{"id":23271,"date":"2015-06-05T12:54:44","date_gmt":"2015-06-05T17:54:44","guid":{"rendered":"https:\/\/red.pucp.edu.pe\/ridei\/?p=23271"},"modified":"2015-06-05T12:55:16","modified_gmt":"2015-06-05T17:55:16","slug":"23271","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/red.pucp.edu.pe\/ridei\/noticias\/23271\/","title":{"rendered":"Cocamas, achuares y quechuas exigen al Gobierno no aplicar ley que impide titular sus tierras"},"content":{"rendered":"

\"Noticia-5430-enpor\"<\/h3>\n

Acci\u00f3n judicial. Las comunidades amaz\u00f3nicas reclaman la inaplicabilidad de la Ley N\u00b0 30327 y de dos decretos supremos que permiten a las empresas privadas hacer uso de sus territorios. Tambi\u00e9n exigen que la compa\u00f1\u00eda petrolera Pluspetrol les pague por el uso de sus tierras.<\/h3>\n

Por Lupe Mu\u00f1oz<\/p>\n

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A propuesta del\u00a0Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas<\/a>, el \u00faltimo 20 de mayo el Congreso \u00a0aprob\u00f3 una norma de pomposo t\u00edtulo:\u00a0Ley N\u00b0 30327 de Promoci\u00f3n de las Inversiones para el Crecimiento Econ\u00f3mico y el Desarrollo Sostenible<\/strong>. Votaron a favor 58 congresistas y 13 se manifestaron en contra. Los representantes de las comunidades ind\u00edgenas amaz\u00f3nicas, a las que afecta el dispositivo legal, nunca fueron convocados para expresar su punto de vista. Una vez m\u00e1s, se legislaba a espaldas de la poblaci\u00f3n.<\/p>\n

Por eso, los apus de las\u00a0etnias cocama<\/a>, achuar y quechua, que habitan en las cuencas de los r\u00edos\u00a0Pastaza, Corriente y Mara\u00f1\u00f3n<\/strong>, en la regi\u00f3n Loreto, decidieron plantear una demanda de amparo ante el Juzgado Mixto de Loreto-Nauta. Los ind\u00edgenas demandan al Poder Judicial que no se aplique la Ley N\u00b0 30327 \u00a0porque consideran que atenta contra su derecho a la titulaci\u00f3n de sus territorios, en especial en \u00e1reas donde operan empresas inversionistas.<\/p>\n

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TIERRA DE SOMBRAS<\/h3>\n<\/div>\n

Una de las compa\u00f1\u00edas que se beneficia con la nueva norma es Pluspetrol, que, parad\u00f3jicamente, ha interpuesto acciones legales contra 12 sanciones por da\u00f1os medioambientales por cerca de 40 millones de soles, que le impuso el\u00a0Organismo de Evaluaci\u00f3n y Fiscalizaci\u00f3n Ambiental (OEFA)<\/strong>.<\/p>\n

Han planteado la demanda los l\u00edderes ind\u00edgenas Alfonso L\u00f3pez Tejada, de la Asociaci\u00f3n Cocama de Desarrollo y Conservaci\u00f3n San Pablo de Tipishca (cuenca del Mara\u00f1\u00f3n); David Chino Dahua, de la Federaci\u00f3n Ind\u00edgena Quechua del Pastaza (cuenca del Pastaza); y Miller L\u00f3pez Santill\u00e1n, de la Federaci\u00f3n de Comunidades Nativas del Corriente (cuenca del Corriente).<\/p>\n

Para los dirigentes ind\u00edgenas, la nueva ley se inscribe en la misma l\u00ednea de las resoluciones supremas (N\u00b0 060-2006-EM y N\u00b0 061-2006-EM), con las que el gobierno de Alan Garc\u00eda otorg\u00f3 \u201cservidumbres gratuitas\u201d a la empresa Pluspetrol. Dichas normas califican a los territorios de los cocama, achuar y quechua como \u00aberiazos\u00bb y de libre disponibilidad del Estado\u00bb. Se entiende por \u00abservidumbre\u00bb al derecho que se le otorga a una empresa para que utilice determinados territorios para sus actividades.<\/p>\n

\u00abCon la Ley N\u00b0 30327 se blindan las servidumbres otorgadas a las petroleras, impidiendo a la autoridad regional titular o reconocer la propiedad ind\u00edgena conforme al derecho\u00bb, dijo el apu Alfonso L\u00f3pez.<\/p>\n

\u201cEn mi cuenca (del Mara\u00f1\u00f3n) son m\u00e1s de 100 las comunidades afectadas por la nueva ley. Hemos presentado una acci\u00f3n de amparo apelando a una norma internacional que es el Convenio 169\u00b0, que tiene rango superior a decretos o leyes del Per\u00fa\u201d, a\u00f1adi\u00f3 L\u00f3pez.<\/p>\n

El apu Miller L\u00f3pez Santill\u00e1n se\u00f1al\u00f3 que la nueva ley es la continuaci\u00f3n de los atropellos a los derechos ind\u00edgenas que se inici\u00f3 con el gobierno de Garc\u00eda.<\/p>\n

\u00abAmparadas en la ley que les otorga servidumbre sobre territorios ind\u00edgenas, las petroleras y otras compa\u00f1\u00edas han abierto caminos, han construido carreteras, han levantado campamentos y han destruido lo que han querido. Si el Estado no quiere generar conflictos sociales, debe promover la consulta previa como est\u00e1 establecido por ley\u00bb, arguy\u00f3 Miller L\u00f3pez, representante de 33 comunidades ind\u00edgenas.<\/p>\n

David Chino Dahua<\/strong>, de la cuenca del Pastaza, donde existen 16 comunidades, reclam\u00f3 la titulaci\u00f3n de todas los territorios ind\u00edgenas.<\/p>\n

\u201cNo queremos que se repita el modelo de Andoas, donde el Estado quiere titular por bloques, obviando las instalaciones petroleras. Queremos una titulaci\u00f3n integral\u00bb, se\u00f1al\u00f3 Chino.<\/p>\n

La viceministra de Interculturalidad, Patricia Balbuena Palacios, explic\u00f3 a La Rep\u00fablica que la Ley N\u00b0 30327 excluye a las comunidades ind\u00edgenas y campesinas, por lo tanto no ser\u00e1n afectadas.<\/p>\n

\u00abHay disposiciones en el interior de la norma que excluyen a las comunidades. Por ejemplo, la disposici\u00f3n 14 precisa que la ley no afectar\u00e1 ning\u00fan derecho de pueblos ind\u00edgenas, ni tampoco afectar\u00e1 tierras ni territorios en posesi\u00f3n ni en propiedad de las comunidades, tanto campesinas como ind\u00edgenas\u00bb, argument\u00f3 la viceministra Balbuena.<\/p>\n

Sin embargo, reconoci\u00f3 que existe una controversia por las tierras denominadas \u00abservidumbres\u00bb, pero anot\u00f3 que era un problema cuya soluci\u00f3n es viable.<\/p>\n

\u00abEfectivamente, hay una servidumbre impuesta por el Ministerio de Energ\u00eda y Minas sobre determinadas zonas que est\u00e1n en proceso de titulaci\u00f3n. La discusi\u00f3n jur\u00eddica es si se titula con esa servidumbre o no. Pero esa discusi\u00f3n se debe definir entre el ente rector, que es el Ministerio de Agricultura, \u00a0y el Gobierno Regional de Loreto. Estas instancias son las que titulan a las comunidades. Pero esta es una discusi\u00f3n al margen de la Ley N\u00b0 30327. Esta ley no tiene nada que ver en este debate. Por eso indic\u00f3 que, definitivamente, la mencionada ley no va a afectar a las comunidades ind\u00edgenas\u00bb, detall\u00f3 Balbuena.<\/p>\n

LA TIERRA DE TODOS<\/h3>\n

La viceministra Balbuena inform\u00f3 que se ha comprometido a financiar un expediente t\u00e9cnico para el que el Gobierno Regional de Loreto cuenta con 3 millones de soles y los destine a la titulaci\u00f3n de las comunidades pendientes dentro del Lote 1AB, donde opera Pluspetrol.<\/p>\n

En la demanda, las comunidades ind\u00edgenas exigen que el Poder Judicial ordene a la compa\u00f1\u00eda petrolera pague por el uso de sus tierras.<\/p>\n

Al respecto, La Rep\u00fablica consult\u00f3 a Pluspetrol. Sus voceros respondieron: \u00bb Pluspetrol Norte trabaja en el Lote 1AB desde hace 15 a\u00f1os relacion\u00e1ndose con las comunidades, para emprender acciones conjuntas que buscan el bienestar com\u00fan a trav\u00e9s de acuerdos de inversi\u00f3n social y fortalecimiento institucional. Siempre ha cumplido con sus compromisos y respetado los acuerdos y convenios a los que ha llegado por mutuo acuerdo con las comunidades que se encuentran en su \u00e1rea de influencia\u00bb.<\/p>\n

Para las comunidades ind\u00edgenas, el Estado se inclina a favor de las empresas privadas, por eso reclama en la demanda de amparo que se dejen sin efecto las resoluciones supremas N\u00b0 060 y 061-2006-EM, que permiten el uso gratuito de los territorios ind\u00edgenas de propiedad ancestral, a favor de la empresa Pluspetrol Norte; y que el Ministerio de Energ\u00eda y Minas aplique un programa de compensaci\u00f3n por el uso de tierras ind\u00edgenas.<\/p>\n

\u201cNo se trata de ser o no ser amaz\u00f3nico. Lo que hacemos es un llamado a la conciencia de los peruanos para que se respeten nuestros territorios. No se trata solo de los ind\u00edgenas sino de todos los peruanos\u00bb, expres\u00f3 el apu Alfonso L\u00f3pez.<\/p>\n

Fuente: La Rep\u00fablica<\/p>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Acci\u00f3n judicial. Las comunidades amaz\u00f3nicas reclaman la inaplicabilidad de la Ley N\u00b0 30327 y de dos decretos supremos que permiten a las empresas privadas hacer uso de sus territorios. Tambi\u00e9n exigen que la compa\u00f1\u00eda petrolera Pluspetrol les pague por el uso de sus tierras. Por Lupe Mu\u00f1oz A propuesta del\u00a0Ministerio de Econom\u00eda y Finanzas, el \u00faltimo 20 de mayo el Congreso \u00a0aprob\u00f3 una norma de pomposo t\u00edtulo:\u00a0Ley N\u00b0 30327 de Promoci\u00f3n de las Inversiones para el Crecimiento Econ\u00f3mico y el Desarrollo Sostenible. Votaron a favor 58 congresistas y 13 se manifestaron en contra. Los representantes de las comunidades ind\u00edgenas amaz\u00f3nicas, a las que afecta el dispositivo legal, nunca fueron convocados para expresar su punto de vista. Una vez m\u00e1s, se legislaba a espaldas de la poblaci\u00f3n. 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