Primeras Jornadas de Derecho de Aguas

Primeras Jornadas de Derecho de Aguas | PUCP

Fecha: 15 y 16 de agosto de 2013

Lugar: Auditorio de derecho. Campus PUCP

Ingreso: Inscripción en “Jornadas de Derecho de Aguas”

El Perú es un país de paradojas. La situación y el manejo del agua no escapan a esta regla. Aunque tiene una oferta hídrica privilegiada, que lo ubica dentro de los 20 países más ricos del mundo,[1] todo indica que hacia el año 2025 los peruanos experimentaremos un severo estrés hídrico junto a países tan diferentes como Eritrea, Irán, Somalia o Sudáfrica.[2] Más allá de la notable descompensación demográfica, que se grafica en tener al 65% de la población en la costa, la que solo dispone del 2% de los recursos hídricos,[3] la propia gestión del recurso es inadecuada e ineficiente.[4] Esta nos ha conducido a la sobreexplotación insostenible de algunos acuíferos (i.e., Ica, Tacna, Lambayeque), a la contaminación creciente de cuencas enteras (i.e., Mantaro, Rímac, Santa) y a la conflictividad abierta por usos incompatibles, trátese de conflictos interregionales (i.e., Arequipa-Cuzco, Ica-Huancavelica, Ancash-La Libertad) o intersectoriales (i.e., agricultura-minería).

Frente a esta crisis de gestión, el Estado peruano despliega un enorme esfuerzo institucional y normativo que se traduce, por ejemplo, en la creación de la Autoridad Nacional del Agua (2008), la promulgación de la nueva Ley de Recursos Hídricos (2009) y la adopción del paradigma de la gestión integrada del agua (GIA).[5] El objetivo, al año 2025, es evitar el escenario de “Agua para Pocos” y lograr el de “Agua para Todos”.[6] Para alcanzarlo, la nueva política de gestión integrada del agua pretende desterrar las visiones sectoriales y postula que “el agua es un recurso finito, vulnerable y esencial que debe ser manejado de manera integrada” y participativa debido a su valor multidimensional (sociocultural, económico y ambiental).[7]

En la actualidad, los discursos sobre la gestión integrada del agua ya están asentados en el vocabulario de usuarios, profesionales, académicos y funcionarios, muchos de ellos preocupados por la dramática situación de nuestras cuencas. Es más, se asume como una receta tecno-científica que nos permitirá mejorar el manejo de los recursos hídricos, superar la fragmentación institucional, fomentar la participación de los usuarios en la gestión y, finalmente, espantar el fantasma del estrés hídrico.

Lo que no ha sido debidamente sopesado es el papel constitutivo del Derecho en la formulación, estructuración y vigencia de los modelos de gestión del agua, sean estos sectoriales o integrados. Es más, el desarrollo de las herramientas jurídicas e institucionales para plasmar social e hidrográficamente los discursos y políticas sobre la gestión integrada del agua es todavía incipiente.

Por eso, las Primeras Jornadas de Derecho de Aguas, que se celebrarán en Lima entre el 15 y 16 de agosto de 2013, tienen como objetivos analizar el papel del Derecho en la problemática de la gestión del agua en el Perú y contribuir al debate sobre la implementación de la GIA y la regulación e institucionalidad del agua. Dada la complejidad de los problemas y planteamientos, y de la propia naturaleza del agua, los participantes emplearán enfoques jurídicos, interdisciplinarios y comparados para presentar y debatir sus contribuciones. Finalmente, recogiendo los aportes del neoconstitucionalismo[8] y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, se discutirá sobre la necesidad de incorporar el enfoque de derechos[9] a la gestión del agua y a la propia disciplina del Derecho de Aguas.

Para alcanzar estos objetivos y garantizar un tratamiento riguroso de una problemática tan compleja como la del agua y su regulación, las Jornadas se dividirán en 8 paneles temáticos:

  1. Cambio climático, crisis hídrica y derechos de agua
  2. Políticas públicas, institucionalidad y gestión (des)integrada del agua
  3. Organizaciones de usuarios y autogestión del agua
  4. Derechos indígenas y campesinos frente a la gestión oficial del agua
  5. Energía hidroeléctrica, medio ambiente y comunidades locales
  6. Conflictos intersectoriales y regionales por el agua
  7. Agua potable y saneamiento urbano y rural
  8. El derecho humano al agua, eficiencia y sostenibilidad

Bibliografía

  • Castillo del, Laureano y Jeroen Vos.   (2009)   “El agua en el mundo y los conceptos básicos de su gestión”. El agua ante nuevos desafíos. Actores e iniciativas en Ecuador, Perú y Bolivia, María Teresa Oré, coordinadora, pp. 31-42. Lima: Instituto de Estudios Peruanos, OXFAM Internacional.
  • CM.   (2012)   Informe de la Comisión Multisectorial: Ejes estratégicos de la gestión ambiental. Lima: Comisión Multisectorial creada por Resolución Suprema No. 189-2012-PCM.
  • CTM, Comisión Técnica Multisectorial.   (2009)   Política y Estrategia de Recursos Hídricos del Perú. Lima: Autoridad Nacional del Agua.
  • ICWE, International Conference on Water and the Environment.   (1992)  The Dublin Statement on Water and Sustainable Development. Dublin: ICWE http://www.gdrc.org/uem/water/dublin-statement.html [consulta: 28-3-2013]
  • Zaag van der, Pieter.   (2008)   “Introducción a la gestión integrada de los recursos hídricos”. Curso de formación en gestión integrada de los recursos hídricos. Módulo 1: Gestión integrada de los recursos hídricos, Patricia Urteaga Crovetto (responsable de la edición), pp. 9-30. Lima: Wageningen University, IHE-UNESCO, IPROGA.

[1]“El Perú, país privilegiado por su oferta hídrica, dispone de un volumen anual promedio de 2’046,287 MMC de agua, ubicándose entre los 20 países más ricos del mundo con 72,510 metros cúbicos/habitante/año” (CTM 2009: 1). Se estima que “posee el 4.6% del agua superficial planetaria” (CM 2012: 21).
[2]“La División de Población de Naciones Unidas calcula que, para el año 2025, alrededor de 1,700 millones de personas sufrirán escasez de agua. A países como Eritrea, Etiopía, Irán, Kenia, Malaui, Marruecos, Somalia y Sudáfrica se sumarán otros treinta que experimentarán un severo estrés hídrico, entre ellos el Perú” (Del Castillo y Vos 2009: 34). Por supuesto que algunas zonas urbanas y rurales del país ya padecen esta situación.
[3]“Su orografía define tres vertientes hidrográficas que desequilibran su distribución espacial, concentrando el 97.7% del volumen en la vertiente del Atlántico, en donde se asienta el 30% de la población que produce el 17.6% del PBI; el 0.5% se encuentra en la vertiente del Titicaca, en donde se asienta el 5% de la población y produce el 2% del PBI y; el 1.8% restante se encuentra en la vertiente del Pacífico, en donde paradójicamente se concentra el 65% de la población que produce el 80.4% del PBI” (CTM 2009: 1).
[4] Por ejemplo, “en la costa se arroja al mar el 53% del agua, mientras que el 47% restante se utiliza con una eficiencia de apenas entre 25 y 40%” (CM 2012: 21).
[5] Al optar por este, el Perú se ha sumado a la tendencia internacional (1990-) que procura superar los dos últimos paradigmas dominantes en la gestión del agua, el de la “misión hidráulica” (1960-1970) y el de la gestión “racional” (1980-1990) (van der Zaag 2008: 23-26).
[6] Ver la Política y Estrategia de Recursos Hídricos (CTM 2009: 41 et seq.).
[7] Primer principio de la influyente Declaración de Dublín sobre el Agua y el Desarrollo Sostenible (ICWE 1992) y Ley de Recursos Hídricos No. 29338.
[8] El neoconstitucionalismo postula, en contraposición a las teorías positivistas del Derecho que privilegiaban el valor de la ley, la supremacía jurídica y la fuerza normativa directa de la Constitución. La razón es que el texto constitucional contiene los valores jurídicos supremos, los derechos fundamentales y la organización democrática de los poderes públicos que deben concretarlos. El Estado peruano, por ejemplo, se proclama un Estado Constitucional de Derecho, por lo que sus normas y jurisprudencia deberían asegurar la protección de los derechos fundamentales.
[9] El enfoque de derechos, o Human Rights Based Approach (HRBA), propone una visión de la persona no como usuaria de servicios públicos (vínculo más bien económico, similar al de una relación privada), sino como un sujeto a quien el Estado debe garantizarle sus derechos fundamentales. Con este enfoque se evalúan las normas y políticas públicas para determinar si se ajustan a los estándares internacionales de protección y garantía de los derechos humanos.

 

 

Mayor Información en: http://jornada.pucp.edu.pe/derecho-de-aguas/

 

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