Fuente: Ministerio de Cultura del Perú

Un reciente artículo de Luis Martín Valdiviezo integrante de la Red Internacional de Estudios Interculturales y publicado en la edición N° 14 de la revista «Discursos del Sur» de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, pone el foco en tres casos clave:

Beca 18: ¿Está realmente universalizando la educación superior o promoviendo la asimilación cultural de los no hispanohablantes?

Consulta previa: ¿Se respeta el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios o es solo un formalismo?

Discriminación contra afroperuanos: ¿Se combate o se sigue racializando las diferencia sociales?

El autor plantea que, en lugar de superar el racismo, muchas políticas refuerzan ideologías coloniales disfrazadas de inclusión. ¿Es posible un cambio real sin transformar las estructuras económicas y políticas que sostienen la discriminación?

Cuéntanos, qué opinas de estas contradicciones? ¿Cómo crees que podríamos avanzar en la lucha contra el racismo en Perú?

Lee el artículo completo AQUÍ

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Los días 24, 25 y 26 de setiembre, de 3 a 6 p.m., en el Auditorio de la Biblioteca Central “Luis Jaime Cisneros” de la PUCP, se llevó a cabo el Coloquio “Debates hermenéuticos contemporáneos”. Evento fue organizado conjuntamente por la Escuela de Posgrado, la Facultad de Letras y Ciencias Humanas y el Centro de Estudios Filosóficos de la PUCP. Participó el coordinador de la RIDEI, el prof. Fidel Tubino y  de nuestros integrantes: Estrella Guerra y Jesús Rivera. Evento también contó con la participación de Ambrosio Velasco de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Puedes revisar las grabaciones de las tres fechas en este enlace.

Abajo les dejamos el video de la primera fecha: Concepciones de la naturaleza, derechos y cuidados.
Fidel Tubino | PUCP

Patricia Urteaga | PUCP

Ambrosio Velasco | UNAM

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Un informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), de la que forma parte la Red Muqui fue presentado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la OIT a las organizaciones indígenas que reúne el Pacto de Unidad de Organizaciones Indígenas, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) y la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), ante la obligación del Estado peruano de entregar, en el 2018, la memoria regular sobre la implementación del Convenio 169.

Estos son solo algunos de los temas abordados en el Informe Alternativo de seguimiento al Convenio 169:

• Salud. Existen nuevas causas de enfermedad y muerte vinculadas a la contaminación de ríos y fuentes de agua en la Amazonia. Muchas personas indígenas afectadas en su salud por metales tóxicos no cuentan con establecimientos médicos cercanos, especializados o abastecidos de medicamentos, insumos y equipamiento para una atención adecuada. Los pasivos ambientales de antiguas y actuales operaciones mineras e hidrocarburíferas son fuente central de contaminación para la salud.
• Debilitamiento de derechos territoriales. Desde el 2013 se han aprobado normas para promover las inversiones que debilitan la protección de los derechos indígenas, como la Ley 30230, el Decreto Supremo 001-2015-EM, la Ley 30327, los decretos legislativos 1192, 1210 y 1333, Ley 30723 entre otras que afectan derechos territoriales de los pueblos indígenas.
• Consulta previa. Después de siete años de vigencia de la Ley 29785 (Ley de Consulta Previa) han quedado fuera del ámbito de consulta decisiones relevantes como las regulaciones sobre normas que afectan derechos de pueblos indígenas: propiedad y posesión de la tierra, programas de saneamiento físico legal. También han quedado fuera programas sociales que, desde una lógica asistencialista, se brindan a comunidades campesinas y nativas. Persiste la asimetría de información y conocimiento entre pueblos indígenas y el Estado. Además, es casi nula la implementación de los acuerdos adoptados en los procesos de consulta.
• Criminalización de la protesta social. Bajo el supuesto de lucha contra la criminalidad organizada, se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión. Entre 1995 y 2018 se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (minería e hidrocarburos) para proteger intereses corporativos. En 2017 y hasta junio de 2018 se han declarado o prorrogado 20 estados de emergencia por supuestas causas de conflictividad social en el marco de una estrategia represiva para responder a la conflictividad social. Se asume el tema actual de la criminalización de la protesta y defensa de derechos humanos, sobre todo la legislación que favorece se problema y los convenios entre la Policía Nacional y las empresas extractivas. Aparte de informar sobre la situación actual de los pueblos indígenas en aislamiento, el informe comparte hechos importantes sobre la salud ambiental e intercultural.

• Pueblos en aislamiento. El cambio de reservas territoriales a reservas indígenas debilita la protección a los pueblos en aislamiento y contacto inicial (PIACI) al perder su intangibilidad, favoreciendo la colonización, el ingreso de agentes extraños a los pueblos y la actividad económica (legal e ilegal).
• Registro y reconocimiento. No existe una adecuada coordinación para actualizar el registro de pueblos indígenas y comunidades y existe información deficiente. El Decreto Legislativo 1360 atribuye competencia exclusiva al Viceministerio de Interculturalidad para reconocer a los pueblos indígenas lo que resulta restrictivo considerando, que las comunidades campesinas y nativas tienen derecho a que se reconozca su personería jurídica como una de las formas de organización de los pueblos originarios.
• Participación política. El régimen electoral propicia el abandono de las formas tradicionales de organización porque exige a los pueblos incorporarse a los partidos. Esta asimilación es controversial, debido a que los partidos políticos no son una forma de organización propia de los pueblos indígenas. Además, se debe tomar en cuenta que la estructura de los partidos políticos peruanos se encuentra en una crisis de credibilidad.
• Censo indígena. El diseño e implementación del Censo poblacional realizado el 2017 tuvo serias deficiencias. Por ello, el Estado debe ser cuidadoso en el uso de la información generada y consultar otras fuentes y estudios para intervenir en territorios indígenas y orientar mejor las políticas públicas.
• Educación. Una de las principales afectaciones al derecho a la educación bilingüe e intercultural (EIB) es la drástica reducción del presupuesto destinado al Programa de Educación Intercultural Bilingüe en más del 50% para el 2018. Como señaló la Defensoría del Pueblo, esta situación inicia un debilitamiento en la implementación de la política pública educativa para los pueblos indígenas, cuyos avances fueron significativos en años anteriores.                                                                                                                                                                                                                                Otro punto importante trata de las mujeres indígenas y sus derechos a la participación política, a la educación, a la salud y al trabajo, igual que la violencia de genero. La comisión pide al gobierno que comunique información sobre las medidas tomadas o contempladas para fomentar el acceso de la mujer indígena a la educación, al mercado de trabajo y a la propiedad de la tierra, así como, su participación en los procesos de consulta.                                                                                                                                                                                                                                                                  El informe, también señala que es necesario abordar el derecho a la educación, establecido en el artículo 26 del Convenio 169 de la OIT que contiene la obligación de adoptar medidas para garantizar a los miembros de los pueblos interesados la posibilidad de adquirir una educación a todos los niveles. Otro tema es el de la administración de justicia e interculturalidad, como los derechos lingüísticos y culturales en el Poder Judicial y enfoque intercultural en la labor jurisdiccional.

Fuente: Red Muqui

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El LUM proyectará diversas películas y documentales sobre los sucesos de violencia que se dieron en Perú durante 1980 y 2000 hasta el 30 de enero. El ingreso es libre y la capacidad limitada.

Con la finalidad de ejercer el derecho a la memoria, el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) presentará el ciclo de cine peruano “Mirando memorias” hasta el martes 30 de enero.

El ciclo de cine se realiza todos los martes y sábados. Se proyectarán diversas películas y documentales sobre los hechos de violencia que acontecieron en Perú durante 1980 y 2000.

La proyección inicia a las 6:00 p.m. en el auditorio y explanada del LUM, ubicada en la Bajada San Martín 151, Miraflores. El ingreso es libre. Capacidad limitada.

A continuación, compartimos algunas fechas del programa

Sábado 13 de enero

• A las 6:00 p.m. se proyectará el documental “Nada queda sino nuestra ternura” de Sébastien Jallade en el auditorio del LUM.

Sinopsis: Un puente olvidado, una casa en ruinas, una melodía que uno quisiera volver a encontrar: para muchos, el conflicto armado de fines del siglo XX en Perú cambió para siempre el rostro del país. El territorio andino se convirtió en el espejo de una memoria fragmentada, con la que es difícil reconciliarse. El documental acompaña a mujeres y hombres que enfrentan los rastros dejados en el camino.

• A las 7:30 p.m. se proyectará la película “La última noticia” de Alejandro Legaspi en el auditorio del LUM.

Sinopsis: La película cuenta la historia de Alonso, un periodista de un pequeño pueblo de la región Andina de Perú que presenta un noticiero local en la radio durante los años 80, época marcada por la guerra interna entre Sendero Luminoso y los militares. Alonso se ve inmerso en una vorágine de miedo, tortura y muerte. Y ni siquiera la huida garantizará salvar su vida.

Martes 16 de enero

A las 7:30 p.m. se proyectará la película “La hora final” de Eduardo Mendoza de Echave en la explanada del LUM.

Sinopsis: La película se desarrolla en plena operación victoria, programada y dirigida por el Grupo Especial de Inteligencia del Perú. En la operación, los policías Carlos Zambrano y Gabriela Coronado serán los elegidos para investigar a las más altas cabezas del grupo terrorista Sendero Luminoso con el objetivo de lograr capturar a su máximo líder a nivel nacional, Abimael Guzmán; en el trayecto, la operación se pondrá en peligro por la infiltración de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y las mismas cúpulas de Sendero Luminoso.  La película es para mayores de 14 años.

Accede al programa completo aquí.

Fuente: Servindi

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A pocos días del aniversario de la captura de Abimael Guzmán, Miguel Giusti, filósofo y catedrático de la PUCP, habla sobre la importancia de la justicia social y la memoria.

Al cumplirse el aniversario de una captura que prometía ser un nuevo comienzo y debía traer consigo la introspección colectiva y el procesamiento de nuestro doloroso pasado, no damos muestras de haber aprendido. Los morbosos reflectores que corren tras la bailarina excarcelada no han invertido tiempo ni interés en iluminar las decenas de crímenes y de delincuentes que han pasado estos 30 años evadiendo la ley.

La gran mayoría de víctimas del conflicto, los campesinos pobres del país, han comprobado que la paz no ha puesto fin a la discriminación ni enderezado éticamente la conciencia nacional. Para que haya reconciliación, e incluso para que haya verdad, dice el inmerecidamente malfamado Informe de la CVR, debe haber justicia. Justicia social, para empezar, que no reproduzca las condiciones seculares de desigualdad y exclusión que fueron el caldo de cultivo de la subversión. Tampoco una justicia miope que castigue la corrupción de los políticos tontos y premie la de los astutos. Menos, una que se coluda con el poder para librarlo de los procesos judiciales.

No deberíamos sorprendernos de que haya vuelto a florecer el negacionismo en nuestra vida pública ni de que se pretenda ahora ocultar responsabilidades, impedir las publicaciones sobre la violencia vivida, reescribir una historia de posverdades. Al cabo de tres décadas, han vuelto a obtener protagonismo esos dos grandes, funestos actores de nuestra historia reciente, tan necesarios el uno para el otro, que son el fujimorismo y el senderismo. Entre ellos se encuentra ahora un gobierno maniatado y pusilánime, que cree ingenuamente obtener ventajas de su sumisión y cede en lo que no debe. Han llegado a pedirnos que vaciemos de contenido la memoria y que aceptemos el negacionismo como virtud. Es decir, el olvido. Pero el olvido que somos terminará por hacernos revivir el conflicto que sufrimos.

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El proyecto de ley para la construcción de la polémica “Carretera de la muerte” continúa siendo una amenaza inminente para los pueblos indígenas aislados. A pesar de que una comisión del Congreso lo modificara profundamente, una segunda comisión todavía podría aprobar la carretera.

El proyecto de ley pide llevar desarrollo sostenible a la región del Purús por medio de la construcción de una carretera que atravesaría directamente la Frontera Amazónica de los No Contactados.

La Comisión de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó el proyecto el pasado 8 de marzo, pero solicitó que se creara una “conexión multimodal” para la región en vez de una carretera. Ello mantendría el irrestricto respeto hacia los parques nacionales y hacia los derechos de los pueblos indígenas aislados. Sin embargo no se ha especificado en qué consistiría o que ruta tendría esta “conexión multimodal” y todavía podría incluir un tramo terrestre.

La Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso aún tiene que votar el proyecto de ley y podría aprobar la carretera. Según la legislación peruana, la Comisión de Transportes tiene preferencia y el Congreso le dará prioridad a su decisión y la votará primero.

Si la Comisión de Transportes no rechaza de forma explícita el proyecto, la carretera todavía podría ser aprobada más adelante.

Desde hace una década, Survival y las organizaciones indígenas AIDESEP, FENAMAD y FECONAPU han desarrollado campañas para evitar que la carretera sea construida.

Las carreteras no solo abren la Amazonia a los colonos, que así pueden acceder a áreas previamente remotas; también hacen que estas regiones de gran biodiversidad queden expuestas a la minería de oro, a la explotación maderera ilegal, al tráfico de drogas y, con el tiempo, a agronegocios intensivos; actividades todas ellas con nefastas consecuencias para el medioambiente y los pueblos indígenas.

El creciente riesgo de contacto podría suponer la aniquilación de varios pueblos indígenas aislados por la violencia genocida que ejercen los foráneos que les roban sus tierras y recursos, y por enfermedades como la gripe o el sarampión frente a las cuales no tienen inmunidad.

Imagen aérea de la carretera BR-364 en Brasil. Muestra la destrucción espiral que pueden provocar las carreteras. Madereros y otros invasores las usan para, a su vez, construir otros caminos más pequeños que se adentran en la selva. © NASA/GSFC/LaRC/JPL, MISR Team

La construcción de la carretera BR-364 en Brasil, por ejemplo, provocó una afluencia de foráneos, la destrucción de la selva y el genocidio del pueblo indígena akuntsu. Actualmente solo sobreviven cuatro akuntsus.

Emilio Montes, presidente de la organización indígena FECONAPU, con sede en la cercana localidad de Puerto Esperanza, declaró: “Sobre la carretera no aceptamos ese tipo de proyectos; los rechazamos tajantemente. Por los motivos: a los indígenas no benefician, sino más bien a los madereros, mineros y petroleros ilegales y también a los narcotráficos. Atenta contra la vida de nuestros hermanos aislados, como los mashco-piros. [Suponen la] depredación de nuestros recursos naturales como flora y fauna. Más bien que nos respeten nuestro territorio ancestral (…) para nuestro futuro de nuestros hijos. Necesitamos otro tipo de desarrollo con manejo sostenible de nuestros recursos. Para así vivir con vida plena, también para nuestro futuro”.

Por su parte, el director de Survival, Stephen Corry, manifestó: “Esta carretera supone una grave amenaza para los pueblos indígenas aislados en Perú. La carretera no solo destruiría una parte significativa de la Amazonia, sino que de construirse también traería consigo violencia, enfermedad y muerte, potencialmente a gran escala. La Comisión de Transportes debe poner fin a este proyecto de ley de una vez por todas.”

Contexto

– La carretera propuesta conectaría la localidad de Puerto Esperanza con la autopista interoceánica que circula a través de Perú y Brasil. El área es parte de la Frontera Amazónica de los No Contactados, una región ubicada a lo largo de la frontera de estos dos países que cuenta con la mayor concentración de pueblos indígenas aislados del planeta.

– La propuesta de ley de la carretera, Ley No. 75/2016-CR, fue presentada por miembros del partido Fuerza Popular. El proyecto tiene que ser considerado tanto por la Comisión de Transportes y Comunicaciones, como por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología antes de ser llevada al Congreso. Fuerza Popular tiene mayoría en ambas comisiones.

– Survival ha escrito a los presidentes de ambas comisiones.

– Entre los pueblos indígenas aislados que podrían ser aniquilados si se construyera la carretera están los mashco-piros, los chitonahuas y los mastanahuas, todos llevan generaciones viviendo en la región de forma nómada. Algunos foráneos, como misioneros o madereros, han forzado a varios grupos a establecer contacto en los últimos años.

– Varias organizaciones indígenas en Perú han firmado una declaración rechazando la carretera.

– En 2016, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) aprobó una resolución que denunciaba la carretera.

– Los indígenas aislados han expresado claramente su deseo de permanecer sin contactar. El proyecto no puede llevarse a cabo sin su consentimiento y violaría su derecho a decidir su propio futuro.

Fuente: CAAAP y Survival

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Por Salomón Lerner Febres.

Hace algunos días se dictó, finalmente, sentencia condenatoria contra los autores de la masacre de Accomarca. Este crimen cometido por personal militar en agosto de 1985 es uno de los más conocidos de entre los muchos episodios de horror que se registraron durante el conflicto armado interno desatado por la organización terrorista Sendero Luminoso. El fallo de la Sala Penal Nacional señaló penas de prisión de entre 10 y 25 años para los militares que se hallaron involucrados en la matanza de 61 personas de esa comunidad ayacuchana. La atrocidad del crimen es imposible de ignorarse. Una patrulla militar al mando del teniente del ejército, Telmo Hurtado, detuvo, encerró, ametralló y prendió fuego a sus víctimas. Entre ellas había más de veinte niños.

A lo largo de tres décadas las víctimas de Accomarca habían estado buscando justicia sin obtener siquiera gestos que alimentaran sus esperanzas. En lugar de justicia, tropezaban con la indolencia del Estado y la jactancia de sus verdugos que condujeron a que el responsable directo llegara a afirmar, en algún momento, que había cierta razón en matar a los niños puesto que ellos más adelante bien podrían convertirse en senderistas. La lentitud y desinterés del sistema judicial –pero no solo de él sino del Estado en general– en este caso habla con elocuencia sobre nuestros grandes vacíos en los ámbitos de la democracia y el humanitarismo.

La sentencia ha merecido algún debate. Hay quienes subrayan y saludan la pertinencia que entraña el enfoque de atribución de responsabilidad penal usado para juzgar crímenes de este tipo. En efecto, la noción de la autoría mediata permite entender las responsabilidades de una manera más completa y, por lo tanto, justa, ya que no se limita a identificar al ejecutor material del hecho delictivo sino que, bajo el entendido de que estamos ante una institución organizada bajo el principio del poder, ubica como responsables también a los superiores en la cadena de mando. La adopción de ese enfoque, como decimos, es esencial si es que la justicia peruana tiene el propósito real de dar respuesta a las víctimas. Por otro lado, es necesario también señalar que la resolución del caso deja muchos sinsabores e inquietudes. Hay que empezar señalando que un número significativo de los sentenciados no se hallan a disposición de la justicia. De modo que nos encontramos con que si bien la condena existe ella no es ejecutable. Corresponde, en tal situación mostrar diligencia para la captura de los condenados que se hallan prófugos por parte del Estado.

Otro elemento sustancial es el necesario respeto a quienes sufrieron. Los deudos de las víctimas de la masacre han esperado justicia durante 31 años. Eso es, ciertamente, escandaloso, y sin embargo parece ser la norma en nuestra administración de justicia respecto de las víctimas de la violencia. Parecería que, para subrayar ese desdén, los magistrados del tribunal encargado de dictar sentencia hicieron esperar a los familiares, en las afueras del local, durante varias horas sin mostrar hacia ellas ningún gesto de respeto ni de consideración.

Así pues, la sentencia a Accomarca llega a nuestra vida social como un gesto de justicia que hay que valorar, pero aparece también como índice de una dura realidad: para los pobres, para los marginados, la justicia en el Perú es un bien tardío e incompleto, un bien las más de las veces esquivo.

Fuente: La República

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Apenas hemos rascado la superficie de la violencia contra la mujer.

Por Raúl Tola

Los casos de Lady Guillén y Arlette Contreras, golpeadas sin piedad por sus parejas, agravados por el comportamiento desalmado del Poder Judicial, que en lugar de ampararlas dejó en libertad a sus agresores, a pesar de las contundentes evidencias en su contra, han desatado una comprensible oleada de indignación ciudadana, que se traducirá en la marcha Ni Una Menos, de este sábado 13 de agosto.

También han ocasionado un desembalse de denuncias de maltratos físicos o psicológicos. Aprovechando su condición, muchas figuras públicas han tenido el valor de revelar experiencias traumáticas, que han servido para comprender hasta dónde está extendido el fenómeno de la violencia contra la mujer en el Perú. Todo este tiempo hemos vivido como si nada ocurriera, mientras una verdadero genocidio ocurría bajo nuestras narices.

Las estadísticas son abrumadoras. Un informe de la OMS reveló que el Perú ocupa el tercer lugar en el mundo de mujeres que sufren violencia sexual por parte de sus parejas. Todos los días se cuentan 16 violaciones, y al menos una mujer resulta golpeada o asesinada. Las violaciones suelen ocurrir dentro del ámbito familiar o vecinal, no se presentan aisladas y la mayoría de víctimas tienen entre 12 y 17 años. Solo el 48% son denunciadas, el 86% de forma tardía y el 90% quedan impunes.

¿Cómo pudimos llegar a este extremo? ¿Cómo pudo pasar desapercibida la dimensión real de este verdadero genocidio de madres, hermanas e hijas? Muy sencillo. Vivimos en un país donde agraviar o menospreciar a las mujeres ha sido tan normal que nunca se lo consideró malo, censurable e incluso punible. ¿Cuántas esposas conocemos que soportan humillaciones diarias de sus maridos, sin que las asumamos como tales? ¿Cuántas veces oímos un piropo procaz y nos reímos pensando que era gracioso, atrevido, criollo? ¿O repetimos frases como «Así manejan las mujeres», «Lloras como una mujer» o «Las mujeres, a la cocina»?

A muchas personas les han sorprendido la abundancia de denuncias y las miran con sospecha, o se escandalizan cuando usando una hipérbole alguien dice que somos un país de violadores. Piensan que detrás hay un afán de figuración o propaganda, algo de deshonestidad, quizá incluso un exceso de susceptibilidad. No se dan cuenta de que incurren en el mismo defecto que ocasionó esta perversa realidad (la incapacidad de ser empático, de ponerse en los pies del otro), que ocasionó tantísimas víctimas invisibles y cuya superficie recién empezamos a escarbar.

Fuente: La República

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Foto: Amnistía Internacional

El 4 de julio debió conocerse el dictamen de Marcelita Gutiérrez, Fiscal Provincial Titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Lima, el cual determinará si, luego de 14 años de investigaciones, se abrirá una denuncia penal contra el expresidente Alberto Fujimori, sus exministros de salud, entre otros operadores del Estado por los casos de las 2074 víctimas de esterilizaciones forzadas ocurridas entre 1996 y el año 2000.

Frente a ello, las respectivas defensas de las víctimas coincidieron en que, si bien se trata de un caso complejo con un extenso expediente, la fiscal Marcelita Gutiérrez –a cargo del caso- dispone de suficientes evidencias para abrir un proceso, a la vez que ven con preocupación la demora de su fallo.

“Solo queda la elaboración de la resolución fiscal que, de acuerdo con las pruebas existentes, amerita la formulación de una denuncia penal contra los responsables», indicó Carlos Rivera, abogado de IDL y uno de los defensores de las víctimas.

De otro lado, el también defensor Milton Campos, abogado de DEMUS, refirió que “de acuerdo con lo informado por la Fiscalía se viene culminando la estructura del documento en el que plasmarán su decisión. Estamos en el tiempo en que la Fiscalía tiene que tomar una decisión”.

Denuncia contra todos los responsables

Campos también señaló que se espera que dicha denuncia se abra contra todos los responsables, sean directos o indirectos, y no solo sobre algunos. Ello en referencia al supuesto caso en que la denuncia no incluya responsabilidades a Alberto Fujimori o a algunos de sus exministros.

“Vamos a impugnar esa decisión hasta conseguir que tengan carácter de investigadas todas las personas en las que se evidencia indicios de responsabilidad penal en estos hechos y se abra paso a una investigación judicial”, expresó.

Asimismo, el abogado remarcó que confía en que la fiscal adopte el criterio de lesa humanidad al formalizar la denuncia porque “cuando se habla de lesa humanidad se hace referencia a la ‘sistematicidad’, es decir, que había una práctica constante y permanente de esterilizaciones forzadas en las diferentes regiones”.

Esta semana podría cerrarse una etapa prolongada por más de 14 años esperando justicia, tanto para las afectadas como para los deudos de aquellas que incluso perdieron la vida, como es el caso de Alfonso Ramos, hermano de una de las víctimas mortales:

“El próximo 22 de julio Celia Ramos cumple 19 años de fallecida. Esperamos que transcurrido todo ese tiempo, nosotros tengamos la oportunidad de decir la justicia ya se avizora”, expresó.

Fuente: Servindi

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Por Rocío Silva Santisteban

“Llevo tres días buscando a mi hermana/ se llama Altagracia igual que la abuela/ salió del trabajo para la escuela/ llevaba puestos unos jeans y una camisa blanca/ no ha sido el novio/ el tipo está en su casa…” (Rubén Blades).

Comenzó siendo una política sucia de los gobiernos del Cono Sur para evitar que el Estado se responsabilice sobre la muerte de miles de disidentes. Fueron asesinados hombres, mujeres y niños por miles y se les enterraba en cementerios clandestinos o se les lanzaba al mar desde los Vuelos de la Muerte. Los detenidos-desaparecidos tienen un status legal extraño: no están ni muertos ni vivos. Simplemente no están. Los gobiernos siguen diciendo que “están por ahí” y los familiares no pueden hacer el duelo. Los poetas intentan describir sobre esa desazón de las viudas, y los cantantes como Rubén Blades les han dedicado canciones rabiosas y tristes.

¿Has visto el cadáver?/ ¿rozaron tus dedos su piel de mandarina? /¿recogiste su ropita?/¿santiguaste sus cicatrices?/¿intentaste lo imposible/besarla, besarla para que vuelva a la vida?// qué afortunada eres/ ay, Mamacha de los Dolores,/ siete veces atravesada por el mismo sufrimiento /qué suerte tienes // saber que no existe/ sepultar la duda// no como yo que deambulo con este sombrero/ vamos por acá, a la oficina, / luego p’allá, a la prefectura y a la comisaría,/ diciendo no, que no, que no, diciendo/ que son mentiras y puritas mentiras //mi pequeña una mentira /mi viento mi frente mi vientre puras mentiras (Rocío SS).

Doña Adelina García, ayacuchana, le comentó a su abogada que le había parecido ver a su marido entre la muchedumbre de la plaza: cuando se acercó al hombre y le tocó la espalda, se dio cuenta de que no era. Las psicólogas escriben tratados al respecto: la pérdida y la duda. “Encontraré a mi hermano aunque me tome toda la vida” ha dicho Marly Anzualdo, hermana de Kenneth, desaparecido en los sótanos del Servicio de Inteligencia del Ejército. Mamá Angélica Mendoza de Ascarza recuerda: “son treinta años buscando a miles de desaparecidos que nunca hemos encontrado. Entre ellos está mi hijo Arquímedes […] La madrugada del 3 de julio de 1983 lo sacaron treinta militares. Desde esa fecha no lo he vuelto a ver. Éramos tantas las mujeres que buscábamos a nuestros hijos que fundamos ANFASEP”.

“Ese hombre esa mujer cualquiera de nosotros / ni vivos ni muertos / ni cielo ni tierra/ ni siquiera oasis/ apenas la precariedad del recuerdo// Una gaviota levanta vuelo en alba brumosa/ El aire se agita pero vuelve a ser eterno/ Ese hombre esa mujer esperan” (Vicente Zito Lema)

En el Perú hay 15,731 desaparecidos de los cuales 3,500 han sido encontrados y 1,775 identificados. La Defensoría del Pueblo ha recogido una lista parcial de 372 niños desaparecidos en Ayacucho, Junín, San Martín, Huancavelica, con nombres y edades que van desde los meses hasta los 15 años. La mayoría aún no han sido encontrados. ¿Por qué el Presidente Humala no es capaz de parar este dolor promulgando la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas?, ¿es este un asunto de dinero o de dignidad?

Fuente: La República

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