![\"\"](\"https:\/\/red.pucp.edu.pe\/ridei\/files\/2018\/06\/mesa-las-bambas-proactivo-690x387.jpg\")
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Por Ana Leyva V.<\/strong><\/p>\n La protesta social en el Per\u00fa generalmente expresa fallas en el sistema institucional del Estado y de la sociedad para responder a problemas p\u00fablicos y procesar los conflictos que usualmente se producen. Como el sistema institucional existente falla, se crea un sistema de gesti\u00f3n de conflictos ad hoc, cuyo principal instrumento ha sido, en el \u00faltimo tiempo, las mesas de di\u00e1logo.<\/p>\n La institucionalidad del Estado falla, entre otras razones, porque las poblaciones o grupos sociales sienten que sus intereses y sus derechos no est\u00e1n siendo tomados en cuenta de manera justa en las decisiones del Estado. Es decir, perciben al Estado como una entidad cerrada, arbitraria y parcializada. Esta percepci\u00f3n se ha agudizado con las reformas sociales y ambientales de los \u00faltimos a\u00f1os, que ponen por encima la promoci\u00f3n de la inversi\u00f3n sobre otros bienes jur\u00eddicos.<\/p>\n As\u00ed pues, precede a un conflicto una serie de cartas que las organizaciones sociales env\u00edan buscando una respuesta sectorial ante determinada problem\u00e1tica. En el caso de Energ\u00eda y Minas, que es el sector que m\u00e1s conflictos sociales presenta, las cartas no se reciben si son escaneadas, es decir, tienen que necesariamente presentarse en original. Lo que supone para alguien de provincia tener que enviarla por correo y valerse de una tercera persona para presentarla o viajar y entregarla personalmente.<\/p>\n Llegada la comunicaci\u00f3n o denuncia escrita a una entidad estatal, es poco frecuente que alguien responda oportunamente. Un ejemplo claro, es la denuncia que present\u00f3 en l\u00ednea un ciudadano ante OEFA por el desborde de agua de la presa de clarificaci\u00f3n de Las Bambas a pocos meses de haber iniciado sus operaciones. Nadie respondi\u00f3 ni se supo qu\u00e9 pas\u00f3 pese a que la denuncia se present\u00f3 inmediatamente luego de ocurrido el hecho, acompa\u00f1ada de fotos para acreditarlo. Los rumores dec\u00edan que dicha presa hab\u00eda colapsado. Varios meses despu\u00e9s, y luego de mucha insistencia realizada a trav\u00e9s de la mesa de di\u00e1logo, se dio una respuesta: un funcionario dijo que se hab\u00eda tratado de un problema de exceso de agua sin mayores impactos. Cabe precisar que la inspecci\u00f3n de OEFA para corroborar el hecho se realiz\u00f3 casi dos meses despu\u00e9s y que por mucho tiempo se puso en duda la competencia de este organismo para intervenir en el caso, algunos funcionarios p\u00fablicos dijeron que se deb\u00eda recurrir a OSINERMING y los funcionarios de la empresa minera manifestaron que la competencia era de la ANA. La forma en que termin\u00f3 todo dej\u00f3 una sensaci\u00f3n de insatisfacci\u00f3n muy grande, pues por el tiempo transcurrido nada se pod\u00eda hacer y hab\u00eda que conformarse con la respuesta que se dio a trav\u00e9s de la mesa de di\u00e1logo.<\/p>\n Otro ejemplo dram\u00e1tico es el caso de los lugares contaminados. Se hacen estudios de calidad ambiental, se determina que hay contaminaci\u00f3n pero no se estudia la situaci\u00f3n de la salud de las personas que vive en esos lugares, ni se determina las causas que la ponen en riesgo. La gente presiona socialmente y a trav\u00e9s de mesas de di\u00e1logo se logra estudios de una muestra de personas sobre metales, metaloides y otras sustancias t\u00f3xicas en sangre, orina o cabello; as\u00ed como en algunos casos se compromete estudios de causalidad, que deben ayudar entre otras cosas, a controlar la contaminaci\u00f3n.<\/p>\n Los estudios toxicol\u00f3gicos en varios casos emblem\u00e1ticos han arrojado resultados diversos: personas con altos niveles de contaminaci\u00f3n, otras que est\u00e1n sobre el est\u00e1ndar y otras por debajo pero que presentan metales, metaloides o sustancias t\u00f3xicas. Frente a ello, lo \u00fanico que hace el Estado es entregar los resultados, incluso tard\u00edamente (hasta m\u00e1s de un a\u00f1o despu\u00e9s) y lo hace por fuera del sistema de salud, sin asumir responsabilidad sobre ellos. La entrega de resultados produce estr\u00e9s emocional en las personas que est\u00e1n por encima del est\u00e1ndar ya que se enfrentan a un alto nivel de incertidumbre sobre su futuro, pues nadie le explica que significan esos resultados (si est\u00e1n enfermos o no), qu\u00e9 le puede suceder y qu\u00e9 deben hacer. Es decir, se los deja a su suerte.<\/p>\n Como podemos apreciar, en muchos casos las mesas de di\u00e1logo han sido la instancia que ha permitido visibilizar los problemas que el sistema institucional ignora; as\u00ed como establecer un canal institucional ad hoc con la entidad que debe atenderlo. La dificultad que presenta es que al ser ad hoc, y al no encontrarse normado, depende de la voluntad de la autoridad pol\u00edtica o del funcionario p\u00fablico que asumi\u00f3 el compromiso y como estos cambian frecuentemente, los problemas se quedan sin resolver. El estudio de causalidad de la contaminaci\u00f3n de Espinar todav\u00eda no tiene resultados pese a que han transcurrido seis a\u00f1os desde que el Estado asumi\u00f3 el compromiso de realizarlo, en la mesa de di\u00e1logo. Ning\u00fan funcionario ha sido sancionado por ello,\u00a0 ni siquiera se sienten en falta y en la necesidad de dar una explicaci\u00f3n por la demora.<\/p>\n Pese a sus m\u00faltiples deficiencias, las mesas de di\u00e1logo suelen cumplir una funci\u00f3n de mesa de parte multisectorial, pero tambi\u00e9n permiten a los actores introducir sus problemas en la agenda p\u00fablica, algo dif\u00edcil de lograr. Por ello, organizaciones sociales como el Frente de Defensa de los Intereses de Cotabambas insisten en reactivar la mesa de di\u00e1logo de Cotabambas que dej\u00f3 de funcionar en octubre de 2016.<\/p>\n Este frente de defensa, en las \u00faltimas reuniones de la mesa de di\u00e1logo que se realizaron, puso en conocimiento del Estado la problem\u00e1tica en torno a la carretera del transporte minero. Report\u00f3 que esta v\u00eda\u00a0 que se hab\u00eda convertido en p\u00fablica ocupaba tierras de comunidades campesinas, sobre las que se hab\u00eda establecido servidumbre con la minera y que exist\u00eda la necesidad de realizar el saneamiento de la propiedad. Pero sobre todo denunci\u00f3 el impacto en polvo, ruido, vibraci\u00f3n y congesti\u00f3n que produc\u00edan los camiones de carga pesada al transitar sobre una carretera sin asfalto. Tambi\u00e9n evidenci\u00f3 que la modificatoria del EIA que permiti\u00f3 el cambio de mineroducto \u00a0a transporte terrestre no adopt\u00f3 las medidas adecuadas para controlar el impacto y que ello se deb\u00eda corregir. A m\u00e1s de dos a\u00f1os de haber comunicado el problema, \u00e9ste no se resuelve y el fiscalizador ambiental todav\u00eda no ha comprobado los impactos denunciados p\u00fablicamente, ni ordenado que se adopten las medidas necesarias para corregir la forma en que se viene realizando el transporte, m\u00e1s a\u00fan cuando se ha aumentado la capacidad de procesamiento, lo que supone que se producir\u00e1 m\u00e1s y que el transporte se incrementar\u00e1. La raz\u00f3n de la falta de reacci\u00f3n del fiscalizador tambi\u00e9n se identific\u00f3 en la mesa de di\u00e1logo: el Estado no ten\u00eda la claridad sobre a qui\u00e9n correspond\u00eda la competencia de fiscalizar, si era al OEFA como fiscalizador de la actividad minera, o al MTC o a los gobiernos regionales o locales como autoridades del transporte p\u00fablico en sus \u00e1mbitos de acci\u00f3n. Esta duda se mantiene y aparentemente, por ello nadie interviene.<\/p>\n Frente al problema, algo se est\u00e1 haciendo: la exigencia de asfaltado llev\u00f3 al gobierno central a firmar un convenio con las empresas que utilizan el llamado corredor minero del sur para que juntos asfalten la carretera. Adem\u00e1s, para facilitar el proceso, el gobierno \u00a0ha convertido recientemente en v\u00eda nacional la carretera del transporte minero de Las Bambas en la parte que pertenece al departamento de Apur\u00edmac. Evidentemente, no es la soluci\u00f3n m\u00e1s feliz, integral e institucional, pero algo se ha hecho para aminorar los problemas existentes. Si la mesa hubiese seguido existiendo, tal vez la vigilancia ciudadana hubiese planteado una soluci\u00f3n m\u00e1s justa para el Estado e integral. No hay mesa, no hay manera de dar seguimiento a ese proceso, ni la posibilidad de mejorarlo.<\/p>\n Es evidente que sostener una mesa de di\u00e1logo es costoso para el Estado. Pese a ello, han sido necesarias. Si bien han tenido muchas deficiencias, tambi\u00e9n han mostrado alguna utilidad como hemos se\u00f1alado. Nos parece importante que el Vice Ministro de Gobernanza se pregunte si ese es el camino correcto; pero si no lo es, nos parece necesario que plantee una propuesta alternativa. Tener una respuesta articulada de las cuatro secretar\u00edas del Vice-Ministerio de Gobernanza a los problemas subyacentes en los conflictos es insuficiente, porque la atenci\u00f3n de la mayor\u00eda de ellos le corresponde a los ministerios sectoriales.<\/p>\n Fuente: CooperAcci\u00f3n<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Por Ana Leyva V. La protesta social en el Per\u00fa generalmente expresa fallas en el sistema institucional del Estado y de la sociedad para responder a problemas p\u00fablicos y procesar los conflictos que usualmente se producen. Como el sistema institucional existente falla, se crea un sistema de gesti\u00f3n de conflictos ad hoc, cuyo principal instrumento ha sido, en el \u00faltimo tiempo, las mesas de di\u00e1logo. La institucionalidad del Estado falla, entre otras razones, porque las poblaciones o grupos sociales sienten que sus intereses y sus derechos no est\u00e1n siendo tomados en cuenta de manera justa en las decisiones del Estado. 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