP); Luis Alberto Calderón, Antropólogo; Miguel Ferré, fundador y miembro del Consejo Directivo de la Escuela de Dirección de la Universidad de Piura (PAD).

Este foro se realizará como parte de las actividades que desarrollará la CARE para este Octubre Asháninka, actividad cultural y de incidencia política que se viene desarrollando por tercer año consecutivo, con la finalidad de  acortar la brecha entre las demandas asháninkas y la respuesta del Estado.

El evento cuenta con el apoyo del Programa de Desarrollo Alternativo de Satipo (DAS) y la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA). Se llevará a cabo este 30 de octubre, a partir de las 18:30 hrs. en la Casa Honorio Delgado, auditorio de la Universidad Cayetano Heredia, (Av. Armendáriz  Nº 445, Miraflores).

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Servindi, 16 de octubre, 2013.- La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana(Aidesep) exigió una vez más al Estado peruano garantizar la protección de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN), amenazados por la ampliación del Lote 88 de la empresa Pluspetrol.

La organización indígena rechazó las declaraciones vertidas por una delegación de indígenas nahua en el programa “La Hora N”. Según explica el comunicado, no se trataría de autoridades legítimas del citado pueblo.

A continuación compartimos el comunicado.

AIDESEP REITERA LA NECESIDAD QUE EL ESTADO PERUANO VELE POR LA PROTECCIÓN DE LOS PUEBLOS EN CONTACTO INICIAL Y AISLAMIENTO DE LA RESERVA TERRITORIAL KUGAPAKORI, NAHUA, NANTI Y OTROS

COMUNICADO

AIDESEP, como organización representativa de los pueblos indígenas amazónicos a lo largo de más de 30 años de trabajo organizativo por la defensa del territorio, formación de maestros bilingües, implementación de la salud intercultural, y la protección de la salud y la vida de las poblaciones indígenas en contacto inicial y aislamiento ubicadas en las reservas territoriales y propuestas de ellas en el Perú, mostramos nuestro rechazo a los comentarios vertidos en La Hora N, transmitido el jueves 10 de octubre último y en el editorial del diario El Comercio publicado el domingo 13 de octubre del presente año, así como otros medios que han seguido la misma línea informativa.

Queremos señalar que anteriormente, a través de una carta con fecha 09 de agosto dirigida al presidente Ollanta Humala, presentamos nuestra profunda preocupación al tratamiento que viene llevándose a cabo en el proceso de Estudio de Impacto Ambiental – EIA de la Ampliación del Programa de Exploración y Desarrollo del Lote 88 (proyecto Camisea), advirtiendo el peligro inminente de vulneración de los derechos fundamentales a la vida y la salud de los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario y en contacto inicial de la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros – RTKNN, lo cual conllevaría al exterminio de estas poblaciones.

Asimismo, AIDESEP ha venido participando en la elaboración de los Informes Alternativos de la OIT en el Perú con apoyo del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos – CNDDHH desde hace ya varios años, expresando a través del análisis de los casos emblemáticos expuestos la serie de problemas e incumplimientos del Estado en la protección de los derechos de las poblaciones indígenas, siendo uno de esos casos emblemáticos el proyecto Camisea y la superposición con la RTKNN.

En ese sentido, con el fin de hacer públicas las preocupaciones relacionadas a la RTKNN se organizó un desayuno de trabajo para periodistas, en coordinación con la CNDDHH y Derecho Ambiente y Recursos Naturales – DAR. Sobre las informaciones difundidas en distintos medios de comunicación sobre este evento, señalamos lo siguiente:

El Desayuno de Trabajo estaba dirigido a periodistas y se realizó con el fin de presentar los hallazgos del Informe Alternativo, entre ellos evidenciar el incumplimiento del Estado en la generación de mecanismos de protección para la RTKNN, ubicada en los departamentos de Cusco y Ucayali, y la vulnerabilidad de las poblaciones en contacto inicial y en aislamiento voluntario que la habitan; así como solicitar una vez más al Estado que cumpla con implementar de manera urgente mecanismos de protección a la RTKNN.

Los pueblos indígenas en situación de aislamiento voluntario existen en los departamentos de Cusco, Ucayali, Madre de Dios, Loreto y Huánuco, y ello es una verdad reconocida por las autoridades nacionales como el Ministerio de Cultura, por AIDESEP y sus organizaciones indígenas amazónicas regionales y por actores privados como sociedad civil, empresas y académicos.

El pedido de protección para la RTKNN al Estado no sólo ha sido realizado por AIDESEP, sino también por altos funcionarios del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racional – CERD de la ONU en dos oportunidades, por la Defensoría del Pueblo del Perú y por el propio Viceministerio de Interculturalidad, a través de la Resolución Viceministerial N° 005-2013-VMI-MC, la misma que señalaba la gravedad en los impactos en la salud de estas poblaciones.

Aclaramos que la ausencia de la representación de AIDESEP en el evento se debió estrictamente a problemas de salud de la persona designada, situación imprevista y comunicada debidamente a los presentes en el evento; y no a otros motivos, como algunos medios de comunicación han sugerido. Asimismo, se debe recordar que Santa Rosa de Serjali es una población que habita en la RTKNN, al igual que otras poblaciones en contacto inicial que existen en la zona, y también por poblaciones indígenas en aislamiento, siendo ambos grupos vulnerables.

Precisamos que la delegación presentada en los medios de comunicación como representantes del pueblo nahua debería estar conformada por autoridades actuales legítimas de este pueblo y no por personas que se arrogan dicha responsabilidad.

Desmentimos la aseveración del diario El Comercio de pretender deslegitimizar la solicitud de una Audiencia temática presentada hacia la Comisión Interamericana de Derechos Humanos – CIDH, presentada por AIDESEP, que busca presentar los incumplimientos del Estado en más de 10 años de iniciado el proyecto Camisea y la deuda pendiente con la población indígena en aislamiento voluntario y con la población en contacto inicial de la RTKNN; y solicitarle al Estado que implemente una estrategia urgente de protección a la vida y salud de estos pueblos, previniendo de esta manera que no se repitan las muertes de población de la RTKNN sucedida en los años ochenta, como resultado de contactos con trabajadores de la empresa Shell y otros, ajenas a estas poblaciones.

Finalmente, la problemática de los pueblos indígenas que habitan en el bajo Urubamba requiere de una estrategia de trabajo integral coordinada con los representantes indígenas que aborde medidas de inclusión, desarrollo y mitigación de impactos para los pueblos indígenas asentados ya en comunidades nativas reconocidas y tituladas en el ámbito de influencia del proyecto Camisea, así como medidas adecuadas de protección y de relacionamiento con los pueblos indígenas en contacto inicial, y medidas de protección estricta para los pueblos en aislamiento voluntario.

Fuente: Servindi

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Servindi, 16 de octubre, 2013.- La falta de voluntad del Gobierno para entablar un diálogo directo con los pueblos indígenas, la criminalización de sus protestas y la ausencia de una política para aquellos en aislamiento voluntario y contacto inicial, son algunos de los temas sobre los que llama la atención el “Informe Alternativo 2013 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT”.

El informe advierte graves omisiones de parte del Gobierno que no ha incorporado en su estructura orgánica la propuesta de creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas u Originarios que sea la expresión de la institucionalidad pública en materia de pueblos indígenas.

El informe es consecuencia de la labor del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH) en estrecha coordinación con las organizaciones indígenas del Pacto de Unidad.

El “Informe Alternativo 2013 sobre el cumplimiento del Convenio 169 de la OIT” se envía anualmente a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT que revisa el grado de cumplimiento del convenio ratificado por el Estado Peruano.

Uno de los puntos ampliamente tratados en el documento es la Ley de consulta previa aprobada en nuestron país en setiembre de 2011.

El informe presentado el pasado jueves señala al respecto que es preocupante que a la fecha no se haya realizado ninguna consulta previa y no se haya tomado en cuenta la demanda de los pueblos sobre la modificación de  siete artículos de su reglamento.

En palabras de Rocio Silva Santisteban, secretaria ejecutiva de la CNDDHH, la ley de consulta fue aprobada en el Perú para “quedar bien” ante la comunidad internacional y en realidad “no es operativa y si es operativa es solo para casos no controversiales”.

Pero si hay un punto que demanda acciones inmediatas y que está devidamente expuesto en el informe es el incumplimiento por parte del Estado de su compromiso de generación de mecanismos de protección para la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti y otros (RTKNN).

Según señaló Vanessa Cueto La Rosa, de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), la ampliación del Lote 88 de Pluspetrol, que se superpone en la reserva, amenaza la supervivencia física y cultural de los pueblos indígenas no contactados que viven en la zona.

Precisó que solo falta la aprobación del Viceminiterio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura para que el proyecto de inicio a sus operaciones.

Para acceder a la versión en PDF del Informe Alternativo dar clic en el siguiente enlace:

• Informe Alternativo 2013

Fuente: Servindi

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Servindi, 26 de setiembre, 2013.- A pesar del buen desempeño económico de la región, la disminución de la pobreza durante la última década (2002-2011) ha sido más lenta en las zonas rurales –donde cayó de 62 % a 49%- que en zonas urbanas, donde bajó de 38 a 24 por ciento.

En Bolivia, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Perú, más de la mitad de los asalariados rurales que se desempeñan en empresas privadas son pobres.

Así lo indica la primera nota sobre Políticas de Mercado de Trabajo y Pobreza Rural, realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

En el se advierte que los importantes déficits de trabajo decente y la debilidad de las instituciones laborales explican en parte la persistencia de la pobreza en las zonas rurales de la región.

Generalmente, esa pobreza se asocia con la existencia de pequeños productores agrícolas de baja productividad y la mala distribución de tierras. Pero a pesar de que en la mayoría de los países la incidencia de la pobreza más alta se da entre los trabajadores por cuenta propia, en varios de ellos la mayoría de los pobres rurales son asalariados.

Según la nota de políticas, el porcentaje de asalariados rurales que no tiene contrato formal puede superar el 80 por ciento en algunos países de la región y muchos de ellos no reciben siquiera el salario mínimo estipulado por la ley.

“Los principales problemas que enfrentan las aéreas rurales son la informalidad de los empleos, el incumplimiento del salario mínimo, la débil sindicalización y negociación colectiva, las brechas de cobertura de la protección social y las modalidades de contratación de mano de obra”, explicó Adoniram Sánches, Oficial de Políticas de la FAO.

“Uno de los problemas graves para el resguardo de los derechos laborales que se presenta en varios países de la región, es la falta de respaldo escrito de los contratos de trabajo, lo que en la práctica además va de la mano de una ausencia de cobertura de la seguridad social” afirmó Gerhard Reinecke, de la OIT.

Esa situación “deja en total desprotección a los trabajadores y trabajadoras de la zona rural”, explicó Gerhard Reinecke, Especialista en Políticas de Empleo de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina.

Políticas públicas para mejorar la calidad del trabajo rural

Casi todos los países de la región carecen de políticas públicas dirigidas hacia el mercado de trabajo en las áreas rurales, tanto por el desconocimiento de las particularidades de dichas áreas como por la falta de institucionalidad apropiada para apoyarlas.

Fuente: Servindi

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Este lunes se conmemoró el Día Internacional contra la Trata de Personas, crimen que consiste en el secuestro de individuos paraexplotarlos sexual o laboralmente, o para comerciar con sus órganos.

La trata de personas no es un problema menor en el mundo y ocupa nada menos que el tercer puesto de los delitos más lucrativos para las mafias de crimen organizado; solo le ganan el tráfico de drogas y el tráfico de armas.

El Perú no se ha salvado de este mal y entre las regiones más afectadas se encuentran Cusco, Loreto, Lima y Huánuco. Para tener una idea de la magnitud del problema, basta tener en cuenta que, según el Ministerio del Interior, entre junio del 2011 y setiembre del presente año la policía rescató dos mil víctimas de trata.

No obstante, si tenemos en cuenta que la mayoría de los casos no son denunciados, es esperable que la realidad sea aun más dramática. De acuerdo con Ricardo Valdés, presidente de la ONG CHS-Alternativo, solo teniendo en cuenta a los explotados por la minería informal, podríamos estar hablando de entre 25 mil y 30 mil víctimas.

Si bien el gobierno viene implementando el Plan Nacional de Acción contra la Trata de Personas 2011-2016, siguen habiendo deficiencias en la lucha contra este crimen. Un informe de la mencionada ONG presentado en el Congreso ha evidenciado algunos de estos problemas.

Así, por ejemplo, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables aún no aprueba un protocolo que sirva para que las múltiples instituciones gubernamentales que están en contacto con las víctimas de trata sepan cómo identificarlas y atenderlas. Es por ello que muchas veces estas personas son confundidas con prostitutas o con víctimas solo de violencia sexual. Y cuando sí son identificadas no hay un procedimiento unificado de cuál debe ser el tratamiento que reciba la víctima, ni de cuáles son las acciones que hay que seguir para perseguir el crimen (por ejemplo, qué preguntas se debe hacer para poder identificar y procesar al captor).

Algo similar sucede en las postas y en los establecimientos de salud, pues no existe ninguna guía que sirva a su personal para detectar casos de trata. No se cuenta con un protocolo que indique qué hacer, por ejemplo, si una mujer acude en la sospechosa compañía de algún hombre que no parece ser de su familia y que la observa, o si esta se muestra muy nerviosa y no sabe contestar dónde vive o dónde cree haber contraído la enfermedad. Por ello, es fácil que pasen desapercibidas las víctimas que acuden para tratarse alguna enfermedad de transmisión sexual.

Por otro lado, también ocurre que a menudo no se fiscaliza que las compañías de transporte interregional hagan cumplir la norma que obliga a los menores a viajar acompañados de sus padres o con un permiso notarial. Así, las víctimas pueden ser trasladadas de una región a otra sin mayores problemas. Y lo mismo sucede con el transporte fluvial.

Por su parte, también hay serios problemas en lo que respecta a la capacitación y actuación del personal policial. Por ejemplo, a pesar de existir un sistema inteligente que permite recoger todas las denuncias de trata en el ámbito nacional, trazar rutas comúnmente usadas, y en base a ello establecer perfiles de criminales (el denominado sistema Reta) este ha dejado de funcionar desde abril del 2012. Lo que es peor: cuando estaba activo no era aprovechado por la policía.

De esta forma, el personal policial no se concentra en desarticular organizaciones criminales, sino en casos pequeños, muchas veces de delitos flagrantes. Además, dado que los policías son rotados de sus puestos con mucha frecuencia, las capacitaciones que reciben sobre el tema de la trata no rinden muchos frutos.

Incluso los casos en los que las víctimas sí son rescatadas presentan problemas. No hay suficientes centros de alojamiento transitorio para ellas y en algunas regiones no hay ninguno. Y para los hombres adultos víctimas de este delito no existe ningún alojamiento en el ámbito nacional.

El Estado, claramente, no le está prestando la atención que debiera a este problema. Y , sin duda, se trata de uno al que es un escándalo voltearle la cara.

Fuente: El Comercio

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