![\"77cd33a8-e321-467c-966d-dc12a9a1739f\"](\"https:\/\/red.pucp.edu.pe\/ridei\/files\/2018\/02\/77cd33a8-e321-467c-966d-dc12a9a1739f-690x518.jpg\")
<\/h3>\n<\/h3>\nEn las m\u00e1s conocidas p\u00e1ginas de noticias del pa\u00eds pasaron desapercibidas las conclusiones de una de las audiencias p\u00fablicas de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en su sesi\u00f3n n\u00famero 162 (mayo de 2017), en la que se le llam\u00f3 la atenci\u00f3n al estado peruano en relaci\u00f3n a c\u00f3mo \u00e9ste viene aplicando pol\u00edticas \u00abregresivas\u00bb en materia de institucionalidad ind\u00edgena.<\/p>\n
En la audiencia conducida por las comisionadas Esmeralda Arosemena, Margarette May Macaualay y el comisionado Paulo Vannuchi de la CIDH se resalt\u00f3, por ejemplo, las \u00abgraves consecuencias\u00bb de haber usado la palabra mestizo en el \u00faltimo\u00a0censo<\/a>\u00a0nacional del a\u00f1o pasado; y que, el hecho de que el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amaz\u00f3nicos y Afroperuano (Indepa) haya perdido rango ministerial, implica cierta regresividad. \u00abCuando hay regresividad nos cabe alertar\u00bb, dijo en su\u00a0intervenci\u00f3n<\/a>\u00a0el comisionado Vannuchi.<\/p>\n El Indepa es ahora tan solo un \u00f3rgano adscrito al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura del Per\u00fa. Lo peque\u00f1o dentro de lo peque\u00f1o.<\/p>\n Tan solo un blog, el del Instituto Internacional de Derecho y Sociedad (IIDS), liderado por la abogada\u00a0Raquel Yrigoyen Fajardo<\/strong>, rebot\u00f3 en junio de ese a\u00f1o dicha informaci\u00f3n. Yrigoyen, junto a diversas organizaciones ind\u00edgenas, afrodescendientes y campesinas del Per\u00fa estuvieron en esta audiencia para exponer sus se\u00f1alamientos sobre lo que est\u00e1 pasando en el pa\u00eds en lo que respecta institucionalidad ind\u00edgena, frente a representantes del estado peruano.<\/p>\n Esos dos casos -el censo y el Indepa- aluden a decisiones tomadas durante los gobiernos de Pedro Pablo Kuczynski y el segundo gobierno de\u00a0Alan Garc\u00eda<\/a>,\u00a0respectivamente. Sin embargo, de acuerdo a Yrigoyen, el debilitamiento de esta institucionalidad ha ocurrido en todos los gobiernos desde la presidencia de Alberto Fujimori, y en distintos niveles.<\/p>\n Eso es lo que nos comenta Yrigoyen, quien convers\u00f3 con nosotros. Quien fuera tambi\u00e9n consultora en la Oficina Internacional del Trabajo (OIT) para el programa de promoci\u00f3n y aplicaci\u00f3n del Convenio 169 OIT en Am\u00e9rica Latina, se\u00f1al\u00f3 que, en la actualidad, estamos viviendo una suerte de tercera invasi\u00f3n y despojo de los territorios ind\u00edgenas \u2013sistem\u00e1tica y estructural al Estado peruano-, luego de las dos ocurridas con la llegada de los espa\u00f1oles y aquella durante el siglo XIX y la construcci\u00f3n de la Rep\u00fablica.<\/p>\n \u201cEstos 30 \u00faltimos a\u00f1os vivimos el tercer ciclo de invasi\u00f3n de los territorios ind\u00edgenas. Pero ya no los va a encontrar desarmados. De un lado los pueblos lograron el reconocimiento de derechos y el constitucionalismo social, (\u2026) ahora tenemos un marco de protecci\u00f3n\u00a0in crescendo<\/em>\u00a0que se reafirma con el convenio 169 de la OIT, la declaraci\u00f3n de Naciones Unidas\u00a0del 2007<\/a>\u00a0y toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (comunidad Mayagna Awas Tingni versus Nicaragua, Comunidad Ind\u00edgena Sawhoyamaxa versus Paraguay, entre otras)\u201d<\/p>\n Sin embargo\u2026<\/p>\n \u201cLuego viene el Consenso de Washington, la banca mundial y el Fondo Monetario Internacional quienes empiezan a condicionar a los pa\u00edses la entrada de las trasnacionales para extraer recursos a cambio de refinanciar la deuda. El Per\u00fa lo hace en el 1992 y empieza la contradicci\u00f3n entre un marco jur\u00eddico de protecci\u00f3n de los derechos de los pueblos originarios y pol\u00edticas que van en detrimento y en desconocimiento de esos derechos\u201d, afirma.<\/p>\n Recordemos que durante el gobierno de Alberto Fujimori, con la nueva Constituci\u00f3n de 1993 se elimin\u00f3 los conceptos de \u201cinembargabilidad\u201d y de \u201cinalienabilidad\u201d de las tierras de las comunidades campesinas y nativas que estaban en el art\u00edculo 89 de la Constituci\u00f3n de 1979, como lo record\u00f3\u00a0en una publicaci\u00f3n<\/a>\u00a0en cierta oportunidad el abogado de Instituto de Defensa Legal Juan Carlos Ruiz Molleda. Se promulg\u00f3, adem\u00e1s, en 1995 la ley 26505 (\u00abLey de la inversi\u00f3n privada en el desarrollo de las actividades econ\u00f3micas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas\u00bb) que volvi\u00f3 a reafirmar el sistem\u00e1tico despojo y la privatizaci\u00f3n de las tierras de las comunidades campesinas y nativas.<\/p>\n Luego, la continuidad: Alejandro Toledo y el Tratado de Libre Comercio, Alan Garc\u00eda y el Baguazo, Ollanta Humala y los conflictos mineros.<\/p>\n Fue el Instituto Internacional de Derecho y Sociedad, fundado por Yrigoyen Fajardo, quien llev\u00f3 el caso del conflicto por el proyecto minero Conga a la CorteIDH. Esta misma instituci\u00f3n ve actualmente el caso de la comunidad nativa Tres Islas (Tambopata, Madre de Dios), comunidad constituida de familias Shipibas, Ese Ejas, Ash\u00e1ninkas y no ind\u00edgenas. En el 2010, haciendo uso de su jurisdicci\u00f3n y autonom\u00eda, luego de acordarlo en una asamblea, esta comunidad decidi\u00f3 instalar una tranquera y una casa comunal para controlar y evitar la entrada de mineros y taladores, y toda su maquinaria, a sus territorios. Las empresas mineras Los Mineros S.A.C. y Los Pioneros S.C.R.L interpusieron un\u00a0h\u00e1beas corpus<\/em>\u00a0por presuntamente haberse violado el derecho al libre tr\u00e1nsito con la decisi\u00f3n de la comunidad. Un juez acoge dicha solicitud y en menos de una semana la polic\u00eda nacional llega al lugar para retirar la infraestructura de defensa que fue consensuada en Tres Islas. \u201cT\u00fa ves all\u00ed que la justicia s\u00ed funcion\u00f3: cumpli\u00f3 todos sus plazos, orden\u00f3 ejecutar, todo funcion\u00f3 perfecto\u201d, comenta Yrigoyen, pero con cierta salvedad.<\/p>\n La respuesta de Tres Islas fue interponer otro\u00a0h\u00e1beas corpus<\/em>. Y en el a\u00f1o 2012, el Tribunal Constitucional declar\u00f3 fundado dicho pedido interpuesto por la comunidad nativa, frente a la sentencia anterior emitida por la Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Madre de Dios que\u00a0favoreci\u00f3<\/a>\u00a0a las empresas denunciantes. No obstante, han pasado casi cinco a\u00f1os, y mientras las familias de Tres Islas no tuvieron tranquera ni caseta de supervisi\u00f3n, su territorio fue invadido por aquellos contra quienes se defendieron en un primer momento. Lo que piden, ahora, es que Ministerio del Interior y el Ministerio P\u00fablico ayuden a desalojar a los invasores, y est\u00e1n a la espera de ello tras haberse reunido con autoridades de esas instituciones, as\u00ed como con representantes del Congreso de la Rep\u00fablica, con el Presidente del Poder Judicial, Duberl\u00ed Rodr\u00edguez y con la Defensor\u00eda del Pueblo. M\u00e1s de cinco a\u00f1os desde la sentencia del Tribunal Constitucional no son sin duda iguales a la eficiencia de menos de una semana con que se orden\u00f3 destruir la tranquera de la comunidad nativa.<\/p>\n \u201cTal es la desidia que a la comunidad de Tres Islas se la ha detectado mercurio y ha ganado una\u00a0medida cautelar<\/a>\u00a0de la CorteIDH para que el Estado le proteja\u201d se\u00f1ala Yrigoyen, y esto ocurre por la intensa actividad de la miner\u00eda ilegal en su territorio.<\/p>\n No solo se experimenta la desidia de algunas autoridades, sino acciones que rayan con la injusticia. El \u201cProyecto de conectividad integral de banda ancha para el desarrollo social de la regi\u00f3n de Lambayeque\u201d, subsidiado por el Fondo de Inversi\u00f3n de Telecomunicaciones del MTC, fruto de un convenio entre esta instituci\u00f3n y Telef\u00f3nica, tiene como objetivo lograr la conectividad en zonas rurales en todo Lambayeque. La comunidad de San Juan de Ka\u00f1aris es una de las beneficiadas bajo la condici\u00f3n, sin embargo, de que sea obligatoria la compra-venta de parcelas de territorio para instalar la infraestructura requerida acceder a ese servicio p\u00fablico. En el 2016, l\u00edderes Ka\u00f1aris y autoridades municipales llegaron hasta el Congreso de la Rep\u00fablica para exigir la modificaci\u00f3n de esa condici\u00f3n, pues s\u00ed estaban de acuerdo con el acceso a servicios, sin duda, pero\u00a0en los t\u00e9rminos de alquiler<\/a>.<\/p>\n \u201cEn general hay muchas dificultades para acceder a la justicia. Estos procesos son car\u00edsimos y largos. Se debe estar viajando a la comunidad y al juzgado, y los abogados de oficio no toman estos casos. La Defensor\u00eda del Pueblo que tendr\u00eda potestad para interponer acciones de amparo y constitucionales de oficio tampoco lo suelen hacer. Cuando los comunidades quieren acceder a la justicia e interponen acciones se encuentran con trabas, lentitud, y los jueces casi nunca les dan la raz\u00f3n en primera instancia\u201d, comenta, por experiencia, la abogada.<\/p>\n Cuando a los pocos d\u00edas de que\u00a0Irup\u00e9 Ca\u00f1ari Arag\u00f3n<\/strong>\u00a0empez\u00f3 a trabajar como asesora legal en la Central Ash\u00e1ninka del R\u00edo Ene (CARE), organizaci\u00f3n que agrupa a 17 comunidades y 33 anexos de esta cuenca, tuvo que atender el caso de un jefe Ash\u00e1ninka, detenido por requisitoria al no haber rendido su manifestaci\u00f3n en un proceso. Ella estaba all\u00ed cuando el juez empez\u00f3 con sus preguntas iniciales de rutina: cu\u00e1l es su nombre, edad, nombre de mam\u00e1, hijos, etc. El jefe dijo que prefer\u00eda responder en su idioma. \u201cEl juez se\u00f1al\u00f3 que no se necesitaba un int\u00e9rprete y que se le deb\u00eda tomar la declaraci\u00f3n en castellano\u201d, cuenta.<\/p>\n La insistencia de Ca\u00f1ari de se\u00f1alar la necesidad de que se consiga un int\u00e9rprete fue interpretado por el magistrado como una obstaculizaci\u00f3n de la diligencia \u201cy que se levantar\u00eda un acta haciendo constar la obstrucci\u00f3n al trabajo del juez\u201d.<\/p>\n \u201cTenemos, por un lado, el ind\u00edgena que est\u00e1 en calidad de agraviado y por otro lado, el ind\u00edgena que est\u00e1 en calidad de denunciado o acusado, quienes tienen el derecho a que se les garantice sus derechos como ind\u00edgenas en un proceso de investigaci\u00f3n fiscal o judicial que es diferente y desconocido, en la mayor\u00eda de los casos, por los ind\u00edgenas. En ambos casos no hay presencia de traductores que de oficio deber\u00eda garantizar el Ministerio Publico, el Poder Judicial, la Polic\u00eda Nacional, Medicina Legal, y no esperar que el abogado del ind\u00edgena lo solicite\u201d, observa la abogada.<\/p>\n La comunidad nativa de Meantari, en febrero de 2017, fue invadida por taladores ilegales, quienes llegaron al lugar armados. Desalojaron con amenazas a los Ash\u00e1ninkas asentados all\u00ed y destruyeron y quemaron la casa comunal y parte de sus pertenencias que las familias dejaron por el miedo frente semejante invasi\u00f3n que tuvo, cuentan algunos comuneros, algunos parecidos con el terrorismo que vivieron sus padres y algunos de ellos cuando fueron ni\u00f1os.<\/p>\n Pasaron dos meses desde ese violento despojo, y los ronderos de la cuenca del Ene lograron retomar Meantari luego de que los ronderos ind\u00edgenas de la cuenca del Ene se organizaran para ello. Armados con retrocargas y arcos y flechas, llegaron y constataron que los invasores hab\u00edan huido, dejando algunas herramientas para la tala y madera de tornillo aserrada apilada que no pudieron llevarse.<\/p>\n Serfor hizo el decomiso, CARE hizo las denuncias respectivas por tala ilegal, usurpaci\u00f3n y da\u00f1o agravado; sin embargo, hasta ahora el fiscal en materia ambiental, Julio D\u00e1vila Pu\u00f1o, no ha ido al lugar donde est\u00e1 la madera para continuar con las diligencias. Su argumento, nos cuenta Ca\u00f1ari, es el siguiente: es zona roja y \u00e9l no puede exponerse a una zona de ese tipo, en donde el narcotr\u00e1fico est\u00e1 activo. Es decir, \u00bflos ash\u00e1ninkas s\u00ed?<\/p>\n D\u00e1vila Pu\u00f1o, desde el helic\u00f3ptero que lo iba a dejar en la zona para hacer la constataci\u00f3n, dijo que las fuerzas armadas le informaron que no deb\u00eda bajar\u00a0por no ser seguro<\/a>.<\/p>\n En este caso los mismos ash\u00e1ninkas fueron denunciados por usurpaci\u00f3n por los presuntos invasores. En esas oportunidades uno podr\u00eda decir que es una justicia totalmente ciega. Sin mencionar lejana, ya que para viajar a Satipo y realizar las diligencias judiciales o administrativas se necesitan recursos econ\u00f3micos, pues son varias horas de viaje en chalupa o en carro.<\/p>\n\u00abA qui\u00e9n de nosotros, aqu\u00ed en la ciudad, le obligan a perder una parte de propiedad para acceder a un servicio p\u00fablico. A los pueblos ind\u00edgenas les obligan\u00bb, se\u00f1ala.<\/h3>\n
\u201cTodas las denuncias que CARE efectu\u00f3 por delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, en la cuenca del R\u00edo Ene, siguen en proceso de investigaci\u00f3n en sede fiscal, sin haberse efectuado diligencias de inspecci\u00f3n ocular, es decir el fiscal no tiene una participaci\u00f3n activa del proceso de investigaci\u00f3n, limit\u00e1ndose solo a recabar declaraciones testimoniales. Por ello, existe impunidad, ya que no hay presencia del Estado\u201d, comenta la abogada.<\/h3>\n