Foto: Aidesep

En medio de la emergencia sanitaria por el Covid-19, el apu Arbildo Meléndez fue hallado muerto con un disparo en el cuerpo. Desde hace años solicitaba la titulación de sus territorios. Organizaciones indígenas denuncian que fue asesinado por invasores de tierras. Otros cinco líderes están amenazados en la selva.

Por Geraldine Santos

El último domingo a las 10 de la mañana, el líder indígena Arbildo Meléndez Grandez (43) salió de su comunidad Unipacuyacu, distrito de Codo del Pozuzo, provincia de Puerto Inca, en la región Huánuco, en busca de provisiones. Unas horas después fue hallado muerto en medio del bosque con un disparo en el cuerpo. El apu cacataibo solicitaba desde hace varios años la titulación de tierras de su comunidad y ello había generado disputas con invasores que lo habían amenazado de muerte en reiteradas ocasiones.

La Organización Regional Aidesep Ucayali (ORAU) denunció a través de un comunicado que el líder indígena fue asesinado por el colono Abel Ibarra Córdova, quien al inicio auxilió al apu y avisó a la comunidad, pero luego, según la organización indígena, confesó haber sido el autor material del asesinato. “En nombre de los familiares y de la comunidad exigimos una investigación exhaustiva de este asesinato y la identificación de los autores intelectuales”, se lee en el comunicado de ORAU.

La comunidad indígena Unipacuyacu, reconocida como tal desde 1995 por el Ministerio de Cultura, se encuentra a cinco horas en bote por el río Sungaruyacu desde la ciudad de Puerto Inca y está conformada por 45 familias que ahora exigen justicia para su líder. Arbildo Meléndez reclamaba al Estado la titulación de 22 mil hectáreas en el distrito de Codo del Pozuzo. La Dirección Regional de Agricultura de Huánuco debió iniciar este proceso la quincena de marzo, pero quedó suspendido por la declaración de la emergencia sanitaria ante el Covid-19. En la zona son constantes las denuncias vinculadas al tráfico de tierras.

En junio del año pasado, los líderes indígenas de Puerto Inca, agrupados en la Unión de Nacionalidades Asháninka y Yanesha (UNAI), cansados de años de espera por la titulación y de enfrentarse a las mafias de tráfico de tierras, protestaron durante dos días en la puerta del Gobierno Regional de Huánuco. Luego acudieron al Ministerio de Agricultura y también solicitaron el apoyo de instancias internacionales para insistir en la titulación de sus tierras.

Tras meses de reclamos, la Dirección General de Saneamiento de la Propiedad Agraria y Catastro Rural (Digespar) del Ministerio de Agricultura incluyó, mediante un convenio con el Gobierno Regional de Huánuco, a la comunidad nativa Unipacuyacu y a otras dos comunidades de la Amazonía de esta región en el Proyecto de Titulación de Tierras.

“El proceso de titulación debía iniciarse la quincena de marzo, pero entramos en cuarentena nacional y con eso se paralizaron todos los estudios”, dijo a OjoPúblico el director regional de Agricultura, Henry Murrieta. Por su parte, el gobernador regional de Huánuco, Juan Alvarado Cornelio,  lamentó la muerte del líder indígena y dijo que una vez superada la crisis sanitaria por el Covid-19 iniciarán el proceso de titulación. Además, exhortó al Ejecutivo a brindar mayor seguridad a los pueblos indígenas que defienden su territorio y luchan contra las actividades ilícitas.

Si bien la Policía ha identificado a Abel Ibarra Córdova, colono que vive dentro del territorio de la comunidad de Santa Martha, como autor material de la muerte del líder indígena, aún está pendiente investigar el móvil del asesinato y a los presuntos autores intelectuales. “Sabemos que fueron los traficantes, porque no están de acuerdo con nuestra lucha para sacarlos del bosque. Ellos dicen que son agricultores de café y cacao, pero eso solo es una fachada porque en realidad siembran hoja de coca para el narcotráfico”, dijo Jesús Cahuaza, quien ahora asumirá la presidencia de la comunidad Unipacuyacu.

El presidente de la Organización Regional Aidesep Ucayali, Berlín Diques Ríos, dijo a OjoPúblico que hasta inicios de este año conocían de al menos cinco casos de dirigentes amenazados por traficantes de tierras en Huánuco, Loreto y Ucayali. Uno de ellos era Arbildo Meléndez. “Ahora se necesita la presencia de las autoridades para brindar ayuda a la familia. Ha dejado una esposa con cuatro hijos”, agregó.

Diques Ríos también recordó que en los últimos años otros líderes indígenas han sido asesinados por defender sus tierras. En mayo del 2013, dos sicarios dispararon contra el líder asháninka Mauro Pío Peña (53). Los hechos ocurrieron en la selva central de la región Junín. Mientras que en septiembre del 2014, cuatro dirigentes de la comunidad Alto Tamaya Saweto fueron asesinados por traficantes de madera.

En la selva de Huánuco, en setiembre del 2019, también se informó el secuestro del dirigente de la comunidad Nueva Austria, Polico Díaz Sambache, reportado por OjoPúblico.

“Es la segunda muerte de un líder que luchaba por la titularidad de su territorio, después de Edwin Chota. Pero esta vez no vamos a permitir que quede impune. El Ministerio Público debe investigar y sancionar a los culpables, y el gobierno debe dar seguridad jurídica a nuestras comunidades y titularlas”, dijo Lizardo Cauper Pezo, presidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep).

Por su parte, César Gamboa, director ejecutivo de Derecho, Ambiente y Recursos Naturales (DAR), dijo que es una pena que sigan ocurriendo este tipo de asesinatos, sobre todo por actividades ilícitas. “Esto se debe a la ausencia del estado de derecho sobre todo fuera de Lima. El Covid-19 nos enseña la falta de capacidad para aplicar la ley y generar las condiciones mínimas de protección”, dijo.

Añadió que si bien estamos en una situación de excepcionalidad por el coronavirus, “esto no debe ser pretexto para dejar de investigar. La fiscalía puede iniciar de oficio una investigación, detener a la persona (que confesó el asesinato) y procesarla. Además, debería haber una fiscalía especializada en vulneración de derechos de estos defensores ambientales, a fin de prevenir que estos hechos vuelvan a ocurrir”, dijo Gamboa.

Tráfico de tierras y el caso Saweto

En los últimos años el tráfico de tierras ha avanzado en la Amazonía peruana. En una publicación de mediados del 2019, OjoPúblico reveló el esquema que empleaba la mafia de terrenos en la región Ucayali. Los documentos que forman parte del expediente fiscal exponen la participación de presuntos testaferros, una asociación de agricultores fantasma y exfuncionarios de la dirección agraria del mismo gobierno regional.

El asesinato de Arbildo Meléndez también trae al presente la matanza, en setiembre del 2014, de los líderes indígenas Edwin Chota, Jorge Ríos, Leoncio Quintisima y Francisco Pinedo de la comunidad ashéninka Alto Tamaya Saweto. A más de cinco años de los asesinatos, los responsables siguen sin ser condenados y a inicios de marzo último el fiscal que iba a acusarlos fue removido de su cargo.

En febrero último, OjoPúblico también publicó una investigación en la que identificó una serie de irregularidades y retrasos en el papel de varios funcionarios públicos responsables de investigar desde el 2008 la denuncia presentada por Chota por tráfico de madera que ocasionó el despiadado asesinato de los líderes ashéninkas seis años más tarde.

Edwin Chota, al igual que Arbildo Meléndez en su región, solicitó en reiteradas oportunidades que las autoridades de Ucayali aprobaran la titulación de las tierras de su comunidad. Sin embargo, pese a los reiterados pedidos así como las amenazas y denuncias ambientales presentadas, no recibió respuesta sino hasta su asesinato en 2014.

Fuente: Ojo-Público.com

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La AIDESEP considera que si bien el Perú es el primer país en tener un reglamento y Ley de Consulta persisten trabas que impiden a las comunidades acceder a sus derechos. Fuente: Difusión

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) pide al Estado que la ley se respete en los megaproyectos como la Hidrovía Amázonica.

Conmemorándose diez años del conflicto de Bagua, La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP) demanda al Estado que se respete compromiso con la ley de consulta previa. Como se recuerda, esta normativa fue desarrollada en las mesas de trabajo establecidas tras el Baguazo

“Es necesario que el Estado renueve su compromiso con la consulta previa considerando que durante dicho periodo los acuerdos vinculados a megaproyectos no terminan de pasar del papel a la acción”, explicó Lizardo Cauper, presidente de la AIDESEP.

Pese a que el Perú es el primer país latinoamericano en contar con una ley de consulta previa y a la existencia de un marco legal que reafirma este derecho, la AIDESEP afirma que algunas poblaciones aún tienen dificultades para acceder a este derecho.

“Existen medidas restrictivas como la Decimoquinta Disposición Complementaria del Reglamento de la Ley de Consulta, que excluye de consulta previa a proyectos considerados como servicios públicos. Existe demasiado incumplimiento por parte del Estado”, indicó el presidente de la organización indígena

Uno de los casos es el de la federación ACODECOSPAT (Loreto), que debió presentar una acción de amparo en el 2013 para que aplicar la ley en el proyecto Hidrovía Amazónica. La acción recién fue implementada en el 2015 por la demanda judicial.

DEMANDAN CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS

La AIDESEP está a la espera de la aprobación de una Acción de Cumplimiento que implemente reglamentos para prevenir que alguna de las 424 comunidades nativas que participaron del proceso de consulta en el 2015 sean afectadas.

Fuente: RPP Noticias

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Foto: Archivo personal

El Dr. Martín Valdiviezo ofreció la charla «Differences between Western and Indigenous conceptions of justice» (Diferencias entre las concepciones de justicia occidentales e indígenas) ante estudiantes de Amherst College, Estados Unidos, el miércoles 6 de febrero.

En la charla, el Dr. Valdiviezo analizó los principios de justicia en las concepciones modernas liberales y en las concepciones amazónicas y andinas, y examinó el rol que estas concepciones tienen en los conflictos actuales entre las corporaciones extractivistas, el Estado peruano y los pueblos indígenas.

Finalmente, el Dr. Valdiviezo expuso algunos de los desafíos esta situación plantea a las políticas interculturales en lo educativo, jurídico, económico y político.

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Se debe priorizar el diálogo.

Áncash es la región con mayor cantidad de casos(17). Le siguen Apurímac, Cusco y Loreto con 14 casos cada uno. Callao solo registra un caso.

Necesidades básicas insatisfechas, la gestión de los recursos naturales, limitada participación en la vida pública de los grupos más vulnerables, violencia urbana, y la falta de mecanismos para plantear demandas han dado lugar al registro de más de 190 conflictos sociales en todo el Perú, en lo que va del 2018, sostiene Jorge Rodríguez Lava, docente de la Escuela de Posgrado de la Universidad Continental.

El académico agregó que los sectores de mayor incidencia de conflictos son los de minería, gestión de bienes y servicios públicos e hidrocarburos.

Rodríguez Lava especificó que, de los 196 conflictos a nivel nacional,29 casos aún se mantienen en el conflicto mismo, mientras que 62 están en situación de pre-conflicto y 105 en el periodo de post-conflicto, tal como se puede apreciar en un informe Secretaría de Gestión Social y Diálogo de la Presidencia del Consejo de Ministros publicado en octubre.

A nivel regional, la de mayor cantidad de casos de conflictos sociales registrados es Áncash con 17 casos. Le siguen Cusco, Loreto y Apurímac con 14 casos cada una; Puno con 13; y Ayacucho y Junín con 10 casos, respectivamente.

En San Martín y Arequipa se han registrado 9 casos en cada ciudad; 8 en Cajamarca; 6 en Piura, mientras que Lima, Selva Central, Amazonas y Tacna han ocurrido 5 casos. Por su parte, Huancavelica, Ica y Pasco han presentado 4 casos cada una; Madre de Dios y Ucayali han registrado 3 casos cada una; La Libertad, Moquegua, Lambayeque y Huánuco solo 2 casos por región; y Callao un caso registrado.

Además, la suma nacional también considera los casos multiregionales que llegan a 9, y los casos nacionales que suman 16.

Respecto a los rubros, el académico indicó que minería es el sector donde se ha registrado la mayor cantidad de conflictos sociales, sumando 81. Le siguen gestión de bienes y servicios públicos con 23, hidrocarburos, 19;infraestructura e hídricos, 15; y otras actividades, 43.

Finalmente, Rodríguez Lava señaló que para prevenir un conflicto social se debe generar confianza entre los actores sociales, aclarando malentendidos y prejuicios; igualmente, incluir a todos, sin olvidar tampoco la perspectiva intercultural; y, también, sería recomendable tener a un facilitador o mediados que convoque a las partes.

Fuente: La República

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